El pasado 29 de marzo, miles de migrantes beneficiarios del parole humanitario en Estados Unidos recibieron un correo electrónico alarmante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) donde se les informa que deben abandonar el país de manera inmediata, debido a la expiración de su protección migratoria el 24 de abril.
El mensaje, al que tuvo acceso el diario El País, está dirigido a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Advierte que aquellos que no abandonen el territorio estadounidense antes de la fecha límite podrían enfrentar un proceso de expulsión acelerada bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), lo que podría resultar en su deportación definitiva, a menos que hayan obtenido una base legal para permanecer en el país.
El correo indica: “Usted debe salir de los Estados Unidos ahora, pero no más tarde de la fecha de terminación de su libertad condicional”. También se menciona que aquellos que no sigan estas instrucciones comenzarán a acumular presencia ilegal, lo que podría hacerlos inadmisibles en futuras solicitudes de entrada al país.
El mensaje detalla el procedimiento para aquellos que opten por salir por vía terrestre, indicando que deben informar su salida a través de la aplicación CBP Home, que reemplaza a la aplicación CBP One, utilizada previamente bajo la administración de Donald Trump para facilitar la autodeportación de migrantes.
El DHS ha señalado que aquellos que no tengan otra base legal para permanecer en Estados Unidos, como una petición de asilo o una solicitud de visa U para víctimas de crímenes, deberán abandonar el país o enfrentar la acción de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para su deportación.
El parole humanitario, establecido por la administración anterior de Joe Biden, permitía la entrada legal de hasta 30.000 migrantes mensuales bajo el patrocinio de un tercero, otorgándoles beneficios como permiso de trabajo y permanencia legal por dos años. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump, se suspendieron estos procesos y se revocó el estatus legal de los beneficiarios, exigiendo ahora su salida definitiva del país.
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