El Congreso de los Estados Unidos juega un papel preponderante en la ruta de todo proceso de intervención “humanitaria” en otros países. Allí se mueven intereses corporativos que han impuesto políticas que benefician a quienes controlan tanto el mercado internacional como la geopolítica en sí con sello estadounidense.
El proyecto de ley llamado “Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernanza Democrática de Venezuela de 2017” (Venezuela Humanitarian Assistance and Defense of Democratic Governance Act of 2017), recientemente discutido el 28 de septiembre para que sea prontamente aprobado por la Cámara de Representantes y, posteriormente, por el Senado de EEUU en conjunto, comienza con cifras que relatan una tendenciosa situación de crisis humanitaria basada en datos sobre salud y nutrición de la población venezolana obtenidos de universidades con directivas abiertamente opositoras como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Simón Bolívar (USB) y de la ONG Human Rights Watch.
En el proyecto de ley, presentado por Eliot Engel, Ileana Ros-Lehtinen, Albio Sires y Mario Díaz-Balart para supuestamente “proporcionar asistencia humanitaria al pueblo venezolano, defender la gobernabilidad democrática y combatir la corrupción pública generalizada”, se hace énfasis en la negativa del Gobierno venezolano de aceptar la “ayuda humanitaria” que ha intentado tramitar de manera “institucional” la Asamblea Nacional (AN) de mayoría antichavista y en desacato ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Con clara tendencia a la desinformación se exponen datos económicos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) más informaciones que hablan de la existencia de “presos políticos”, omitiendo los crímenes cometidos durante los hechos de violencia en 2014 y conspiraciones golpistas posteriores.
Seguidamente se exponen las “exigencias” del Congreso estadounidense al Gobierno venezolano, que son las que públicamente han realizado funcionarios gringos y voceros de la MUD: desde la aceptación de “ayuda humanitaria” de alimentos y medicinas de parte de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid, sus siglas en inglés) y otros países latinoamericanos (para lo cual dispondrían de 10 millones de dólares), la aceptación de compromisos de Venezuela con instituciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, la liberación de los “presos políticos” y el restablecimiento de los plenos poderes y facultades de la AN declarada en desacato por parte del TSJ.
Por otra parte, insiste en la acusación de altos funcionarios del Gobierno de Venezuela (aunque incluye miembros del CNE y el sistema judicial) y las fuerzas de seguridad venezolanas, en actos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, sin mostrar pruebas sólidas que justifiquen estas acusaciones.
Consecuencia de los años de trabajo que ONGs, fundaciones y medios financiados por distintas instituciones estadounidenses es el proyecto de esta ley, cuyos redactores (encabezados por su promotor, el demócrata Eliot Engel) han aprovechado los insumos y las narrativas compendiadas en el abultado expediente que llevan contra el Estado venezolano. Fruto de los años de “trabajo” en favor del establishment gringo, las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal y Provea por fin responden políticamente a sus acreedores.
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