Caracas, 23 de julio de 2026.- Ante la paralización indefinida de los sistemas de transporte vertical en edificaciones multifamiliares a raíz de los movimientos telúricos del pasado 24 de junio, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) acudió a la Defensoría del Pueblo para interponer un petitorio de urgencia. La acción busca frenar lo que catalogan como un “confinamiento indirecto” que afecta a miles de familias y pone en riesgo la habitabilidad de urbanismos de gran altura.
Richard Casanova, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Representantes y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del CIV, se reunió con la defensora del pueblo, Egleé González Lobato, para denunciar que las restricciones actuales obedecen a trabas burocráticas y cobros especulativos que mantienen los equipos inoperativos tras casi un mes de la contingencia.
Vulneración de estándares internacionales
El documento presentado por el gremio señala que la ingeniería de transporte vertical bajo normativas globales (como los estándares ASME A17.1/A17.2, la norma europea EN 81-77 y directrices de Japón) establece protocolos claros ante sismos: una detención automática inmediata durante el evento y una fase de continuidad operativa que exige inspecciones expeditas para restituir el servicio en un lapso no mayor a 72 horas.
“Mantener un edificio de gran altura sin ascensores por casi un mes no incrementa la seguridad; por el contrario, degrada la habitabilidad de la estructura y traslada el riesgo hacia emergencias médicas, desabastecimiento e inmovilización forzosa, afectando críticamente a adultos mayores y personas con movilidad reducida”, advirtió Casanova.
Factores críticos del colapso
El CIV fundamentó la crisis actual en dos problemáticas principales:
1. Cuello de botella institucional: Acusan que el Servicio de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) carece de la capacidad operativa inmediata para certificar de forma masiva a las empresas del sector durante una emergencia, lo que retrasa la evaluación de miles de edificios.
2. Especulación contractual: El gremio calificó de “inadmisible e inmoral” que algunas empresas de mantenimiento con contratos vigentes pretendan realizar cobros extraordinarios por ejecutar inspecciones posteriores al sismo, recordando que dicha evaluación forma parte intrínseca de la conservación de los equipos.
Exigencias puntuales a la Defensoría del Pueblo
Ante la presunta vulneración de los derechos constitucionales a la vida, el libre tránsito y la salud, el CIV solicitó formalmente a la Defensoría del Pueblo:
Exhortar al Ejecutivo nacional y municipal a fijar un lapso perentorio de 24 horas para la evaluación técnica por parte de empresas registradas o profesionales colegiados, y 24 horas adicionales para la reactivación del servicio por parte de las Juntas de Condominio.
Suspender temporalmente la obligatoriedad de la certificación de SENCAMER durante la coyuntura, validando la operatividad mediante el Registro Mercantil vigente de las empresas o la firma de ingenieros mecánicos colegiados.
Prohibir el cobro de honorarios adicionales por parte de las empresas de mantenimiento para inspecciones derivadas del evento sísmico.
Advertir sobre las responsabilidades civiles, administrativas y penales directas que recaen sobre autoridades y Juntas de Condominio ante desenlaces fatales o lesiones derivadas de la falta de evacuación médica.
Para finalizar, el Colegio de Ingenieros ratificó la disposición de su voluntariado profesional y su capacidad técnica para acompañar de manera gratuita los procesos de fiscalización visual necesarios para restituir la normalidad en las comunidades afectadas.
Información: Comunicaciones Política
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