Activistas y expertos sobre la situación actual de Venezuela participaron en la primera sesión frente la Organización de los Estados Americanos (OEA) este jueves en Washington, donde el organismo comenzó a evaluar si este país sudamericano es culpable de la comisión de crímenes de lesa humanidad, abriendo la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda intervenir.
La sesión fue dirigida por el asesor especial – ad honorem – del secretario general de la OEA, y antiguo fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, quien señaló que el proceso adelantado se lleva a cabo conforme a las normas, políticas y prácticas del Estatuto de Roma y la CPI.
Entre los participantes de la primera sesión estuvo presente el coordinador internacional de Foro Penal Venezolano, Julio Henríquez, quien destacó que actualmente hay 566 presos políticos en el país. Henríquez señaló que esto obedece a una política que pretende neutralizar sistemáticamente a quienes resultan políticamente inconvenientes para el gobierno.
Henríquez también indicó que de 116 homicidios en el 2017, 97 de estos habían sucedido desde el 1ero de abril, y todos fueron realizados bajo el marco de las protestas obedeciendo a un plan de ataque contra quienes se oponen al gobierno y no como resultado del uso excesivo de la fuerza como las autoridades oficiales lo pretenden justificar.
Henríquez destacó la falta de voluntad real por parte del Estado venezolano para hacer justicia, y los mecanismos de intimidación que existen hacia los jueces, señalando como hito el caso de la jueza María Lourdes Afiuni – quien en el 2009 fue encarcelada y abusada sexualmente – y hoy permanece bajo arresto domiciliario.
La declaración de Henríquez fue seguida por la de Tarama Suju, directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos (CASLA), quien destacó el tema de las torturas por parte de los funcionarios de los órganos de seguridad del Estado dentro de los centros de detención.
Suju señaló que la tortura había sido asumida como una política de Estado por parte del gobierno de Venezuela, que se comprueba a través de centros de reclusión estructurados para inflingir torturas a víctimas determinadas. Asimismo, añadió que dentro del patrón seguido por los órganos de seguridad se infligía tortura blanca a las victimas de alto perfil y tortura física a los que no tienen un perfil tan elevado.
“Lo más gravé que hemos observado durante los últimos cuatro meses es que la intencionalidad de la tortura es marcarlos” física y psicológicamente de por vida dijo Suju.
El activista y ex preso político Francisco Márquez, director ejecutivo del grupo Visión Democrática, y la activista Johanna Aguirre, viuda de Alejandro Márquez Fagundez, compartieron declaraciones sobre sus experiencias como victimas de los ataques y las violaciones que sistemáticamente han sido impulsadas por el gobierno de Venezuela contra la población.
Márquez tomó la oportunidad para hacer una denuncia oficial contra Carlos Calderón y Roni González, comisarios del SEBIN, a quienes señaló como agentes de tortura.
Según Márquez, quien fue preso político por más de cuatro meses, los oficiales tienen un “incentivo de tortura” que viene del ramo del ejecutivo: “Cuando se despidió de mí me dijo, ‘Asegúrate de hablar muy mal de mi cuando salgas de la cárcel porque me va ir bien con los de arriba,’” contó Márquez, refiriéndose al jefe de la cárcel. “Es decir, el que más tortura, el que más reprime es premiado,”añadió Márquez.
Por su parte, Johanna Aguirre, testifico por ser la esposa de Alejandro Márquez Fagundez, quien luego de haber participado en una protesta en Caracas, fue detenido la noche del 19 de febrero y murió la noche del 23 de febrero de 2014 después de haber sido brutalmente golpeado en la cárcel por los funcionarios del Estado. Aguirre finalizó su intervención solicitando justicia para su familia, y agradeciendo a la OEA por permitirle dar su testimonio.
Durante las 3 horas de la sesión, venezolanos, representantes de organizaciones de derechos humanos y activistas manifestaron su apoyo al proceso inédito liderado por la OEA para la determinación de la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Fuente: NDP
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