El “Koki” es el nombre más visible de los líderes de la banda de la Cota 905, una barriada en el oeste de Caracas.
criminales buscan impedir que los policías entren a las barriadas que controlan.
Por otros dos líderes de la Cota 905, “El Galvis” y “El Vampi”, también se ofrecen recompensas de 500.000 dólares.
Venezuela, afectada por una crisis sin precedentes desde hace ocho años, es uno de los países más violentos del mundo, con bandas organizadas que actúan sobre todo en barrios populares.
Estas sumas astronómicas denominadas en dólares, la moneda de facto en una economía donde la moneda local, el bolívar, perdió su valor por la hiperinflación, generó burlas en redes sociales.
Las heridas provocadas en un enfrentamiento con la policía al “Loco Leo”, como se conoce al líder de la banda El 70 que maneja la zona de El Valle, desató el poder de fuego de la megabanda liderada por Carlos Luis Revete, alias “el Coqui/Koki”, que mantiene el control en la Cota 905 y los alrededores al aliarse con otras organizaciones criminales y extender sus actividades delictivas en gran parte del oeste de Caracas y el estado Miranda.
Desde la tarde del 7 de julio y hasta el mediodía del jueves 8, la balacera ha dejado cinco muertos y al menos 15 heridos, según reportes de medios de comunicación. Las autoridades venezolanas, en voz de la ministra de Interior Carmen Meléndez, anunciaron un nuevo operativo de seguridad que se extiende a cinco parroquias de Caracas (La Vega, San Juan, Santa Rosalía, El Paraíso y El Valle) para “rescatar el control absoluto” de estas zonas.
Los últimos enfrentamientos entre cuerpos policiales y bandas armadas ocurrieron en La Vega desde el 12 al 14 de junio, para atrapar a alias “el Mayeya”, que se habría aliado con la megabanda de la Cota 905 desde diciembre de 2020. Juntos sumaron 16 horas.
El último tiroteo que inició en la Cota 905 y se extendió a El Valle, El Cementerio, El Paraíso y Quinta Crespo ya lleva más de 18 horas de balas de calibres medio y alto, algunos presumiblemente de FAL, todos por parte de “el Coqui”, Garbis Ochoa, conocido como “el Garbis”, y Carlos Alfredo Calderón Martínez, apodado “el Vampi”.
Con altavoz en mano y golpeando las puertas de las casas en la mañana del jueves 8, los delincuentes de la Cota 905 anunciaban que “nadie entra, nadie sale. Todo el mundo encerrado y quieto”.
Desbordados los precedentes delictivos
“Dormimos hasta las cuatro de la mañana que volvieron a comenzar los tiros y explosiones (…) A la policía siempre le decían que se retiraran y dejaran a los chicos malos tranquilos, pero ahora sí quieren meterse después que fue el mismo Gobierno quien los armó, exponiendo a muchos que somos inocentes”, afirma María.
Cota 905
Sobre los rumores de que estas bandas criminales tienen alianzas con altos funcionarios del gobierno para actuar impunemente, el abogado Luis Izquiel, experto en temas de seguridad ciudadana, expone que esos comentarios “fueron reforzados por cosas como las zonas de paz donde se le entregaron territorios a bandas con el cuento de que iban a entregar las armas y se iba a pacificar; pero no lo hicieron. Es una acción del gobierno que terminó beneficiando a la banda”.
Los ataques de estas bandas organizadas contra los funcionarios de seguridad datan de años y las autoridades no han actuado, lo que lleva a que la población se pregunte ¿por ahora sí actuarán?
Izquiel considera que la actuación de estos grupos delincuenciales tras lo sucedido los días 7 y 8 de julio “ha desbordado cualquier precedente del accionar delictivo”, y añade que “si hubo algún pacto debe estar roto porque en esta oportunidad se atacó a la policía política de El Helicoide y subdelegaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Quinta Crespo y El Paraíso”.
Sin embargo, el criminólogo cree que si estas actuaciones delincuenciales quedan impunes y las autoridades no hacen nada “volverán a surgir las presunciones de que puede haber alianzas con el gobierno”.
¿Operativo sin planificación?
“Hay una especie de toque de queda hacia el oeste de la ciudad”, indica Luis Izquiel, quien detalla que los habitantes de La Vega, El Paraíso, la Cota 905, El Cementerio y zonas aledañas optaron por encerrarse en sus casas por miedo a ser víctima de una bala perdida y perder la vida.
El también abogado penalista sostiene que la situación de las bandas delincuenciales se viene generando y creciendo en el país desde hace 20 años y desestima que sea un problema que se pueda “resolver con una varita mágica, con una sola acción o con un solo operativo”.
Observen como delincuentes de la cota 905 secuestraron a una persona que iba manejando una camioneta pickup y también como intentaron secuestrar a otro al no poder acercarse le dispararon. Señores si saben como esta la situación por ese sector eviten la circulación del mismo. pic.twitter.com/Yf5H8200zL
Izquiel dice que una de las situaciones que más preocupa es que los funcionarios realicen un operativo en la Cota 905 “sin una verdadera planificación porque en oportunidades anteriores se ha puesto en peligro la vida de civiles inocentes”.
Recuerda que en el año 2015 se realizó una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) donde no se pudo capturar ni al Coqui/Koki ni a sus lugartenientes y luego hubo denuncias de asesinatos de personas inocentes”.
Niños desprotegidos por el Estado
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, dijo a TalCual que esta es una situación lamentable, “de violencia que ha ido en escalada frente a una postura del Estado que muchas veces resulta incomprensible”.
Destacó que han tenido reportes de vecinos de estas zonas, donde explican que los niños presentan miedo, ataques de ansiedad, preocupación.
“Recordemos que los niños y sus familias están en un contexto de cuarentena y aislamiento, con pocas oportunidades. Hay que tomar medidas para atender a los niños y sus familias en zonas de conflicto, y tener acceso a programas y servicios de atención psicosocial, que cualquier operativo de seguridad se ajuste a estándares internacionales y se proteja a la población civil, que es la más vulnerable”.
María tiene desde hace días a un sobrino en su casa en la Cota 905. El niño tiene síndrome de Down. La solución que encontraron fue encerrarlo en un cuarto de la casa, con el volumen de la televisión alta -para intentar bloquear el sonido de las balas- y sus juguetes.
En el último informe sobre salud mental en niños, niñas y adolescentes realizado por Cecodap, se registró un incremento hasta el 50% de alteraciones del estado de ánimo. terrores nocturnos, cuadros de ansiedad y depresivos, sentimientos de tristeza, rabia y frustración.
“Muchos de esos sentimientos vienen en función del contexto donde viven esos niños, que no solo suman la pandemia, el cierre de las escuelas, de la migración de sus seres queridos, y ahora deben sumarle estos enfrentamientos armados”, explica Trapani.
El desplazamiento interno producto de la violencia o en zonas de conflicto también son problemáticos para los menores de edad. El abogado señala que “todo desplazamiento implica un cambio, y para los niños, niñas y adolescentes cambia su entorno, sus relaciones interpersonales. Sobre todo ha generado un sentimiento de incertidumbre, y no hay nada que perjudique más la salud mental que la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, cuándo poder retomar una vida normal, porque hace muchos años, especialmente esas comunidades, dejaron de tener una vida normal al tener que cohabitar con bandas armadas y un Estado que hace intentos de obtener el control”.
Desde Cecodap piden proteger a la población civil, poder desarrollar programas y servicios especiales para medir el impacto y ofrecer apoyo adecuado a los niños, niñas y adolescentes; justicia para cualquier civil, especialmente niños, que hayan sido afectados por balas o alguna actuación policial o de grupos armados; y que el sistema de protección se active y priorice atención en estas zonas de conflicto.
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