Seis policías que trabajaban en Charallave fueron detenidos por el Cicpc. Estos policías pertenecían al Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas, en el estado Miranda. La razón de su arresto fue que le pidieron dinero a un joven que pasaba por el peaje La Peñita de Charallave.
La detención de los policías, identificados como Cliver José Heredia Herrera, Roddy Hernando Vásquez Jiménez, Jhon Keiver Castrillón Pérez, William Enrique Martínez Navas, César Augusto Goncálvez Carvallo y Nardy Jesús Bonaci Costul, ocurrió después de que la víctima contara lo sucedido en un video en las redes sociales el 30 de abril. El joven, llamado Luis Leonardo Mota Aguirre, dijo que los policías lo detuvieron sin que hiciera nada malo y lo amenazaron con matarlo.
El joven contó que los policías lo pararon en un punto de control en Charallave el 4 de abril, cuando iba hacia Maracay, y le pidieron sus documentos. Aunque todo estaba en orden, un policía de apellido Castrillón le dijo que tenía que ir a la comandancia en Charallave para revisar su información en el sistema policial (Siipol).
Después, el policía se subió al carro del joven, sacó una pistola y lo obligó a darle su celular con la clave. En la sede policial, los policías Cliver Herrera y Vásquez, junto con otro de apellido Bonaci que trabajaba en la Policía Nacional Bolivariana (PNB), le preguntaron a qué se dedicaba. El joven respondió que tenía poco tiempo en el país, después de vivir seis años fuera, según contó en el video.
Tras esa respuesta, los policías lo acusaron de ser parte de un grupo de sicarios. El joven negó esto, pero los policías le exigieron 10.000 dólares para no matarlo. Luego, lo llevaron a un cuarto donde había una mesa con lo que parecía ser droga. Allí le tomaron fotos de frente y de espalda. También lo obligaron a grabar un video diciendo que era miembro de una banda de delincuentes.
Con miedo por su vida, el joven llamó a su cuñado para que buscara el dinero que tenía ahorrado en su casa, producto de seis años de trabajo en el extranjero. Su familiar le llevó 6.430 dólares, pero a los policías no les pareció suficiente y lo obligaron a pedir más dinero a personas fuera del país. Su madre envió otros 1.500 dólares por Zelle al policía Bonaci.
Después de recibir ese pago, los policías liberaron al joven, pero le dieron plazo hasta el 4 de abril para completar los 10.000 dólares, amenazándolo de muerte si no lo hacía o si contaba lo sucedido a las autoridades. Ante esta situación, el joven decidió hacer pública su denuncia en las redes sociales. Después de que el video se hizo viral, los seis policías fueron arrestados por el Cicpc por orden de una jueza del estado Miranda.
La Fiscalía 25 del Ministerio Público (MP) planea acusarlos por no cumplir con sus funciones y por actuar en grupo para cometer un delito. No se mencionaron cargos por robo, extorsión y privación ilegal de libertad.
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