Las leyes que limitan la libertad de expresión han aumentado en Latinoamérica en los últimos años, profundizando lo que expertos califican como una erosión de la democracia en la región, sostienen expertos consultados por la Voz de América, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra este martes.
El Salvador, con la reciente reforma al Código Penal que amenaza con cárcel a los reporteros que informan sobre las pandillas, es el último ejemplo de una tendencia que se ha replicado en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Las regulaciones que limitan la libertad de expresión en América Latina, selladas por legislativos donde existe poca pluralidad política, guardan elementos en común y demuestran una tendencia autoritaria que va más allá de las distintas ideologías de los gobiernos que las erigen, señalaron analistas.
“Cuando en algunos gobiernos la prensa libre comienza a ser silenciada, otros líderes que estaban buscando un escape a la crítica toman nota de otros que ya han recorrido ese camino para silenciar a los medios”, dijo a la VOA Carolina Jímenez, directora de la Oficina de Washington Para Latinoamérica (WOLA).
La polémica reforma al Código Penal en El Salvador, aprobada a mediados de abril por el gobierno de Bukele, hizo sonar las alarmas en organizaciones para la libertad de prensa y los derechos humanos, que la calificaron como una legalización de la censura.
La reforma castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes elaboren o reproduzcan “mensajes, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” y prohíbe a los medios de comunicación transmitir mensajes originados por “grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico” en la ciudadanía.
Esa ley de El Salvador guarda similitudes con leyes aprobadas en los últimos años en Nicaragua y Venezuela, que también criminalizan el discurso público y de los medios.
En el 2020, Nicaragua aprobó la Ley especial de Ciberdelitos, bajo la cual han sido acusadas unas 10 personas desde que entró en vigencia e incluye penas de dos a ocho años de prisión para quienes el gobierno considere que “propagan noticias falsas” o divulguen información confidencial de las instituciones del estado o el acceso no autorizado a las páginas web del gobierno, entre otros.
En Venezuela, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en el 2017, ha sido utilizada en los últimos años para hostigar a opositores, activistas y periodistas. En su artículo 20, esta ley sostiene que quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años.
Para León Hernández, profesor de investigador en temas de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, las leyes o reformas pasadas en los tres países buscan aplicar la censura.
“Se trata de silenciar mensajes y comunicación contraria a los intereses de una élite en el poder, para evitar contradicciones con la propaganda oficial”, dijo el académico.
La estrategia que han seguido estos gobiernos, señaló León, es usar una excusa de censura “aparentemente positiva” y con el presunto objetivo de salvaguardar la seguridad pero que viola “los derechos comunicacionales”.
Con información VOA
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