La justicia española iniciará una investigación contra los exfuncionarios chavistas Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión en Venezuela. Ambos residen actualmente en España. La Audiencia Nacional de España admitió una denuncia presentada por la opositora venezolana exiliada en Argentina, Dulce Bravo, con el respaldo de Urvex.
Dulce Bravo denunció haber sido secuestrada y torturada en 2002 por colaborar con militares opositores en la plaza Altamira de Caracas. En su testimonio, relató haber sido drogada, golpeada y amenazada para obtener información sobre el general disidente Felipe Rodríguez. Además, afirmó que Miguel Rodríguez Torres le ofreció sobornos para revelar el paradero del general. Posteriormente, fue llevada a tribunales donde, según su denuncia, por orden de Luisa Ortega Díaz, se le negó el derecho a declarar. Bravo también aseguró haber sido objeto de amenazas y vigilancia constante por parte de agentes de inteligencia.
El juez Antonio Piña solicitó a la Fiscalía un informe para determinar la competencia de la justicia española en la investigación de estos hechos. La investigación se centrará en determinar si los actos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad que puedan ser perseguidos en España.
Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, fue destituida en 2017 y solicitó asilo en España en 2021. Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, también reside en España tras romper con el chavismo. Ambos exfuncionarios fueron figuras clave en la represión de manifestaciones opositoras y en casos de alto perfil como el de Leopoldo López.
La denuncia de Dulce Bravo se suma a otras acciones legales emprendidas contra exfuncionarios venezolanos en España y podría sentar un precedente en la aplicación del principio de jurisdicción universal en el país europeo.
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