El magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs seguirá detenido tras la decisión de un juez que rechazó, por segunda vez, su solicitud de libertad bajo fianza. El miércoles, el juez de distrito estadounidense Andrew L. Carter dictaminó que la oferta de 50 millones de dólares, junto con el monitoreo GPS y las restricciones propuestas por la defensa, no eran suficientes para garantizar la seguridad de la comunidad y la integridad del caso.
Carter, alineándose con los fiscales que argumentaron en contra de la liberación de Combs, afirmó que “ninguna condición o conjunto de condiciones” podría proteger a los testigos del caso, quienes podrían estar en riesgo de intimidación o daño.
Combs, de 54 años, enfrenta cargos de tráfico sexual, con detalles que lo vinculan a abusos sexuales cometidos durante años. El acusado, quien se declaró inocente, supuestamente utilizó su poder e influencia para coaccionar y abusar de mujeres y trabajadores sexuales, según la acusación formal. El documento describe los llamados “Freak Offs”, eventos organizados por Combs que involucraban abuso sexual bajo los efectos de drogas y que, en ocasiones, duraban varios días.
El abogado defensor de Combs, Marc Agnifilo, argumentó enérgicamente por su liberación, prometiendo acudir al Tribunal de Apelaciones para revertir la decisión. A pesar de sus esfuerzos, Combs continuará detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una instalación conocida por sus duras condiciones.
La fiscal Emily Johnson subrayó la gravedad del caso, señalando que Combs tiene un largo historial de intimidación tanto a víctimas como a testigos, incluyendo amenazas para evitar que hablen sobre los crímenes. Asimismo, mencionó videos y mensajes de texto que respaldan las acusaciones de abuso y chantaje.
La defensa también solicitó el traslado de Combs a una prisión en Nueva Jersey, alegando las malas condiciones en la actual instalación donde se encuentra. Sin embargo, el juez indicó que cualquier solicitud al respecto debería ser formalizada por escrito.
Combs enfrenta múltiples cargos graves que podrían resultar en una pena mínima de 15 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua.
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