El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este sábado la constitucionalidad del decreto de estado de emergencia económica que Nicolás Maduro firmó. El decreto, que la Asamblea Nacional (AN), controlada por el chavismo, aprobó el jueves, autorizó a Maduro a “dictar regulaciones excepcionales y transitorias para estabilizar la economía, suspender la aplicación y cobro de tributos”, así como a “establecer mecanismos para combatir la evasión fiscal y favorecer la producción nacional”.
A través de una publicación en Instagram, el máximo tribunal informó sobre la decisión que su Sala Constitucional dictó respecto al decreto que declaró el «estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de 60 días». Asimismo, el TSJ ordenó la publicación de la sentencia en la Gaceta Oficial y Judicial, al igual que en su página web.
El decreto, que la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, previamente presentó, busca, según su explicación, ser una «acción de prevención para garantizar, defender y acompañar la producción» venezolana ante la incertidumbre generada por la política arancelaria de Estados Unidos, que impuso una tasa del 15% al país. Rodríguez afirmó que esta política estadounidense, calificada como una «guerra comercial global sin precedentes», está «destinada al fracaso».
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, rechazó el decreto, argumentando que Maduro buscó concentrar «aún más poder» con una medida que, a su juicio, abrió la puerta a «abusos y discrecionalidad». El decreto tiene una vigencia de 60 días y es prorrogable por un periodo igual.
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