La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner quedó eximida de pagar una indemnización de 22.300 millones de pesos al declararse cerrada la demanda civil en su contra por la causa Vialidad. Esta decisión fue tomada por el juez civil y comercial Marcelo Bruno Dos Santos, quien declaró la caducidad del proceso al comprobar que Vialidad Nacional no impulsó el expediente durante seis meses, lo que llevó al cierre del caso.
La defensa de Fernández de Kirchner, dirigida por Luis Goldin, solicitó esta caducidad argumentando que no hubo avances procesales desde el 19 de octubre de 2023, fecha del último acto válido para suspender los plazos legales. Sin embargo, Vialidad Nacional intentó evitar la caducidad alegando que se habían incorporado hechos, pruebas y sentencias del fuero penal para mantener activo el procedimiento.
El juez Dos Santos explicó que la falta de digitalización de un escrito demoró el avance del caso y que, descontando la feria judicial, se había cumplido el plazo legal para la caducidad debido a la inactividad procesal entre marzo y septiembre de 2023.
En paralelo, movimientos sociales impulsaron la campaña internacional “Cristina Libre”, que busca denunciar lo que consideran una persecución política contra la expresidenta. La iniciativa, con apoyo en América Latina, señala supuestas irregularidades en el proceso judicial y vincula a jueces y fiscales con intereses vinculados al expresidente Mauricio Macri y el empresario Héctor Magnetto, propietario del grupo Clarín. Según los promotores, el caso Vialidad es una operación de lawfare que atenta contra la democracia y el derecho del pueblo a elegir libremente.
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