El decreto del lunes del presidente Donald Trump estrecha radicalmente el cerco económico al régimen de Nicolás Maduro, colocando en riesgo de sanciones a las compañías chinas y rusas que aún compran crudo venezolano y amenazando con convertir en paria financiero a toda multinacional que haga negocios con el gobierno chavista, dijeron analistas.
La medida genera un riesgo particular para los magnates venezolanos que amasaron sus fortunas a la sombra del chavismo. Llamados “enchufados o “boliburgueses” en Venezuela, muchos de ellos han logrado maniobrar para proteger sus posiciones.
“Lo que están buscando es poder ir contra China, Turquía o Cuba, o cualquier otra nación que ayude a Venezuela a hacer operaciones comerciales. Si estás comprando su petróleo, pasas ahora a estar en la lista de los más buscados”, advirtió Russ Dallen, presidente de la firma Caracas Capital Markets, con sede en Miami.
Pero el decreto también expone a todo empresario chavista.
“Toda persona vinculada con Maduro se convierte ahora en radioactiva. Y cualquier cosa que ellos toquen pasa a ser radioactivo”, agregó Dallen.
Incluso aquellas personas que no realizan negocios directamente con el régimen, pero sí con quienes lo hacen. Este segundo grupo de personas entra en la zona de riesgo, agregó.
El decreto lleva las sanciones a un terreno extraterritorial, extendiendo la prohibición de hacer negocios con el régimen fuera de Estados Unidos. De manera que si una empresa extranjera, ya sea Rosneft o Petrochina, tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos, esos activos hoy pueden ser confiscados. “Esto ya no solo afecta a los estadounidenses”, enfatizó Dallen.
Rosneft y Petrochina, que siguen comprando crudo venezolano pese a las sanciones impuestas por Washington en enero contra la estatal Petróleos de Venezuela, puede que no tengan abultadas cuentas bancarias en Estados Unidos pero si tienen activos internacionales que ahora podrían quedar vulnerables.
“China y Rusia son los principales blancos, dado a que ellos continúan comprando petróleo a Venezuela, brindando al régimen de Maduro los recursos y ayudándoles a contener sus deudas”, dijeron Mario Mancuso y Sanjay Mullick, de la firma de abogados Kirkland & Ellis, en un informe.
El decreto firmado el lunes prohíbe —salvo que estén expresamente exentas— toda operación con cualquier entidad gubernamental de Venezuela, incluyendo organismos estatales como el Banco Central o la estatal Petróleos de Venezuela, así como cualquier individuo o agrupación controlados directa o indirectamente por ellas.
El enfasis en instituciones del estado diferencia las medidas del lunes al mucho más amplio embargo económico impuesto a Cuba en 1962, el cual también prohíbe las operaciones con individuos y compañías privadas, además de con entidades estatales.
Por otro lado, las prohibiciones solo castigan las operaciones de las entidades estatales controladas por Maduro, exonerando aquellas bajo el control de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente interino, Juan Guaidó.
Esa diferenciación podría exonerar a la Citgo, filial estadounidense de PDVSA cuyo contról paso a manos de la presidencia interina. No obstante, la compañía de refinación enfrenta serios problemas de endeudamiento y podría verse obligada a entrar en una situación de incumplimento de deuda próximamente.
Pero el decreto del lunes sí incrementa el efecto de las sanciones aplicadas previamente en el año, dado a que las nuevas medidas están dirigidas específicamente contra individuos y compañías no estadounidenses, poniéndoles en riesgo de quedar excluidos del sistema financiero estadounidense, agregó el informe de los abogados de Kirkland & Ellis.
“Eso genera presión sobre las instituciones estadounidenses y no estadounidenses para que dejen de hacer negocios con ellos”, resaltaron los abogados.
La medida también prohíbe que personas vinculadas con el régimen puedan entrar a Estados Unidos.
Las medidas no afectan las operaciones de carácter humanitario, como la importación de comida y medicinas, y permiten a los venezolanos que residen en Estados Unidos a seguir enviando ayuda económica a sus seres queridos en el país sudamericano.
“El Departamento del Tesoro tiene el compromiso de garantizar el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano, que sigue sufriendo como resultado de los malos manejos y la corrupción del régimen ilegítimo de Maduro”, dijo el martes Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro en un comunicado.
“Es imperativo que la comunidad internacional siga usando al máximo todas las excepciones por razones humanitarias para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a los venezolanos que sufren como consecuencia de la crisis económica fabricada por Maduro”, agregó.
Diego Moya-Ocampos, analista político de América Latina de la firma IHS Markit, dijo que las medidas anunciadas el lunes son el golpe más duro asestado hasta ahora al régimen de Caracas, extendiendo los castigos que antes estaban limitados a los sectores petrolero y financiero, y a unos 100 individuos, a toda relación económica con el régimen.
En la práctica, esto significa que los costos de operar en Venezuela se van a disparar significativamente para las compañías internacionales, incrementado los costos legales de las empresas, que ahora van a tener un trabajo mucho mayor para cerciorarse de que infrinjan la ley, explicó Moya-Ocampos.
“A cualquier empresa transnacional que no esté explícitamente exonerada por el Departamento del Tesoro y cuente con una licencia para operar en Venezuela se le va a hacer imposible realizar cualquier tipo de operación con el Estado”, dijo Moya-Ocampos. “Con esto, cualquier empresa que provea cualquier tipo de servicio, apoyo logístico, tecnológico, material o financiero al gobierno, en cualquier rubro, está sujeto a sanciones”.
Esas sanciones podría llevar a cualquiera de esas empresas a convertirse en un paria financiero internacional, sin acceso al sistema financiero estadounidense.
Pero incluso si la compañía internacional lograra conseguir autorización para seguir operando en Venezuela, la situación se vuelve tan tóxica que muchas podrían tener pocos incentivos para mantener su presencia allí, en vista del aumento potencial de los costos legales y el riesgo de hacer negocios con una compañía que el régimen use para evadir las sanciones, agregó.
El gobierno estadounidense fue el primero entre más de 50 países en desconocer en enero la autoridad de Maduro y reconocer al juramentado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como el legítimo jefe de Estado, acusando al gobernante chavista de instaurar una dictadura en el país.
Desde entonces, Washington a aplicado una serie de sanciones cada vez más fuertes contra el régimen, incluída a la estatal PDVSA y al Banco Central, así como a más de 100 funcionarios y allegados de Maduro.
Por su parte, el régimen acusa a Washington de hacerle la guerra económica y atribuye el colapso económico a las sanciones.
Más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años para escapar del régimen cada vez más autoritario y de la hiperinflación.
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