Los contratos de arrendamiento de las unidades de perforación que operaron en el Proyecto Mariscal Sucre enmarcado en el Plan Siembra Petrolera 2008-2013, significaron la afectación del erario público venezolano, toda vez que los mismos estuvieron plagados de irregularidades y hechos delictivos que han permanecido inmunes y que ahora se pretenden castigar con lo que, sin duda, constituye tan sólo un remedo de justicia que pretende eximir de responsabilidades a las cúpulas gubernamentales y de la estatal petrolera.
Los contratos de arrendamiento de la unidad semi-sumergible Aban Pearl para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera 2010-2018, así como el de alquiler de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn, estuvieron plagados de vicios desde el momento mismo de la planificación hasta la ejecución de estas negociaciones. En esta entrega queremos hacer referencia a estos hechos, los cuales en muchas ocasiones podrían traspasar el umbral de las meras irregularidades administrativas y constituirse en delitos sujetos a penas de prisión.
De esto tal vez nunca se habría hablado si un hecho inesperado no hubiera tenido lugar dejando al descubierto lo que, sin duda, habría sido un gran negocio que hubiera permitido a unos pocos hacerse de una fortuna a costa del erario público venezolano. Y es que el hundimiento del Aban Pearl el 13 de mayo de 2010 permitió descubrir que las autoridades petrolera habían suscrito un contrato de arrendamiento de la referida gabarra por USD 1.315.818.950,00 por un periodo de 5 años, una operación que supuso un sobreprecio de USD 662.475.000,00 frente al cual las autoridades competentes, a saber la Contraloría General, la Fiscalía General y la propia empresa petrolera permanecieron indiferentes, pues a pesar de que el accidente dio fin al contrato, mientras estuvo vigente permitió que los beneficiarios del mismo esquilmaran por lo menos USD 47.916.000,00 de los USD 662.475.000,00 a que aspiraban ponerles la mano.
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