Organizaciones y profesionales médicos temen que la anulación de una sentencia histórica dispare los abortos clandestinos en un país donde cada año mueren 2.600 mujeres por procedimientos inseguros.
NAIROBI. Las alarmas se han encendido en Kenia tras un reciente fallo del Tribunal de Apelación que amenaza con hacer retroceder los derechos reproductivos de las mujeres. La decisión judicial anuló una sentencia histórica de 2022 que reconocía la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental de las kenianas y protegía a los médicos de ser procesados penalmente si actuaban de buena fe.
Activistas y personal sanitario denuncian que este dictamen siembra el miedo y la confusión, abriendo la puerta a detenciones arbitrarias y a un posible incremento de los abortos clandestinos. La situación es crítica en una nación donde el 14% de los embarazos termina en abortos inseguros.
Un laberinto legal con antecedentes polémicos
Aunque la Constitución de Kenia sigue permitiendo el aborto en casos de emergencia médica o cuando la vida de la madre corre peligro, la práctica se enfrenta a un estigma arraigado y a constantes vacíos legales.
El origen de la actual disputa judicial se remonta a 2019, cuando una adolescente de 16 años y el médico que la atendió por complicaciones de un aborto espontáneo fueron detenidos. En 2022, un tribunal declaró ilegal dicho proceso, consagró el aborto como un derecho fundamental y exigió al Parlamento regular el servicio. Sin embargo, tras una demanda interpuesta por una asociación cristiana, el Tribunal de Apelación invalidó ese histórico avance, argumentando que el juez anterior erró al frenar la investigación policial.
“Esta no es una decisión jurídica, sino una carta de triunfo contraria a los derechos de las mujeres”, afirmó Martin Onyango, asesor jurídico del Center for Reproductive Rights (CRR), organización que ya anunció que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.
Médicos bajo acoso y el temor de las pacientes
Para médicos como el doctor Samson Mwita, quien lleva más de dos décadas garantizando abortos seguros en los suburbios de Nairobi, este veredicto representa un grave obstáculo. Mwita, que ha sido detenido en cinco ocasiones a lo largo de su carrera por ejercer su labor, explica que ahora debe extremar precauciones, dedicando horas a rellenar historiales clínicos exhaustivos que protejan legalmente tanto a él como a sus pacientes.
Por su parte, Erick Mundia, abogado de la Alianza por la Justicia Reproductiva, señaló que decenas de clínicas han solicitado asesoría legal por temor a que prestar el servicio arruine su reputación o les acarree costosos juicios. Además, la desconfianza crece entre las pacientes, quienes temen firmar consentimientos o dar sus nombres reales.
Las mujeres toman las calles: “Dejen de hablar en nuestro nombre”
La respuesta social no se hizo esperar. El movimiento Women Collective Kenya lideró multitudinarias manifestaciones frente al Ministerio de Sanidad en Nairobi para exigir protección para las pacientes y el personal médico.
Ruth Mumbi, directora del colectivo, advirtió que la sentencia expone a mujeres y niñas a morir por causas evitables. En la marcha, manifestantes como Veronicah Wanjiru exigieron que el Gobierno revise la medida e involucre a las afectadas: “Necesitamos que los hombres dejen de hablar en nuestro nombre”, sentenció.
El fallo llega en un momento de vulnerabilidad sanitaria en Kenia, marcado por la escasez de métodos anticonceptivos debido al recorte de fondos internacionales y un preocupante aumento del 14,6% en los embarazos de niñas de entre 10 y 14 años registrado el año pasado.
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