Ocho días han transcurrido desde que 23 personas, acusadas de participar en el saqueo de seis negocios en Tucupita, fueran trasladas a la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), en Guárico, el pasado 2 de julio. Sus familiares denuncian que en todo ese tiempo no se les ha permitido visitarlos y desconocen su estado de salud.
Solo cuatro de los 23 privados de libertad pudieron comunicarse con el activista de derechos humanos Ramón Ramírez el pasado sábado 9 de julio. El resto permanece incomunicado, sin acceso ni siquiera a sus abogados defensores, denunció Iraís Circelli, esposa de Jhonny Mendoza, quien es dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en Delta Amacuro, y uno de los detenidos.
Circelli manifestó su preocupación por la condición de salud de su esposo, quien es hipertenso y responsabilizó a la gobernadora de la entidad oriental, Lizeta Hernández, por lo que pueda ocurrirle.
Aseguró que el dirigente de la CTV es un preso político porque fue detenido en la puerta de su casa, por lo cual no existirían pruebas que lo vinculen con la protesta ni el saqueo en Tucupita.
Los hechos ocurridos en la carretera nacional de Tucupita dejaron 146 detenidos y la ciudad militarizada. Posteriormente, fueron liberadas 77 personas y solo fueron trasladados al centro de retención en Guárico 23.
Con Información de Efecto Cocuyo.
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