EFE
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), colectó en Caracas vivencias suficientes para realizar un informe sobre la situación venezolana, no solo sobre sus presos políticos, sino del escenario de crisis que, asegura, pudo observar, y que recibió por parte de varias ONGs.
La diputada Cecilia Britto, representante de Argentina, dijo este viernes, que a partir de agosto se conocerá el contenido de este informe después de que en una sesión especial de la Asamblea Nacional, la Comisión del Parlasur escuchara los reportes de diferentes activistas de derechos humanos del país.
Indicó que tras dos días de visita se lleva de Venezuela una “maleta llena de experiencias y vivencias visuales contundentes”, que le permitirán a la comisión elaborar un informe final sobre la situación de derechos humanos en el país.
La parlamentaria se comprometió a llevar la situación de crisis a otros organismos mediante este informe, en el que quedará constancia de lo que han podido observar durante su visita a Caracas.
Para la Comisión, que tenía previsto visitar en su agenda de viaje a Caracas a los presos políticos y que este jueves se vio impedida de hacerlo por funcionarios venezolanos, este fue un hecho que a su juicio demuestra que las autoridades tienen algo que ocultar.
Este viernes, en la sesión especial de la Asamblea venezolana los parlamentarios aseguraron haber sido testigos de las largas filas frente a los comercios del país de personas que querían adquirir alimentos.
El diputado Gustavo Penadés, de Uruguay, dijo que la Comisión percibió la preocupante situación humanitaria en las calles de Caracas, con relación al desabastecimiento de alimentos y de medicamentos. Apuntó que “en ese sentido hay que hablar de los derechos humanos, no de los presos, sino de toda la población”.
Subrayó que los estados que integran el Mercosur, deben cumplir con acuerdos internacionales y que Venezuela está incumpliendo las obligaciones como miembro del mecanismo, al no permitir que se pueda realizar con normalidad un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
A la sesión especial del Parlamento venezolano asistieron voceros de las organizaciones no gubernamentales Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida) y Foro Penal Venezolano (FPV), entre otras.
Inti Rodríguez, vocero de Provea, denunció que desde el inicio del plan contra la inseguridad que implantó el Gobierno de Nicolás Maduro hace un año, llamado Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) han aumentado los casos de ejecuciones policiales y atropellos por parte de policías contra personas de bajos recursos.
El portavoz de Provea dijo que esta ONG ha confirmado que durante un año de OLP más de 500 personas han sido asesinadas, 976 viviendas han sido demolidas de manera ilegal y 17 mil ciudadanos han sido detenidos ilegalmente. “Ningún operativo policial realizado en el pasado había violado tanto los DDHH como lo ha hecho la OLP”, dijo.
Asimismo, el presidente de FPV Alonso Medina Roa, dijo que desde que el actual jefe de Estado asumió el mando en abril de 2013 hasta junio de 2016, se reportan 96 ciudadanos privados de libertad por razones políticas, lo que representa 85 presos más que los que dejó su antecesor Hugo Chávez.
El portavoz de Codevida Feliciano Reyna, recordó que la Federación Farmacéutica de Venezuela reportó que el desabastecimiento de medicinas alcanzó, actualmente, 85 por ciento en todo el país.
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