Amnistía Internacional (AI) advirtió este jueves de un aumento de la violencia y la represión estatal en Nicaragua, a pesar de los esfuerzos realizados por la sociedad civil en el marco del diálogo nacional, con el que se espera superar una crisis que se ha cobrado la vida de cerca de 200 personas.
“Nicaragua se encuentra sumida en un continuo ciclo de violencia”, alertó AI en una declaración, en la que observó que los llamados de organismos internacionales no han logrado detener “las graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes estatales y grupos afines” al Gobierno en este país centroamericano.
Ese organismo aseguró que ha seguido su labor de monitoreo y documentación de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, y ha podido “constatar la intensificación de la represión estatal y la violencia en las últimas semanas”.
Según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), el número de personas fallecidas asciende a más de 190, las cuales, en su mayoría, habrían sido a manos de la policía y grupos parapoliciales.
“El recrudecimiento de los ataques en contra de la población civil por parte de agentes del Gobierno nicaragüense y grupos parapoliciales que actúan con su aquiescencia en los últimos días demuestra la simulación y falta de compromiso por parte del presidente Daniel Ortega”, denunció Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
“El Gobierno nicaragüense no puede continuar haciendo llamados al diálogo mientras sigue cometiendo graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y no toma todas las medidas a su alcance para que la violencia cese”, continuó.
Asimismo, denunció que las privaciones ilegales de la libertad a manos de grupos de particulares se han incrementado, y se mantiene la práctica de detener arbitrariamente a personas en el marco de la protesta por parte de fuerzas de seguridad del Estado.
Se calcula que alrededor de 70 personas se encuentran actualmente detenidas en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
AI también llamó la atención sobre la muerte de una familia de seis personas, incluidos un bebé de ocho meses y una niña de dos años, calcinados el sábado pasado por un incendio provocado en su vivienda en Managua.
“Diversos testigos, incluso una sobreviviente, indicaron que el fuego fue iniciado por policías y grupos parapoliciales”, señaló.
Asimismo, ese organismo dijo que ha recibido denuncias sobre otras acciones inéditas como el sobrevuelo de avionetas en el municipio de Jinotepe (sureste) y barrios de Managua que habrían arrojado insecticidas tipo cipermetrina sobre manifestantes, que en humanos produce vómitos, mareos y vértigo.
“Amnistía Internacional considera que la estrategia estatal intencionalmente letal denunciada en su reciente informe Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua se ha agudizado”, apuntó.
El organismo instó al Gobierno de Ortega “ordenar de forma inmediata el cese a la represión, el apego irrestricto de la Policía Nacional y sus cuerpos antimotines a las normas internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza, así como el desmantelamiento de los grupos parapoliciales”.
Asimismo, llamó a la inmediata instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que investigue de forma exhaustiva los hechos de violencia y las graves violaciones a derechos humanos ocurridos en el país desde el 18 de abril.
Nicaragua cumplió este jueves 65 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de al menos 200 personas.
Las protestas contra Ortega y su esposa, Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Fuente: http://www.eluniversal.com/
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