En las décadas recientes, Venezuela ha pasado de ser un país predominantemente receptor de migrantes a ser un país expulsor. En un escenario interno de crisis generalizada, las cifras en torno a la migración ascienden hoy a más de 5 millones de personas movilizadas, en su mayoría con destino a países de América Latina.
Coincidiendo con la masificación de este fenómeno, la población venezolana se ha convertido en objeto frecuente de rechazo, xenofobia y racismo en dichos países. Algunos ejemplos de ello son los ataques a migrantes ocurridos en las ciudades fronterizas de Colombia y Brasil, así como las manifestaciones públicas realizadas en Perú para exigir el control de la migración venezolana (Quintero Díaz, 2018). Representantes políticos han señalado esta migración como un peligro social (El Comercio, 2018; Semana, 2020), lo cual se articula con la representación de la misma como causante de enfermedades ya erradicadas (Mota de Siqueira, 2020, p.206), o incluso del incremento de enfermedades de transmisión sexual (Esquerra Muelle, 2019).
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Dada esta situación, la llegada de la pandemia Covid-19 y la emergencia decretada a raíz de ésta a partir de 2020, afectó de manera particular a esta población. Por un lado, la exacerbación de la securitización de las fronteras ha incrementado aún más los riesgos inherentes a esta migración. La detención o ralentización de procesos administrativos, incluyendo la tramitación de la condición de refugiado, ha limitado sus posibilidades de insertarse y establecerse adecuadamente en las sociedades receptoras. Sumado a esto, la pandemia ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de esta población, cuya incorporación se ha dado en gran medida a través de la economía informal, quedándose en muchos casos desprovista de fuentes de ingreso, dadas las restricciones de circulación debido a la contingencia sanitaria. Esto ha generado una migración de retorno. En plena pandemia, venezolanos y venezolanas han transitado, muchas veces a pie, largos recorridos para volver a su país, donde al menos cuentan con algunas redes de apoyo.
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Por otro lado, la pandemia también recrudeció la xenofobia, haciendo del migrante un potencial agente de contaminación y acrecentando sus condiciones de riesgo (Dilla Alfonso, 2020). Una reacción que, en el caso de la migración venezolana, se ha observado tanto en los países de acogida (y de tránsito) como a lo interno de Venezuela, de la mano de un recrudecimiento del discurso oficial estigmatizante y criminalizante en torno a la migración. Así, por ejemplo, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, sugirió a través de sus redes sociales que el retorno de “venezolanos que renegaron públicamente de la nación, luego de ser ultrajados en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, etc.” era una especie de “karma”. Mientras que la Ministra de Asuntos Penitenciarios los refirió como un “retorno de fascistas y golpistas camuflados” (Jiménez Sandoval y Uzcátegui, 2020). Se les ha tildado de “irresponsables” a aquellos que, sin otras posibilidades de desplazamiento, acuden a pasos fronterizos ilegales para ingresar al país (Vanguardia, 2020) y se ha instado a la población a que los denuncie, para que paguen pena de prisión.
De este modo, desde el discurso del gobierno chavista, los migrantes se han presentado como potenciales “armas biológicas” y “bioterroristas” (Pardo, 2020), o focos de contagio que, en palabras del presidente Nicolás Maduro, vendrían a “contaminar” a Venezuela (Rodríguez Suárez, 2020).
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Respecto a ello, es importante observar que esta construcción que se hace desde el discurso no es un fenómeno aislada y reciente. En cambio, debe entenderse en articulación con un discurso oficial que ha descuidado abiertamente el tema migratorio o lo ha definido a partir de sus intereses políticos. Es necesario recordar que, desde el inicio de la gestión de Chávez, la política migratoria se orientó a la actualización del marco legislativo, sin atender o tener en cuenta a la población venezolana que ya en ese momento comenzaba a salir del país (Freitez, 2019). Con ello se buscaba, de alguna manera, deslegitimar la incipiente conformación de una fuerza política opositora desde el “exilio”, cuya representación, como “apátrida” o “traidora”, se hizo extensiva a la figura del “migrante” en general.
Pese al ineludible incremento de la migración venezolanos en los últimos años, durante la administración de Maduro siguió privando una narrativa negacionista que, al desestimar la dimensión real del fenómeno (entre otras cosas, ocultando cualquier información al respecto), pareciese querer negar las condiciones estructurales que generan la salida masiva de estas personas.
La estigmatización y criminalización reciente de la migración de retorno en el contexto de la pandemia, es pues el resultado lógico de un discurso que ha requerido de la producción del migrante como enemigo y traidor para darle legitimidad al proceso chavista. No obstante, urge hoy más que nunca observar las consecuencias que esta construcción simbólica tiene sobre las condiciones de vida de esta población. Si en el pasado, su negación, por un lado, y su criminalización, por otro, incrementaba la vulnerabilidad de dicha población, propiciando indirectamente su irregularización e imposibilitando de hecho el ejercicio de pleno de su ciudadanía, más allá de las fronteras venezolanas; hoy, especialmente en el contexto de la pandemia Covid-19, los efectos concretos de la postura del gobierno se han observado en la atención prestada a la población retornada: una atención que, como han señalado distintas organizaciones, ha estado marcada por prácticas de discriminación, violencia y vulneración de derechos.
Por
Pablo Caraballo
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