El martes 29 de marzo, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, instrumento con el que se plantea ampliar el número de magistrados de la Sala Constitucional de esa institución de siete miembros a 15.
La diputada Delsa Solórzano (MUD) refirió que es una reforma parecida a la que se aprobó en 2004, cuando se aumentó el número de magistrados de 20 a 32.
Solórzano afirmó que la propuesta actual es incluir ocho magistrados más en la Sala Constitucional y que el objetivo “es que haya justicia”. “El TSJ en la actualidad es el bufete personal de Nicolás Maduro; eso no lo podemos seguir permitiendo”, aseveró.
Al respecto, la diputada Tania Díaz (Bloque de la Patria) dijo que la Constitución es clara “en el tema de la colaboración y control entre los poderes”. Comentó que la AN pretende imponer esta reforma, sin consultarla, “sin ponerse de acuerdo con el objeto de la ley que es el TSJ, y ampliar el número de magistrados para tener un control político de esa sala”.
Para Díaz, es claro que la ley será aprobada, pues la oposición tiene la mayoría parlamentaria para hacerlo; sin embargo, recordó que las leyes tienen que ser promulgadas por el Presidente de la República, quien “tiene el derecho constitucional de consultar a los demás poderes y enviar correcciones a la Asamblea”.
“Se aprobará la ley cuando sea constitucional y ampare los derechos establecidos en la Carta Magna que rige a toda la sociedad”, expresó la diputada.
Omar Mora Díaz, ex presidente del TSJ, señaló que con base en la Constitución, la iniciativa legislativa correspondiente a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo el máximo tribunal, “corresponde única y exclusivamente al TSJ”.
Sobre ese tema, el abogado José Ignacio Hernández publicó en Prodavinci.com que, efectivamente, la iniciativa legislativa en ese caso le corresponde al TSJ, “pero ello no supone que la Asamblea Nacional está impedida de legislar en esas materias sin la previa iniciativa del Tribunal”.
Hernández justificó el aumento del número de integrantes de la sala. En su blog, puede leerse que “la amplitud de sus competencias justifica contar con un número elevado de magistrados que aseguren no solo la celeridad en la toma de decisiones, sino que además permitan interpretaciones más plurales sobre la Constitución”.
Agregó que el aumento del número de magistrados no afectaría la autonomía del máximo tribunal del país, pues la AN “se ajustará a la Constitución para la designación de los ocho nuevos magistrados”.
Sin embargo, para Mora Díaz, el número de 32 magistrados “es más que suficiente” e insistió en que querer aumentar ese número es “a todas luces un fraude constitucional”, pues en su opinión, el propósito detrás de esa reforma es “tener el control de la constitucionalidad de todas las leyes y de todos los actos de los poderes públicos”.
Sentenció que “se está desarrollando un golpe de Estado constitucional en contra de los poderes públicos del país”.
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