Es un lugar común ver como muchos intelectuales y políticos se llenan la boca diciendo que Chile es un país “extremadamente individualista”, y que lo que haría falta acá es más “solidaridad”. Esta es, sin duda, la muletilla por excelencia; si alguien se ve entrampado en una discusión, o si quiere caerle en gracia a una audiencia, recuerde salvarse utilizando este comodín. Sin embargo, se debe decir que lo anterior es un argumento falaz, ya que tal frase está entrampada en importantes errores conceptuales.
Seamos sinceros y dejemos las cosas claras: primero, el verdadero individualismo no es igual a egoísmo, sino una teoría y un método de comprensión social. Segundo, la verdadera solidaridad tiene que ver con una facultad inherente a la naturaleza del hombre, referida a su capacidad de tener empatía por el prójimo y quererlo ayudar de alguna forma. Podría así definirse solidaridad como un acto por el cual una persona o grupo se pone en el lugar de otra y decide colaborar hacia ella voluntariamente, es decir, sin coerción de terceros. De que en Chile hay egoísmo lo hay, como en todos lados.
Aclarados los conceptos, podríamos decir que si de verdad queremos ser más solidarios, debemos crear las condiciones que nos permitan serlo y dejar de repetir frases vacías. ¿Cómo lo logramos? Partiendo por fortalecer la sociedad civil, y, además, en concreto, modernizando nuestro sistema de donaciones.
En ese sentido, está respaldado en diversos estudios y artículos que el marco legal es un elemento fundamental para el desarrollo de la filantropía en una sociedad, porque, en otras palabras, son las normas del juego las que establecen los incentivos o desincentivos para realizar una acción (Aninat, de la Fuente y Fuensalida 2020). Así por lo demás se ha explicado el comportamiento humano en la toma de decisiones desde la economía conductual (Thaler y Sunstein 2008; Kahneman 2012).
El problema, es que voces de la sociedad civil han venido reiterando una y otra vez que nuestro sistema de donaciones es engorroso. Actualmente, alrededor de 60 normativas regulan los diversos aspectos en la forma de hacer aportes que se hagan a causa de beneficencia. Además, sectores en los que estamos al debe y que es urgente mejorar, como salud, derechos humanos y medio ambiente, no están incluidos como áreas susceptibles de donación —sin más, incluir medio ambiente, por ejemplo, podría ser una buena oportunidad para avanzar en descarbonización o plantas desaladoras de agua—.
Avancemos hacia un sistema de donaciones único, simplificado, en que se confíe y empodere a la sociedad civil. Si una de las principales quejas que resaltó el estallido social fue lo poco que se escuchaba e integraba a las comunidades y asociaciones, entonces, esta es una oportunidad para que los políticos se dejen de frases vacías y comiencen en realidad a incluir a las personas. No le tengamos miedo a la filantropía. Para crear verdaderos bienes públicos que integren a la ciudadanía es imprescindible fortalecer la confianza en este sistema (véase Propuestas para modernizar el sistema de donaciones destinadas al bienestar social en Chile, UAI). No obstante, es claro que junto a la simplificación del sistema deben ir esfuerzos para progresar en su trasparencia, digitalización, fortalecimiento del Registro de Personas sin Fines de Lucro, fiscalización y sanciones en caso de fraudes.
Es la clase política la que siempre ha tenido miedo de empoderar a la sociedad civil, ya que tiene claro que, por argumentos epistemológicos, de eficiencia y cohesión social, esta última es capaz de dar mejores soluciones a los problemas sociales que las que podría dar el Estado por sí solo (Ostrom 2011). ¿Qué significa esto para ellos? Menos puestos de trabajo para las redes de operadores políticos, que han cooptado cada uno de los servicios del Estado y nuestros impuestos. Estos cazadores de rentas (Tullock 1993) son el emblema de nuestra decadencia.
Ante la inoperancia de los gobernantes, las organizaciones de la sociedad civil pueden servir como entidades que den cobijo al individuo, además de apoyo y respuestas. Gran parte de nuestro proceso de desintegración; el deterioro de los servicios públicos, la recogida de basura, el problema de transportes, la contaminación de nuestros espacios públicos o el cuidado del patrimonio ambiental; es consecuencia de poseer una sociedad civil débil.
No debemos olvidar que como ciudadanos integrados en una misma comunidad política todos tenemos un rol imprescindible: el propio cuidado de nuestras comunidades. No dejemos que los políticos nos quiten eso también.
Álvaro Vergara
Investigador de la Fundación para el Progreso. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de los Andes, con especialidad en Derecho Ambiental y Minor en Ciencias Políticas. Actualmente cursa el Magister en Estudios Políticos en la misma universidad.
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