La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó este jueves un informe en el que insta al Gobierno en disputa de Venezuela “adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos” documentados en ese país.
El documento, incluso, señala que si no hay mejorías en la situación de la crisis que vive el país, continuará incrementando el flujo migratorio y “empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él”.
En el informe, que abarca el período de enero de 2018 a mayo de 2019, también se indica que en el último decenio “el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
Según la Alta Comisionada Michelle Bachelet, “un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.
También, se hace énfasis en la crisis económica que vive el país y en el agravante que tiene en la profunda crisis. De acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Venezuela cerrará el año con 1.000.000 % de inflación.
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró la Alta Comisionada Bachelet, quien visitó Caracas entre el 19 y el 21 de junio pasado.
Represión y privación de la libertad
En el informe también se contempla la militarización de las instituciones del Estado; incluso, se culpa a fuerza civiles y militares de “detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares”; también, hay denuncias de violencia sexual y de género.
Se denuncia, incluso, a los grupos colectivos por su control y represión y la oficina indicó que se han documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles precisamente a los colectivos.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando especial de la Policía Nacional, también son nombradas en el informe, que indica que, en 2018, el gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”.
“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”, añade el documento.
“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe.
“El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”, expone el texto.
El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad; en lo que ha corrido del 2019, 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
La Alta Comisionada también pidió la libertad de las personas detenidas y el informe pide garantizar la libertad de prensa.
Falta de alimentación y salud
Por otro lado, reitera que se acentúa la crisis de alimentación y la atención sanitaria.
“La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres”, señala.
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