A partir del lunes 28 de abril, entraron en vigor las nuevas tarifas mínimas y máximas para el pasaje urbano en todo el territorio nacional venezolano. La oficialización de estos montos se realizó mediante la publicación en la Gaceta Oficial número 43114, con fecha del 24 de abril. Este decreto gubernamental establece un rango tarifario para el transporte público terrestre en las ciudades del país.
Según lo estipulado en la Gaceta Oficial, la tarifa mínima del pasaje urbano se fija en 23 bolívares, mientras que la tarifa máxima permitida será de 25 bolívares. Esto implica que los usuarios del transporte público deberán informarse sobre los costos específicos aplicados en sus rutas habituales, ya que podría haber ligeras variaciones dentro de este rango establecido por las autoridades.
El documento oficial también detalla las tarifas especiales para los sistemas de transporte operados por el Estado. El Metro de Caracas, Bus Caracas y el Ferrocarril mantendrán una tarifa unificada de 15 bolívares para sus usuarios. Esta medida busca ofrecer una opción de transporte más económica para los ciudadanos que utilizan estos servicios estatales en las principales ciudades del país.
Adicionalmente, la Gaceta Oficial contempla beneficios tarifarios para grupos específicos de la población. Las mujeres mayores de 55 años y los hombres mayores de 60 años están exentos de pagar pasaje en el transporte público terrestre. El Ejecutivo Nacional ha instruido a los prestadores de servicio a brindar la atención y facilitar el acceso a este grupo de pasajeros. Asimismo, los estudiantes se beneficiarán de una tarifa especial, debiendo abonar únicamente el 50% del monto total del pasaje urbano.
Para las rutas suburbanas, que conectan diferentes ciudades o zonas, se establecieron tarifas que oscilan entre 23 y 50 bolívares. El costo específico dependerá directamente de la distancia recorrida por el usuario. Las autoridades de transporte han advertido que el incumplimiento de las tarifas oficiales acarreará sanciones para los transportistas. Aquellos que cobren montos superiores a los decretados podrían enfrentar medidas como la suspensión de la licencia de conducir, buscando así garantizar el respeto a las regulaciones establecidas.
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