La diputada Neidy Rosal, en nombre de la Fracción Parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC), aseguró que el nombramiento del general Vladimir Padrino López para manejar el tema de la soberanía alimentaria y distribución de medicamentos en el país es inconstitucional
Calificó la medida “una muestra del fracaso y la improvisación del gobierno nacional en el tema alimentario, están jugando con el hambre de los venezolanos, además este nombramiento lo que evidencia es el fracaso absoluto de los CLAP en todo el país, es el fracaso de un gobierno que cada día que pasa sigue tomando medidas políticas erradas, que van en detrimento de todos”.
Asimismo, manifestó estar preocupada porque la intención del gobierno es militarizar el tema alimentario, para que de ahora en adelante las colas que el pueblo está haciendo en las redes convencionales de alimentos las hagan en los cuarteles, para tratar de reprimir más a la gente que está muriéndose de hambre.
Para la diputada Neidy Rosal la medida correcta que debe tomar el gobierno es incentivar la producción nacional tanto privada como a través de las empresas nacionalizadas, en este momento el Ejecutivo sabe que no están llegando los barcos a los principales puertos del país y que los pocos barcos que están llegando alcanzan de forma inmediata para dos días de comida, “hay que verle la cara al hecho de darle comida a 30 millones de venezolanos”.
“Es inaceptable que no haya azúcar en el país, mientras están paralizadas 10 de las 16 centrales azucareras nacionalizadas por el gobierno, de modo que nosotros desde Carabobo, de lo que otrora fue el estado industrial de nuestro país, alzamos la voz ante el fracaso de las políticas de estado en materia de producción alimentaria”, resaltó la parlamentaria de Proyecto Venezuela.
Exigió que la Contraloría General de la República y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional actúen como entes mecanismos de control y realicen a la brevedad posible una inspección a los cuatro puertos principales del país (Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo y Guanta), con el fin de corroborar lo que estamos diciendo con respecto a la llegada de los barcos de comida.
Finalmente, la diputada Neidy Rosal exhortó a que se haga una inspección detallada de las empresas nacionalizadas, en manos del gobierno y que tienen el 60 por ciento de la capacidad instalada en materia alimentaria para respondan ante los venezolanos por qué no están produciendo. “Así el gobierno arrincone a las empresas privadas y produzcan a mayor capacidad, eso solo va a dar que se puedan alimentar el 40 por ciento de los 30 millones de venezolanos de forma regular”.
Fuente: NDP
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