Para la diputada a la Asamblea Nacional por Proyecto Venezuela (Prove), Deyalitza Aray “la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no solo constituye una aberración jurídica, sino que es la prueba material del carácter totalitarista del régimen que nos gobierna y que en consecuencia hay que rechazar y cambiar”.
La Sala Constitucional ha demostrado con esta decisión –expresó la parlamentaria-, su total sumisión al Poder Ejecutivo, coartando definitivamente el estado de derecho y el principio constitucional de separación de los poderes públicos, aunado a la mutilación del poder originario y la legitimidad que a través del voto nos fue otorgada a los diputados el pasado 06 de diciembre.
Asimismo, aseguró la diputada del partido del sol que la Sala Constitucional se ha convertido “en el Bufete particular del régimen”, por eso es inaceptable –enfatizó- pretender la aplicación de una “decisión nula”, por inconstitucional e inexistente, ya que limita las legales funciones de la Asamblea Nacional.
También calificó al Ejecutivo actual como “un sistema de gobierno perverso”, sinónimo de escasez de alimentos, inseguridad personal y jurídica; “son hipócritas y manipuladores que persiguen la opresión con afán de dominación, y que al mismo tiempo buscan someter y controlar la vida entera de todos los venezolanos”.
“El máximo tribunal de la República la utilizan como una herramienta para someter a la expresión ciudadana mayoritaria, para intentar detener el juicio político que desde la Asamblea Nacional tiene que abrirse a los responsables de la mayor catástrofe económica de nuestra historia republicana”, añadió Aray.
Finalmente dijo que es obvio que no todo el accionar del gobierno se basa en la improvisación, son políticas deliberadas –manifestó- orientadas a pauperizar la poca institucionalidad que tenemos en estos momentos. “En estos 17 años ha quedado demostrado que el totalitarismo trasnochado que han querido implantar fracasó, y la evidencia ante el mundo es tener: el peor desempeño económico, así como flagrantes violaciones constitucionales y de derechos humanos de forma reiterada”.
NDP
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