El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha despejado las dudas sobre el futuro inmediato de Venezuela tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro: no habrá elecciones a corto plazo. En una entrevista exclusiva con la cadena NBC, Trump confirmó que su administración asumirá la tutela del país sudamericano por un periodo estimado de 18 meses. El objetivo central de esta intervención directa será la reconstrucción de la industria petrolera venezolana antes de plantear cualquier escenario de normalización democrática.
La confirmación llega apenas dos días después de la denominada “Operación Resolución Absoluta”, mediante la cual fuerzas estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una base militar de Caracas. Mientras el líder chavista ya comparece ante tribunales federales en Nueva York enfrentando cargos por narcotráfico, la Casa Blanca ha comenzado a desplegar su plan de gestión. Trump fue enfático al señalar su autoridad total sobre el proceso, declarando sin ambages que él es quien está “al mando” de la situación en Venezuela.
La prioridad absoluta establecida por Washington es la reactivación del sector energético, motor económico de una nación que posee las mayores reservas de crudo del mundo. El mandatario republicano calcula que la restauración de la infraestructura petrolera requerirá inversiones multimillonarias y un plazo no menor a año y medio. Según el plan esbozado, serán las grandes compañías petroleras estadounidenses las que asuman el desembolso inicial, con la expectativa de recuperar la inversión a través de los ingresos generados por la propia producción.
Para supervisar esta compleja transición, Trump ha designado a un círculo de confianza compuesto por figuras de alto perfil de su gobierno, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y al vicepresidente J.D. Vance. Aunque este grupo de asesores coordinará las operaciones diarias y la estrategia de seguridad, el presidente insistió en que la responsabilidad última recae sobre su persona. Rubio, en particular, jugará un papel clave como enlace directo, aprovechando su fluidez en español y su experiencia en política latinoamericana.
En el ámbito político interno de Venezuela, la administración Trump ha optado por trabajar con Delcy Rodríguez como presidenta en funciones, descartando por el momento transferir el poder a la oposición tradicional liderada por María Corina Machado. A pesar de que Estados Unidos reconoce la victoria opositora en los comicios de 2024, Trump justificó su decisión alegando la necesidad de “arreglar el país primero”. Esta estrategia pragmática ha generado controversia, especialmente tras reportes que sugieren una decepción previa de Trump con la capacidad de maniobra de la oposición venezolana.
El presidente estadounidense también aprovechó la entrevista para lanzar una advertencia directa a la actual administración interina en Caracas: cualquier desviación de las directrices de Washington podría desencadenar represalias severas, incluso superiores a las sufridas bajo el chavismo. Trump no descartó nuevas incursiones militares si la situación lo amerita, aunque matizó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela como nación, sino en un conflicto abierto contra los cárteles de droga y las estructuras criminales que operaban desde el Estado.
En el frente doméstico, la operación ha reavivado el debate sobre los poderes de guerra del presidente, dado que no se solicitó autorización previa al Congreso para la intervención. Mientras críticos demócratas y algunos republicanos cuestionan la legalidad del movimiento, Trump asegura contar con el respaldo legislativo necesario y el apoyo incondicional de su base de votantes (el movimiento MAGA). La Casa Blanca defiende la acción calificándola no como una guerra, sino como una operación policial a gran escala contra el narcotráfico internacional.
El escenario que se dibuja para Venezuela es inédito: un país bajo administración de facto de una potencia extranjera, con su soberanía suspendida temporalmente en pos de la estabilización económica y energética. Con Maduro fuera del juego y la oposición relegada a un segundo plano, el futuro de la nación caribeña dependerá, durante los próximos dos años, de las decisiones que se tomen en el Despacho Oval y de la eficacia con la que se ejecute este ambicioso y polémico plan de reconstrucción tutelada.
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