Si bien es cierto que el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio aboga por los beneficios del gremio, nuestro interés mayor es el país. Nos preocupa altamente que en la formulación y discusión de este impuesto tan conflictivo no haya habido consulta previa.
“Solo ayer fuimos invitados a un taller, que en realidad fue una reunión en la que diferentes funcionarios de Finanzas trataron de justificar el impuesto. Explicaron que las medidas del Ejecutivo apuntan a fortalecer la producción nacional y, por ende, al incremento de la formalidad en la economía. Consideramos que las explicaciones no fueron suficientes, no cubrieron las expectativas y hoy estamos más convencidos de que no coincidimos con sus argumentos”.
Así lo expresó, Tiziana Polesel, presidente de Consecomercio, luego de que ese organismo, solicitara una prórroga de la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, IGTF, implantado por el Gobierno Nacional. Por supuesto en dicha reunión tampoco dieron respuesta a la solicitud de prórroga.
En principio, Polesel se basó en principios de legalidad. “Expertos en materia tributaria han expresado que este gravamen es una toma ilícita de la renta de los factores de la producción por lo que no puede atribuírsele el tratamiento de impuesto; además, de no estar anclado en la renta. No toma en consideración la capacidad económica del contribuyente sino un medio de pago”, dijo.
“Lesiona los derechos del trabajador e incumple las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajador (OIT), específicamente, el Convenio 144 que alerta sobre la legislación que afecta el funcionamiento empresarial como fuente de empleo en el país, debe ser consultada. Afecta el flujo de caja de las empresas y se ha convertido en un supuesto de múltiple imposición.”
Por otra parte, la exhortación de Polesel está sustentada en la opinión mayoritaria de los afiliados a Consecomercio, quienes a través de sus cámaras regionales y sectoriales han manifestado su preocupación ante la implantación de este tributo, sin que los afectados o los encargados de la recaudación estén preparados para asumir esta responsabilidad.
No se refirieron a lo acelerado del proceso, -expresó Polesel-, y esa puede ser la razón por la que algunos empresarios estén tomando decisiones precipitadas por la incertidumbre que ha generado la entrada en vigencia de este instrumento legal.
En consulta con los agremiados a Consecomercio, se estima que el 75 por ciento no ha efectuado ninguna transacción, en razón de tener muchas dudas en cuanto a la forma de hacerlo. El 25 por ciento restante lo aplicó parcialmente, pero son empresas pequeñas en su mayoría.
La primera imposibilidad para cumplirlo es que casi ningún comercio cuenta con las maquinas fiscales que exige el ente recaudador y quienes las tienen, no han podido ajustarlas. “Se encuentran en proceso de adecuación de los Firmware. de los equipos. Mientras las casas de software no validen las nuevas
modificaciones, no pueden hacer cambios en sus sistemas. Varias empresas de software están esperando las actualizaciones para ir sacando nuevas versiones”, ha sostenido alguno de nuestros consultados.
Otro impedimento de cobrarlo es, básicamente por el cálculo. Depende de la forma de pago, sea total o mixta y cuál sería la base imponible para definirlo si se cobra o no y de qué forma.
La dirigente empresarial afirmó que son muchos los comercios que han decidido no recibir divisas, hasta tanto no se aclare el procedimiento a seguir. “El precio de venta al público PVP ya incluye el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Significa que ahora se agrega otro tributo. Lamentablemente, la situación económica del país es tan crítica que el contribuyente no quiere saber de otro impuesto”, consideró un entrevistado.
Una queja generalizada en el sector comercio es el período de su instrumentación. No ha habido tiempo para establecerlo por exigencias estructurales, pero tampoco hubo, por parte del sector oficial, una campaña de información orientada en dos sentidos: Uno, en el procedimiento mismo del cobro y del pago y otra, de motivación dirigida a que se encuentre una razón que satisfaga el implantación de un nuevo gravamen”, opinó un encuestado.
Es lamentable que por mantener una posición, un objetivo indeterminado y asirse de la fuerza que da la imposición de ideas y acciones, desde el mismo sector oficial se está perjudicando a la economía nacional que había dado visos de crecimiento leve, pero crecimiento. Adicionalmente, se está incentivando la informalidad, la evasión fiscal y la economía aciaga. Ahora bien, fundamentalmente, se está dañando al consumidor, quien al final tendrá que pagar este tributo.
En consecuencia, reiteramos la disposición del sector privado de contribuir en redireccionar la economía con el diseño de políticas públicas que faciliten la actividad económica y productiva; que sean verdaderamente coherentes y con un objetivo de país enfocado al progreso y al bienestar de la población.
Prensa Consecomercio
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