La Asamblea Nacional (AN) instó al Ejecutivo a considerar una revisión de las relaciones comerciales con empresas europeas, tras la inclusión de Venezuela en una lista de jurisdicciones con riesgo en materia de “blanqueo de capitales y financiación de violencia”. Además, el Parlamento cuestionó los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar esta clasificación.
El pasado jueves 10 de julio, la AN solicitó al Gobierno Nacional evaluar la conveniencia de revisar los vínculos comerciales con compañías de países miembros de la Unión Europea (UE), luego de que Venezuela fuera incluida en una lista que la considera de “alto riesgo” en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según informó EFE.
“Solicitamos al Ejecutivo Nacional que, en un plazo razonable, analice la pertinencia de mantener relaciones comerciales con empresas europeas que operan en el territorio venezolano”, señala el acuerdo aprobado por el Parlamento.
Durante el debate, varios diputados expresaron dudas sobre la Unión Europea, señalando posibles inconsistencias en los criterios empleados para la elaboración de esta lista. También se hicieron observaciones sobre el papel de algunas entidades financieras europeas en actividades ilícitas a nivel mundial.
La lista de la UE, diferente a la elaborada por el Consejo Europeo sobre paraísos fiscales, se basa en evaluaciones técnicas para determinar si las jurisdicciones cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Además de Venezuela, fueron incluidos recientemente países como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la inclusión de Venezuela carece de un fundamento objetivo y consideró que el país fue evaluado con criterios que no reflejan la realidad nacional. Rodríguez enfatizó que Venezuela seguirá defendiendo su soberanía y su derecho a mantener relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo.
Por su parte, el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento, señaló que la decisión de la UE forma parte de una política internacional que merece ser revisada, y resaltó la importancia de promover un diálogo más equilibrado con los bloques regionales.
La Asamblea Nacional reiteró su rechazo a esta medida y manifestó su disposición para fomentar espacios de cooperación y entendimiento con todos los actores internacionales, siempre bajo principios de equidad y reciprocidad.
Deja una respuesta