El informe de la organización resalta que los tribunales con competencia en materia penal “no poseen atribuciones legales para suspender procesos electorales”.
Afirmó que las consecuencias de la suspensión del revocatorio serán responsabilidad del Gobierno de Maduro y de los Poderes Públicos “que han abandonado la independencia en su gestión”.
El texto señala que del nivel de la resistencia ciudadana depende la consolidación de lo que denominaron una “dictadura incipiente”, con la decisión del 20 de octubre de frenar el proceso que conduce al referendo revocatorio y no celebrar elecciones hasta tanto las circunstancias no les sean favorables.
Sostiene que la decisión del pasado 20 de octubre continúa profundizando la vulneración del estado de derecho que se inició el 13 de mayo de 2016 con la aprobación de un decreto de estado de excepción y emergencia económica, que fue calificado por un conjunto de organizaciones de derechos humanos del país como la ruptura del hilo constitucional.
La simple garantía del derecho al voto era todo lo que separaba al gobierno de Maduro de ser una dictadura en plena forma, situación que se ha terminado con la decisión de no permitir expresarse a la ciudadanía a través del sufragio, denuncia la ONG.
“El Ejecutivo Nacional, valiéndose de la erosionada institucionalidad y el control político que ejerce sobre el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral, ha obstruido el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, colocando al país en el umbral de una situación de alto riesgo, al estimular la confrontación violenta entre los venezolanos”. La dictadura tampoco lo es.
Estamos en presencia de regímenes dictatoriales adecuados a los nuevos tiempos, cooptando la independencia de las instituciones para darles un matiz de legitimidad legal al abuso, la arbitrariedad y la hegemonía del poder.
El gobierno venezolano se ha puesto al margen de la Carta Democrática Americana y del Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur.
– El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), indicó hoy que la suspensión de la fase restante para activar el Referendo Revocatorio en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, pone al país en un “alto riesgo” y alertó sobre el posible inicio de una etapa de persecución y hostigamiento. Para ello se deben articular todos los sectores teniendo la no-violencia como principio irrenunciable, rechazando las provocaciones de los entes estatales para desviarse de ese camino.
Fuente: http://itapunta.com/
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