En el siglo XXI la mujer ha tomado socialmente una figura primordial como sujeto de derecho, deslastrándose de subordinaciones y discriminaciones de la figura masculina dominante que la limitaba culturalmente a la figura doméstica. En este siglo la actuación de la mujer ha tenido un progreso participativo en el área social, educativo, político, laboral que genera en ella un gran desarrollo personal, siempre en la búsqueda de la reivindicación de sus derechos inspirada en los principios de igualdad y justicia social ante los hombres. Este avance fortalece la figura femenina cada vez más comprometida a la lucha, a la participación social activa evidenciando roles relevantes y significativos. Sin embargo, es en situaciones de violencia social, la mujer  quien es la víctima más vulnerable,  la que se encuentra más propensa a diversos tipos de agresión, esto conlleva a que la violencia de género se manifieste como un grave problema de salud pública  y de violación de los derechos humanos.

Caso Eva Leal

Eva Leal, abogada detenida el pasado 23 de  junio en el Puente Macuto de Barquisimeto, denunció este jueves el trato a la cual ha sido sometida la profesional del derecho.

Lucena denunció que a la jurista la trasladaron “a escondidas” al Edificio Nacional, además señala que a Leal la están “tratando como una terrorista”.

Según la prensa local, denuncian que Leal se negó a pagar dinero que supuestamente pedían militares para dejarle pasar en su auto por un puente, en medio de la cuarentena vigente por el nuevo coronavirus. Se dirigía, de acuerdo con esas versiones, de su trabajo a su casa, lo que produjo un altercado con los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La jurista debió recibir cinco puntos de sutura en la frente por una herida sufrida durante la “agresión”.

Ella no es el único caso, desde la llegada de Maduro al poder se intensificado las agresiones por parte de la GNB y otros organismos de seguridad del estado venezolano ,hacia los ciudadanos que solo ejercen su legitimo derecho a la protesta.

No solo el genero femenino el afectado, es sistemático la violación de los Derechos humanos y la falta de un sistema de justicia independiente.

Informes confirman lo ante expuesto.

Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra detenidos

En 53 casos que afectaron al menos a 232 personas que se documentaron en este informe, los detenidos fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos, con el aparente propósito de castigarlos u obligarlos a incriminarse o comprometer a otras personas. La mayoría de estos abusos ocurrieron en bases de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En algunos de estos casos, los abusos claramente constituyeron torturas.

 

Entre los abusos sufridos por personas detenidas se incluyen:

Descargas eléctricas;

Golpizas brutales;

Ser colgadas en posiciones incómodas y forzadas;

Privación del sueño;

Asfixia; y

Abuso sexual, que en algunos casos incluyó violación.

En otros casos, miembros de las fuerzas de seguridad han cometido abusos como detonar cartuchos de gases lacrimógenos en espacios cerrados donde había personas detenidas, mantener a grupos de detenidos por períodos prolongados en celdas de confinamiento minúsculas, y negarles acceso a alimentos o agua u obligarlos a comer pastas crudas mezcladas con excrementos u otros alimentos contaminados deliberadamente con cenizas de cigarrillos o insectos.

Agentes de seguridad han negado o no han brindado acceso a tratamiento médico a algunos detenidos que tenían problemas médicos preexistentes o sufrieron graves lesiones durante su arresto y posterior detención, como haber recibido disparos de perdigones desde muy corta distancia.

En este informe se describen en detalle siete casos de personas detenidas que fueron torturadas. Estos casos muestran el límite al que agentes de seguridad han tenido la posibilidad y la voluntad de llegar para castigar o intimidar a detenidos. El informe también incluye decenas de otros casos en los cuales se sometió a las víctimas a tratos crueles, degradantes e inhumanos mientras estuvieron detenidas, incluyendo algunos que podrían alcanzar el grado de tortura.

Detenciones y juicios arbitrarios

Desde principios de abril, más de 5.400 personas han sido detenidas en Venezuela en el contexto de manifestaciones multitudinarias contra el gobierno, según datos del Foro Penal.

Aunque entre los detenidos hubo manifestantes, transeúntes y personas que filmaban las manifestaciones —como había sucedido durante la represión de las protestas en 2014—, este año hubo un aumento en la cantidad de detenciones realizadas por agentes de inteligencia o de seguridad en incidentes sin ninguna relación con las protestas. En estos casos, los detenidos eran opositores políticos, incluidos activistas menos conocidos, o personas a quienes el gobierno les atribuía nexos con la oposición política. En algunos de estas detenciones por motivos políticos, los detenidos fueron sacados de sus viviendas o arrestados horas o días después de que ocurrieron manifestaciones, en incidentes que no tuvieron relación alguna con protestas.

 

En la mayoría de los casos de arrestos documentados por Human Rights Watch y el Foro Penal, los agentes que llevaron a cabo las detenciones pertenecían a la GNB, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o fuerzas de policías estatales. A menudo, no se informó a los detenidos sobre los motivos de su arresto, y a veces ni siquiera se les dijo qué autoridad estaba realizando la detención. En algunos casos, las detenciones fueron llevadas a cabo por miembros de pandillas armadas partidarias del gobierno llamadas “colectivos”, que luego entregaron a los detenidos a las fuerzas de seguridad.

 

En varios casos, los detenidos afirmaron que fueron trasladados en vehículos y aparcados en distintos sitios durante horas —una práctica que en Venezuela se conoce como “ruletear”— en vez de ser llevados directamente a un centro de detención o ante un juez. Durante ese lapso, habitualmente los miembros de las fuerzas de seguridad hostigaban y amenazaban a los detenidos, y a veces los introducían en tanquetas dentro de las cuales detonaban cartuchos de gas lacrimógeno, les frotaban polvo lacrimógeno en el rostro o les propinaban violentas golpizas. A veces, durante las detenciones, los agentes de seguridad y miembros de “colectivos” robaban a estas personas sus artículos personales, como dinero o teléfonos celulares.

 

Muchos detenidos fueron liberados sin ser llevados ante un juez, pero miles de otros fueron objeto de procesos penales arbitrarios sin las garantías más básicas al debido proceso. Además de quienes permanecen detenidos, el Foro Penal tiene registro de 3.900 personas que permanecen sujetas a procesos penales arbitrarios y a medidas provisionales que limitan de diferentes formas su libertad. Al menos 757 civiles fueron procesados en tribunales militares, en contravención a lo estipulado por el derecho internacional. Otros fueron llevados ante la justicia penal ordinaria para ser procesados sobre la base de pruebas que, según sostuvieron, les fueron sembradas para incriminarlos, y tampoco se les permitió el acceso adecuado a abogados o familiares. Decenas siguieron encarcelados por períodos de hasta varios meses, a pesar de que se había dictado una orden judicial que disponía su liberación incondicional o bajo fianza.

Uso excesivo de la fuerza en las calles

Durante el período analizado en este informe, las fuerzas de seguridad venezolanas —incluida la GNB, la PNB y fuerzas de policías estatales— recurrieron sistemáticamente a la fuerza excesiva para dispersar manifestaciones contra el gobierno, a menudo en situaciones en las cuales el uso de la fuerza no parecía estar justificado en absoluto. En ocasiones, los “colectivos” actuaron conjuntamente con las fuerzas de seguridad venezolanas para reprimir manifestaciones.

 

Las fuerzas de seguridad han empleado armas menos letales —como cañones de agua, gases lacrimógenos y perdigones— de formas que parecían tener el fin deliberado de causar lesiones dolorosas. En otros incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad utilizaron casquillos de balas de goma modificados que, en cambio, llevaban dentro canicas (metras), vidrios rotos o tuercas metálicas.

 

Esto ha tenido como resultado decenas de personas muertas y cientos de heridos, algunos de gravedad. Según el ACNUDH, de las 124 muertes registradas por el Ministerio Público que ocurrieron en el contexto de manifestaciones contra el gobierno hasta el 31 de julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad habrían sido responsables en al menos 46 casos, mientras que 27 muertes serían atribuibles a ‘colectivos’ y 51 no habían sido esclarecidas. Las últimas cifras publicadas por el Ministerio Público indican que, para fines de julio, estaba investigando casi 2.000 casos de personas heridas durante las protestas. En más de la mitad de esos casos, el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.

 

En muchos casos, los manifestantes o personas que las autoridades creían que estaban implicadas en protestas fueron sometidos por miembros de las fuerzas de seguridad o “colectivos” a niveles y formas de violencia que constituyen trato cruel, inhumano o degradante.

 

El gobierno venezolano afirma que 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de manifestaciones, e informó sobre varios episodios de violencia contra simpatizantes del gobierno, incluidos dos casos en los cuales las víctimas habrían presuntamente sido quemadas y uno en el cual se habría linchado a un militar retirado. Durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, algunos manifestantes utilizaron piedras, cócteles Molotov, fuegos artificiales modificados y utilizados como explosivos, morteros y otros explosivos de fabricación casera.

 

Todos los delitos —incluidos aquellos cometidos contra miembros de las fuerzas de seguridad, manifestantes y transeúntes— deben ser investigados rigurosamente, y aquellos contra quienes haya señalamientos creíbles de que cometieron delitos deberían ser juzgados por tribunales que no estén sometidos al control político del poder ejecutivo y se encuentren en condiciones de asegurar las garantías básicas al debido proceso.

 

Falta de rendición de cuentas y responsabilidad de altos funcionarios

Desde que en el 2004 el ex Presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional de entonces tomaron el control político del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el poder judicial ha dejado de actuar como rama independiente del Estado, como freno ante los abusos de poder por parte del ejecutivo y como garante de derechos fundamentales.

 

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, anteriormente leal al gobierno, empezó a distanciarse abiertamente de este a comienzos de 2017. Desde ese momento, y hasta que la Asamblea Nacional Constituyente oficialista la destituyó y la reemplazó con un partidario del gobierno en agosto, repudió abiertamente los abusos gubernamentales, incluso aquellos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y difundió información oficial basada en investigaciones realizadas por el Ministerio Público, incluyendo datos sobre las muertes y graves lesiones ocurridas en el contexto de manifestaciones.

 

A principios de agosto, el Ministerio de Comunicación indicó que Ortega Díaz había imputado a 54 miembros de las fuerzas de seguridad por su responsabilidad en 17 muertes[1]. En octubre, una representante del gobierno indicó que funcionarios públicos que fueron responsables de “malas prácticas” en 16 “casos aislados” habían sido puestos a disposición de la justicia, sin especificar cuáles eran los casos. La representante afirmó que en 16 casos presumían que había responsabilidad de agentes de seguridad del Estado, que había 25 funcionarios acusados y que 14 civiles habían sido acusados en otros casos. También manifestó que el 78 % de los casos todavía estaban siendo investigados[2].

 

En octubre, Human Rights Watch y el Foro Penal solicitaron al gobierno venezolano información actualizada sobre el estado de todas las investigaciones que estuvieran en curso, pero al momento de publicación de este documento no habían recibido una respuesta.

 

Salvo la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, que, al parecer, habría sido destituida por criticar abiertamente al gobierno, las altas autoridades no parecen haber adoptado medidas adecuadas para poner fin a los abusos o establecer responsabilidades penales, ni tampoco apoyaron públicamente los esfuerzos de Ortega Díaz para investigar abusos.

 

El gobierno venezolano tiene la obligación, conforme al derecho internacional, de prevenir violaciones graves de derechos humanos y de asegurar que sean investigadas y se haga justicia cuando estas violaciones sean cometidas. Los funcionarios gubernamentales que incurran en actos de tortura y otras violaciones graves, o que omitan prevenir, investigar y sancionar dichos actos pueden y deben responder por sus actos. Venezuela es Estado Parte en la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI tiene jurisdicción para juzgar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios, incluyendo cuando se cometen en el territorio de los Estados Partes.

 

Algunos de los altos funcionarios en puestos clave a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en abusos generalizados, que no han adoptado medidas adecuadas para prevenir, investigar o sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por sus subordinados, son los siguientes[3]:

 

El Presidente Nicolás Maduro, quien es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, incluidas la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar;

El Mayor General José Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana;

El General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas;

El Mayor General Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia;

El General Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana;

El Mayor General Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y

El General Edgar Rojas Borges, Fiscal General Militar.

Esta lista no es exhaustiva y no excluye a otros funcionarios que podrían ser responsables directos de violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, incluidos aquellos que las cometieron u otras personas que no tomaron medidas para impedirlas o sancionarlas.

 

Tras años de silencio, algunos actores internacionales clave han empezado a pronunciarse y a criticar abiertamente los abusos cometidos por el gobierno venezolano.

 

En 2016, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, invocando la Carta Democrática Interamericana, preparó una serie de informes exhaustivos sobre la crisis en Venezuela y convocó varias sesiones para debatir sobre el cumplimiento por el país de las disposiciones de la carta. En abril de 2017, citando la carta, 19 de los 35 Estados Miembros de la OEA manifestaron por primera vez “profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático” en Venezuela[4]. En varias reuniones posteriores, los ministros de Relaciones Exteriores de la región analizaron y criticaron abiertamente la situación de los derechos humanos en Venezuela.

 

En agosto, el “Grupo de Lima” —una coalición integrada por 11 gobiernos latinoamericanos y Canadá que sigue de cerca la situación en Venezuela— condenó la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Han realizado reuniones periódicas para evaluar la situación en el país y emitieron varias declaraciones desde entonces. Canadá y Estados Unidos han aplicado sanciones específicas dirigidas a funcionarios venezolanos clave, incluido el Presidente Nicolás Maduro. La Unión Europea impuso un embargo de armas contra Venezuela y sanciones específicas dirigidas a funcionarios venezolanos, incluyendo el congelamiento de sus bienes y la cancelación de visas.

 

En septiembre, Venezuela fue además uno de los temas prioritarios en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El ACNUDH presentó un informe sobre Venezuela, y muchos otros países manifestaron estar profundamente preocupados por la crisis humanitaria y de derechos humanos en ese país. En noviembre, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU organizaron una sesión especial para debatir sobre la crisis venezolana.

 

La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) documentó casos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contraintreligencia Militar (Dgcim).

En el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, publicado este jueves 4 de julio como resultado de su visita del 19 al 21 de junio, se señala que entre las agresiones físicas está arrastrarlas por el pelo, tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada, insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas y extraerles confesiones.

Mujeres y hombres detenidos fueron sometidos a una o varias formas de tortura para obtener información, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

Las autoridades venezolanas no han investigado, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia ni se ha proporcionado reparaciones a las víctimas. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones. Sin embargo, en el Ministerio Público (MP), se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019.

Detenidos arbitrariamente

Según datos de Foro Penal, 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019.

Hasta el 31 de mayo de 2019, 793 personas continuaban privadas de libertad de forma arbitraria, 1.437 personas habían sido liberadas y 8.598 excarceladas. Algunas de estas personas han dejado el país por miedo a ser detenidas otra vez. El Acnudh consideró que las detenciones arbitrarias se han utilizado como instrumento para intimidar y reprimir a cualquier expresión de disensión, al menos desde 2014.

La Acnudh documentó 135 casos de personas privadas de libertad arbitrariamente entre 2014 y 2019. Algunos de estos casos fueron desapariciones forzosas hasta que las autoridades revelaron su paradero. Sobre las condiciones de las detenciones, éstas no cumplen las reglas internacionales sobre tratamiento humanos a los reclusos. Están superpoblados y son insalubres.

En el caso específico de la sede del Sebin en El Helicoide, no está adaptado a los estándares específicos de género. Sólo hay una celda asignada a mujeres, superpoblada y vigilada principalmente por hombres.

“Los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por “privilegios” y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y que, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas”, explica el informe.

Operaciones de Liberación del Pueblo

Las personas entrevistas por la Acnudh se refirieron a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como “escuadrón de la muerte” o “grupo de exterminio”. La Acnudh entrevistó a familiares de 20 hombres jóvenes asesinados por las Faes e identificó un modus operandi similar.

Los funcionarios irrumpen en los hogares, toman sus pertenencias, ejercen violencia de género contra mujeres y niñas y separan a los jóvenes de sus familias antes de dispararles. Luego manipulan la escena del crimen y las pruebas. Plantan armas, drogas y disparan contra las pareces o al aire para simular enfrentamientos.

Las autoridades venezolanas califican las muertes como “resistencia a la autoridad“. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, mientras que el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) registró al menos 7.523 muertes violentas de esa categoría.

Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por “resistencia a la autoridad”. El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019. La información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.

 

Manifestaron su preocupación por la posible utilización de las Faes y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo en la sociedad y mantener el control.

Cuerpos de seguridad culpables

El informe de Bachelet advirtió que el decreto de “Estado de excepción” declarado el 13 de mayo de 2016 otorga amplias facultades, vagas y discrecionales al poder Ejecutivo para preservar el orden interno. A juicio de la Acnudh, estas políticas implican un aumento de la militarización de las instituciones del Estado e incluyen a la población en tareas de defensa e inteligencia.

La GNB y la PNB son responsables del uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones “al menos desde 2014”, sobre el Sebin y la Dgcim pesan las detenciones arbitrarias y tortura a la disidencia y sus familiares. Los colectivos contribuyen en este sistema.

Ante esta situación, la Fiscalía General, los jueces y la Defensoría del Pueblo, “generalmente” no investiga las violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por las autoridades del Estado.

Represión en protestas

La gestión de Nicolás Maduro y las ONG tiene datos distintos. Según el Gobierno, en 2017 ocurrieron 12.913 manifestaciones, 7.563 en 2018 y 3.251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2019.

En la revisión del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (Ovvs), se produjeron 9.787 manifestaciones en 2017, 12.715 en 2018 y 9.715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019. En 2019, las fuerzas de seguridad no hicieron un uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones, señala el informe.

 

En algunas protestas políticas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la PNB, las Faes y algunas policías estatales y municipales hicieron uso excesivo de la fuerza de manera deliberada.

Según el Gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018 y 29 personas murieron entre enero y mayo de este año. Sin embargo, Ovcs registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y el Acnudh reportó 66 muertes entre enero y mayo 2019. Muchos manifestantes fueron detenidos arbitrariamente, maltratados o torturados o allanaron ilegalmente sus domicilios.

 

En el siglo XXI la mujer ha tomado socialmente una figura primordial como sujeto de derecho, deslastrándose de subordinaciones y discriminaciones de la figura masculina dominante que la limitaba culturalmente a la figura doméstica. En este siglo la actuación de la mujer ha tenido un progreso participativo en el área social, educativo, político, laboral que genera en ella un gran desarrollo personal, siempre en la búsqueda de la reivindicación de sus derechos inspirada en los principios de igualdad y justicia social ante los hombres. Este avance fortalece la figura femenina cada vez más comprometida a la lucha, a la participación social activa evidenciando roles relevantes y significativos. Sin embargo, es en situaciones de violencia social, la mujer  quien es la víctima más vulnerable,  la que se encuentra más propensa a diversos tipos de agresión, esto conlleva a que la violencia de género se manifieste como un grave problema de salud pública  y de violación de los derechos humanos.

 

 

Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra detenidos

En 53 casos que afectaron al menos a 232 personas que se documentaron en este informe, los detenidos fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos, con el aparente propósito de castigarlos u obligarlos a incriminarse o comprometer a otras personas. La mayoría de estos abusos ocurrieron en bases de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En algunos de estos casos, los abusos claramente constituyeron torturas.

 

Entre los abusos sufridos por personas detenidas se incluyen:

 

Descargas eléctricas;

Golpizas brutales;

Ser colgadas en posiciones incómodas y forzadas;

Privación del sueño;

Asfixia; y

Abuso sexual, que en algunos casos incluyó violación.

En otros casos, miembros de las fuerzas de seguridad han cometido abusos como detonar cartuchos de gases lacrimógenos en espacios cerrados donde había personas detenidas, mantener a grupos de detenidos por períodos prolongados en celdas de confinamiento minúsculas, y negarles acceso a alimentos o agua u obligarlos a comer pastas crudas mezcladas con excrementos u otros alimentos contaminados deliberadamente con cenizas de cigarrillos o insectos.

 

Agentes de seguridad han negado o no han brindado acceso a tratamiento médico a algunos detenidos que tenían problemas médicos preexistentes o sufrieron graves lesiones durante su arresto y posterior detención, como haber recibido disparos de perdigones desde muy corta distancia.

 

En este informe se describen en detalle siete casos de personas detenidas que fueron torturadas. Estos casos muestran el límite al que agentes de seguridad han tenido la posibilidad y la voluntad de llegar para castigar o intimidar a detenidos. El informe también incluye decenas de otros casos en los cuales se sometió a las víctimas a tratos crueles, degradantes e inhumanos mientras estuvieron detenidas, incluyendo algunos que podrían alcanzar el grado de tortura.

 

Detenciones y juicios arbitrarios

Desde principios de abril, más de 5.400 personas han sido detenidas en Venezuela en el contexto de manifestaciones multitudinarias contra el gobierno, según datos del Foro Penal.

 

Aunque entre los detenidos hubo manifestantes, transeúntes y personas que filmaban las manifestaciones —como había sucedido durante la represión de las protestas en 2014—, este año hubo un aumento en la cantidad de detenciones realizadas por agentes de inteligencia o de seguridad en incidentes sin ninguna relación con las protestas. En estos casos, los detenidos eran opositores políticos, incluidos activistas menos conocidos, o personas a quienes el gobierno les atribuía nexos con la oposición política. En algunos de estas detenciones por motivos políticos, los detenidos fueron sacados de sus viviendas o arrestados horas o días después de que ocurrieron manifestaciones, en incidentes que no tuvieron relación alguna con protestas.

 

En la mayoría de los casos de arrestos documentados por Human Rights Watch y el Foro Penal, los agentes que llevaron a cabo las detenciones pertenecían a la GNB, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o fuerzas de policías estatales. A menudo, no se informó a los detenidos sobre los motivos de su arresto, y a veces ni siquiera se les dijo qué autoridad estaba realizando la detención. En algunos casos, las detenciones fueron llevadas a cabo por miembros de pandillas armadas partidarias del gobierno llamadas “colectivos”, que luego entregaron a los detenidos a las fuerzas de seguridad.

 

En varios casos, los detenidos afirmaron que fueron trasladados en vehículos y aparcados en distintos sitios durante horas —una práctica que en Venezuela se conoce como “ruletear”— en vez de ser llevados directamente a un centro de detención o ante un juez. Durante ese lapso, habitualmente los miembros de las fuerzas de seguridad hostigaban y amenazaban a los detenidos, y a veces los introducían en tanquetas dentro de las cuales detonaban cartuchos de gas lacrimógeno, les frotaban polvo lacrimógeno en el rostro o les propinaban violentas golpizas. A veces, durante las detenciones, los agentes de seguridad y miembros de “colectivos” robaban a estas personas sus artículos personales, como dinero o teléfonos celulares.

 

Muchos detenidos fueron liberados sin ser llevados ante un juez, pero miles de otros fueron objeto de procesos penales arbitrarios sin las garantías más básicas al debido proceso. Además de quienes permanecen detenidos, el Foro Penal tiene registro de 3.900 personas que permanecen sujetas a procesos penales arbitrarios y a medidas provisionales que limitan de diferentes formas su libertad. Al menos 757 civiles fueron procesados en tribunales militares, en contravención a lo estipulado por el derecho internacional. Otros fueron llevados ante la justicia penal ordinaria para ser procesados sobre la base de pruebas que, según sostuvieron, les fueron sembradas para incriminarlos, y tampoco se les permitió el acceso adecuado a abogados o familiares. Decenas siguieron encarcelados por períodos de hasta varios meses, a pesar de que se había dictado una orden judicial que disponía su liberación incondicional o bajo fianza.

 

Uso excesivo de la fuerza en las calles

Durante el período analizado en este informe, las fuerzas de seguridad venezolanas —incluida la GNB, la PNB y fuerzas de policías estatales— recurrieron sistemáticamente a la fuerza excesiva para dispersar manifestaciones contra el gobierno, a menudo en situaciones en las cuales el uso de la fuerza no parecía estar justificado en absoluto. En ocasiones, los “colectivos” actuaron conjuntamente con las fuerzas de seguridad venezolanas para reprimir manifestaciones.

 

Las fuerzas de seguridad han empleado armas menos letales —como cañones de agua, gases lacrimógenos y perdigones— de formas que parecían tener el fin deliberado de causar lesiones dolorosas. En otros incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad utilizaron casquillos de balas de goma modificados que, en cambio, llevaban dentro canicas (metras), vidrios rotos o tuercas metálicas.

 

Esto ha tenido como resultado decenas de personas muertas y cientos de heridos, algunos de gravedad. Según el ACNUDH, de las 124 muertes registradas por el Ministerio Público que ocurrieron en el contexto de manifestaciones contra el gobierno hasta el 31 de julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad habrían sido responsables en al menos 46 casos, mientras que 27 muertes serían atribuibles a ‘colectivos’ y 51 no habían sido esclarecidas. Las últimas cifras publicadas por el Ministerio Público indican que, para fines de julio, estaba investigando casi 2.000 casos de personas heridas durante las protestas. En más de la mitad de esos casos, el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.

 

En muchos casos, los manifestantes o personas que las autoridades creían que estaban implicadas en protestas fueron sometidos por miembros de las fuerzas de seguridad o “colectivos” a niveles y formas de violencia que constituyen trato cruel, inhumano o degradante.

 

El gobierno venezolano afirma que 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de manifestaciones, e informó sobre varios episodios de violencia contra simpatizantes del gobierno, incluidos dos casos en los cuales las víctimas habrían presuntamente sido quemadas y uno en el cual se habría linchado a un militar retirado. Durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, algunos manifestantes utilizaron piedras, cócteles Molotov, fuegos artificiales modificados y utilizados como explosivos, morteros y otros explosivos de fabricación casera.

 

Todos los delitos —incluidos aquellos cometidos contra miembros de las fuerzas de seguridad, manifestantes y transeúntes— deben ser investigados rigurosamente, y aquellos contra quienes haya señalamientos creíbles de que cometieron delitos deberían ser juzgados por tribunales que no estén sometidos al control político del poder ejecutivo y se encuentren en condiciones de asegurar las garantías básicas al debido proceso.

 

Falta de rendición de cuentas y responsabilidad de altos funcionarios

Desde que en el 2004 el ex Presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional de entonces tomaron el control político del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el poder judicial ha dejado de actuar como rama independiente del Estado, como freno ante los abusos de poder por parte del ejecutivo y como garante de derechos fundamentales.

 

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, anteriormente leal al gobierno, empezó a distanciarse abiertamente de este a comienzos de 2017. Desde ese momento, y hasta que la Asamblea Nacional Constituyente oficialista la destituyó y la reemplazó con un partidario del gobierno en agosto, repudió abiertamente los abusos gubernamentales, incluso aquellos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y difundió información oficial basada en investigaciones realizadas por el Ministerio Público, incluyendo datos sobre las muertes y graves lesiones ocurridas en el contexto de manifestaciones.

 

A principios de agosto, el Ministerio de Comunicación indicó que Ortega Díaz había imputado a 54 miembros de las fuerzas de seguridad por su responsabilidad en 17 muertes[1]. En octubre, una representante del gobierno indicó que funcionarios públicos que fueron responsables de “malas prácticas” en 16 “casos aislados” habían sido puestos a disposición de la justicia, sin especificar cuáles eran los casos. La representante afirmó que en 16 casos presumían que había responsabilidad de agentes de seguridad del Estado, que había 25 funcionarios acusados y que 14 civiles habían sido acusados en otros casos. También manifestó que el 78 % de los casos todavía estaban siendo investigados[2].

 

En octubre, Human Rights Watch y el Foro Penal solicitaron al gobierno venezolano información actualizada sobre el estado de todas las investigaciones que estuvieran en curso, pero al momento de publicación de este documento no habían recibido una respuesta.

 

Salvo la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, que, al parecer, habría sido destituida por criticar abiertamente al gobierno, las altas autoridades no parecen haber adoptado medidas adecuadas para poner fin a los abusos o establecer responsabilidades penales, ni tampoco apoyaron públicamente los esfuerzos de Ortega Díaz para investigar abusos.

 

El gobierno venezolano tiene la obligación, conforme al derecho internacional, de prevenir violaciones graves de derechos humanos y de asegurar que sean investigadas y se haga justicia cuando estas violaciones sean cometidas. Los funcionarios gubernamentales que incurran en actos de tortura y otras violaciones graves, o que omitan prevenir, investigar y sancionar dichos actos pueden y deben responder por sus actos. Venezuela es Estado Parte en la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI tiene jurisdicción para juzgar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios, incluyendo cuando se cometen en el territorio de los Estados Partes.

 

Algunos de los altos funcionarios en puestos clave a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en abusos generalizados, que no han adoptado medidas adecuadas para prevenir, investigar o sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por sus subordinados, son los siguientes[3]:

 

El Presidente Nicolás Maduro, quien es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, incluidas la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar;

El Mayor General José Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana;

El General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas;

El Mayor General Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia;

El General Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana;

El Mayor General Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y

El General Edgar Rojas Borges, Fiscal General Militar.

Esta lista no es exhaustiva y no excluye a otros funcionarios que podrían ser responsables directos de violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, incluidos aquellos que las cometieron u otras personas que no tomaron medidas para impedirlas o sancionarlas.

 

Tras años de silencio, algunos actores internacionales clave han empezado a pronunciarse y a criticar abiertamente los abusos cometidos por el gobierno venezolano.

 

En 2016, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, invocando la Carta Democrática Interamericana, preparó una serie de informes exhaustivos sobre la crisis en Venezuela y convocó varias sesiones para debatir sobre el cumplimiento por el país de las disposiciones de la carta. En abril de 2017, citando la carta, 19 de los 35 Estados Miembros de la OEA manifestaron por primera vez “profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático” en Venezuela[4]. En varias reuniones posteriores, los ministros de Relaciones Exteriores de la región analizaron y criticaron abiertamente la situación de los derechos humanos en Venezuela.

 

En agosto, el “Grupo de Lima” —una coalición integrada por 11 gobiernos latinoamericanos y Canadá que sigue de cerca la situación en Venezuela— condenó la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Han realizado reuniones periódicas para evaluar la situación en el país y emitieron varias declaraciones desde entonces. Canadá y Estados Unidos han aplicado sanciones específicas dirigidas a funcionarios venezolanos clave, incluido el Presidente Nicolás Maduro. La Unión Europea impuso un embargo de armas contra Venezuela y sanciones específicas dirigidas a funcionarios venezolanos, incluyendo el congelamiento de sus bienes y la cancelación de visas.

 

En septiembre, Venezuela fue además uno de los temas prioritarios en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El ACNUDH presentó un informe sobre Venezuela, y muchos otros países manifestaron estar profundamente preocupados por la crisis humanitaria y de derechos humanos en ese país. En noviembre, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU organizaron una sesión especial para debatir sobre la crisis venezolana.

 

La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) documentó casos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contraintreligencia Militar (Dgcim).

En el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, publicado este jueves 4 de julio como resultado de su visita del 19 al 21 de junio, se señala que entre las agresiones físicas está arrastrarlas por el pelo, tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada, insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas y extraerles confesiones.

Mujeres y hombres detenidos fueron sometidos a una o varias formas de tortura para obtener información, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

Las autoridades venezolanas no han investigado, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia ni se ha proporcionado reparaciones a las víctimas. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones. Sin embargo, en el Ministerio Público (MP), se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019.

Detenidos arbitrariamente

Según datos de Foro Penal, 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019.

Hasta el 31 de mayo de 2019, 793 personas continuaban privadas de libertad de forma arbitraria, 1.437 personas habían sido liberadas y 8.598 excarceladas. Algunas de estas personas han dejado el país por miedo a ser detenidas otra vez. El Acnudh consideró que las detenciones arbitrarias se han utilizado como instrumento para intimidar y reprimir a cualquier expresión de disensión, al menos desde 2014.

La Acnudh documentó 135 casos de personas privadas de libertad arbitrariamente entre 2014 y 2019. Algunos de estos casos fueron desapariciones forzosas hasta que las autoridades revelaron su paradero. Sobre las condiciones de las detenciones, éstas no cumplen las reglas internacionales sobre tratamiento humanos a los reclusos. Están superpoblados y son insalubres.

En el caso específico de la sede del Sebin en El Helicoide, no está adaptado a los estándares específicos de género. Sólo hay una celda asignada a mujeres, superpoblada y vigilada principalmente por hombres.

“Los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por “privilegios” y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y que, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas”, explica el informe.

Operaciones de Liberación del Pueblo

Las personas entrevistas por la Acnudh se refirieron a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como “escuadrón de la muerte” o “grupo de exterminio”. La Acnudh entrevistó a familiares de 20 hombres jóvenes asesinados por las Faes e identificó un modus operandi similar.

Los funcionarios irrumpen en los hogares, toman sus pertenencias, ejercen violencia de género contra mujeres y niñas y separan a los jóvenes de sus familias antes de dispararles. Luego manipulan la escena del crimen y las pruebas. Plantan armas, drogas y disparan contra las pareces o al aire para simular enfrentamientos.

Las autoridades venezolanas califican las muertes como “resistencia a la autoridad“. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, mientras que el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) registró al menos 7.523 muertes violentas de esa categoría.

Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por “resistencia a la autoridad”. El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019. La información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.

 

Manifestaron su preocupación por la posible utilización de las Faes y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo en la sociedad y mantener el control.

Cuerpos de seguridad culpables

El informe de Bachelet advirtió que el decreto de “Estado de excepción” declarado el 13 de mayo de 2016 otorga amplias facultades, vagas y discrecionales al poder Ejecutivo para preservar el orden interno. A juicio de la Acnudh, estas políticas implican un aumento de la militarización de las instituciones del Estado e incluyen a la población en tareas de defensa e inteligencia.

La GNB y la PNB son responsables del uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones “al menos desde 2014”, sobre el Sebin y la Dgcim pesan las detenciones arbitrarias y tortura a la disidencia y sus familiares. Los colectivos contribuyen en este sistema.

Ante esta situación, la Fiscalía General, los jueces y la Defensoría del Pueblo, “generalmente” no investiga las violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por las autoridades del Estado.

Represión en protestas

La gestión de Nicolás Maduro y las ONG tiene datos distintos. Según el Gobierno, en 2017 ocurrieron 12.913 manifestaciones, 7.563 en 2018 y 3.251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2019.

En la revisión del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (Ovvs), se produjeron 9.787 manifestaciones en 2017, 12.715 en 2018 y 9.715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019. En 2019, las fuerzas de seguridad no hicieron un uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones, señala el informe.

 

En algunas protestas políticas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la PNB, las Faes y algunas policías estatales y municipales hicieron uso excesivo de la fuerza de manera deliberada.

Según el Gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018 y 29 personas murieron entre enero y mayo de este año. Sin embargo, Ovcs registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y el Acnudh reportó 66 muertes entre enero y mayo 2019. Muchos manifestantes fueron detenidos arbitrariamente, maltratados o torturados o allanaron ilegalmente sus domicilios.