Wilmer José tenía 5 años. Su error fue haber visto cuando su madre y su amante, Arturo López, de 19 años, tenían relaciones sexuales. Al notarlo, Arturo tomó un cuchillo de la cocina, atacó al pequeño y lo degolló. Su madre se vuelve cómplice y entregó su teléfono al victimario, para hacer parecer un robo. ¡Un niño de 5 años degollado por un amante de su madre, con su complicidad! ¡Qué crimen más horrible! Eso sucedió en Upata, estado Bolívar, según nota de la periodista Pableysa Ostos. Este hecho fue el 29 de mayo.
A los pocos días, vemos en otra nota, que en el estado Miranda, una madre mató a su hija porque no tenía cómo mantenerla. ¡Otro niño asesinado! Y por su madre, aunque por otras razones, y uno supone el estado de desesperación de la madre, pero igual no es justificable.
Cuando redacto estas líneas leo en Twitter -vía Caraota digital- que abuelo y padre fueron detenidos por abusar del hijo de 4 años. ¡Abuelo y padre abusando de un pequeño, sangre de su sangre!
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La semana pasada, en La Vega, un adolescente, inocente también, fue asesinado por una “bala perdida”, en uno de esos tiroteos entre bandas, o entre funcionarios y bandas. En La Vega la situación últimamente es confusa.
Estoy refiriéndome a sucesos de pocos. ¡Eso está pasando en Venezuela y las reacciones han sido mínimas! Tal vez ni se miraron, o tal vez han parecido “otro suceso más”. El cambio de sede la Copa América, o las actuaciones de la vinotinto parecen mucho más importantes que la vida de unos niños inocentes.
Si nos vamos al informe del Observatorio Venezolano de Violencia -OVV- publicado en el 2020, leemos que, en ese año, “las manifestaciones de violencia contra NNA han provocado muertes, todas inadmisibles, todas injustificables. En algunos casos indigna por la saña, otros por la negligencia y desatención de cuidados y obligaciones impostergables. Son muertes y daños que el Estado ni siquiera contabiliza, son hechos que ocurren ante la indiferencia, ignorancia, la inacción, o más propiamente la parálisis de los organismos y servicios públicos que tienen la obligación de proteger a la población vulnerable” (OVV, informe 2020)
Luego ilustra con unos ejemplos, esa crueldad: como el caso de una mujer, que, en un ataque de ira, golpeó al hijo de 7 años y lo estranguló, y luego pretendió simular un suicidio. O el caso de la madre que golpeaba a la hija cuando lloraba pidiendo comida. Y otros de parecida crueldad.
También Cecodap, en su último informe, Somos Noticia, nos dice que de los casos que ellos han atendido, un 42,55% desde abril 2020 hasta abril 2021 estuvo relacionado con la violación al derecho a la integridad. Y añade que de cada 6 de cada 10 casos, que ellos remitieron al Sistema de Protección, no recibieron respuesta efectiva del Estado. “No existe plan del Estado que garantice protección a los niños, niñas y adolescentes”.
La Redhhnna, esa red que agrupa a organizaciones que defienden y promueven los derechos de los niños, también han advertido sobre el incremento de la violencia doméstica y la falta de protección integral a esta población.
Según la Lopnna, son tres los actores responsables de garantizar los derechos de los niños: la familia, la sociedad y el Estado, el ultimo como garante, puesto que le corresponde sancionar cuando se incumplen, le corresponde diseñar y aplicar políticas públicas, y le corresponde defender a esta población. (Art. 4 A, principio de corresponsabilidad). También dice la Lopnna que los niños tienen derecho a su integridad personal (Art.32) y también tiene derecho al “buen trato” (Art. 32 A).
Por lo anterior, dada la frecuencia de los casos, y así no fueran tan frecuentes, una sola víctima, merece atención y cuidado, se tienen que hacer campañas para que las familias, y en general la sociedad, sepan tratar a los niños, puedan aplicar disciplina positiva, como esa que promueve Cecodap entre educadores y padres y madres.
En estos tiempos de pandemia, de cuarentena prolongada, se sabe que la angustia puede desatar emociones y tal vez no se tengan herramientas para administras esas emociones, pero eso no justifica los malos tratos a los niños, mucho menos los asesinatos.
Los educadores, los medios de comunicación, los que utilizan redes sociales, y sobre todo el Estado, como último garante de los derechos humanos, tienen la obligación de desarrollar una campaña a favor de esta población tan golpeada.
Un niño asesinado, no es un simple caso para la página de sucesos: es un niño menos que estaba en edad de jugar, cantar, no de morir violentamente. Nadie puede ser indiferente ante estos hechos.
Texto – Foto
observatoriodeviolencia.org.ve
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