El Instituto Casla, organización con sede en Praga dedicada a promover la democracia y los derechos humanos en América Latina, pidió ayer que las autoridades españolas abran una investigación formal de las torturas sufridas en 2014 por tres jóvenes con nacionalidad española a manos del régimen chavista de Venezuela.
Forman parte de la lista de más de 600 casos en unos 60 incidentes que ha recopilado esta institución en una denuncia que presentó el 27 de julio de 2016 ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya. En ella se detallan los métodos empleados en los últimos 17 años por parte de todos los organismos de seguridad del Estado para «castigar, intimidar y reprimir sistemáticamente a la población civil».
Con estas prácticas buscan, según el Instituto Casla, «conseguir testimonios falsos bajo tortura y usarlos para implicar a adversarios del gobierno en hechos ilícitos, mediante la ejecución del terror, al principio de forma selectiva, torturando a personas representativas del sector militar, del sector intelectual y político, para luego ser aplicadas de forma masiva, sin distinción de edad, sexo, condición física o mental, en niños, estudiantes, líderes juveniles, mujeres, hombres, personas de tercera edad e incapacitados.
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Uno de los españoles torturados es Juan Manuel Carrasco, que denunció haber sido violado por un agente de la Guardia Nacional Bolivariana con el cañón de un fusil tras su detención en 2014 en la ciudad de Valencia, capital del estado norteño de Carabobo.
Los otros dos hispanovenezolanos torturados, de los que la organización no quiso revelar la identidad, fueron detenidos en Caracas. Uno recibió descargas eléctricas en todo el cuerpo, además de diversos golpes y amenazas. Al otro lo rociaron con gasolina y le dijeron que lo quemarían vivo, lo golpearon con bates y las culatas de armas, y le cubrieron la cabeza con bolsas de plástico hasta perder el conocimiento, entre otras acciones.
En los tres casos los arrestos se produjeron en torno a las protestas que en febrero de 2014 acabaron con dos personas muertas y por las que se condenó a cerca de 14 años de prisión al líder opositor Leopoldo López, acusado de instigar la violencia desatada.
Con información de BBC de España
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