El director ejecutivo de la ONG Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco, se sumó ayer a decenas de voces que condenan el uso de la justicia militar para juzgar a civiles en Venezuela y reconocida por el Estado como política.
“Es una barbaridad. Resulta curioso que justo después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz criticó al gobierno y cuestionó que los partes de detención de la GNB no están bien hechos, el presidente Nicolás Maduro ordene que civiles sean procesados ante la justicia militar, donde controla a fiscales y jueces”.
Vivanco se refirió a la declaración de Ortega del miércoles 26 de abril, cuando relató que 38 personas detenidas en Nueva Esparta por la GNB fueron puestas en libertad a petición de la Fiscalía, porque no había un acta policial que explicara las “condiciones de modo, fecha y lugar en que esas personas incurrieron en delito”.
A juicio de Vivanco, la decisión de activar la justicia militar contra civiles “pareciera una maniobra burda para controlar el resultado de los procesos que, por lo demás, van en contra de los estándares básicos internacionales de derechos humanos”.
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