Un avión con más de 170 inmigrantes venezolanos retenidos en Guantánamo tras ser deportados de Estados Unidos llegó este jueves a Venezuela.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, los 177 migrantes fueron trasladados inicialmente a Honduras para ser trasladados a Venezuela.
El vuelo parecía haber casi vaciado la base naval de migrantes enviados allí como parte de la amplia represión del presidente Donald Trump contra la migración.
Han surgido preguntas sobre la legalidad de enviar migrantes a la base en Cuba, conocida por retener prisioneros de la “guerra contra el terrorismo” liderada por Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha alegado que los migrantes venezolanos enviados a Guantánamo tienen vínculos con la banda Tren de Aragua, una red criminal que comenzó en una prisión venezolana.
El Gobierno venezolano dijo en un comunicado que había solicitado la repatriación de los venezolanos que fueron “llevados injustamente a la base naval de Guantánamo”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el grupo que llegó este jueves “no son delincuentes, no son malas personas, fueron personas que emigraron como consecuencia de las sanciones [de Estados Unidos]… en Venezuela les damos la bienvenida como una fuerza productiva, con un abrazo de amor”.
Altos funcionarios de Trump han dicho que la bahía de Guantánamo está reservada para “lo peor de lo peor”, pero nuevas presentaciones judiciales revelan que no todos los que están siendo enviados a la instalación se considera que representan una “alta amenaza”.
Según las nuevas declaraciones judiciales presentadas, 127 eran considerados de alta amenaza y están recluidos en la prisión de máxima seguridad de la base, mientras que 51 eran de amenaza baja o media y están recluidos en un centro de operaciones para migrantes. Todos procedían de Venezuela.
A principios de este mes, el DHS puso fin a lo que se conoce como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en una serie de medidas para eliminar las protecciones temporales para ciertos inmigrantes.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió no conceder una prórroga del TPS, revirtiendo una decisión tomada por el DHS del entonces presidente Joe Biden y dejando a unas 600.000 personas en el limbo.
La protección de unos 350.000 venezolanos expira en abril, lo que los expone a la deportación. Se espera que unos 250.000 venezolanos las pierdan en septiembre.
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