“La gente está hecha de carne y sangre, y de una fibra milagrosa llamada coraje”. Mignon McLaughlin
Cuando uno escucha hablar del caso Paramacay inmediatamente piensa en el Capitán Caguaripano, golpeado, con su cara amoratada, orinando con dificultad en un envase plástico, pero, sobre todo, apartado de su hija y esposa, ambas hoy en el exilio, un cuadro lamentable y preocupante existiendo otros ciudadanos que, como él, están detrás de las rejas después de correr la misma suerte tras ser detenidos por estar implicados en el Caso Paramacay o también conocido como Operación David. Es el caso del Ingeniero en Sistemas Gabriel Jesús Barros Romero, un civil nacido en Maracaibo, Estado Zulia, que fue detenido el 6 de agosto del año 2017, cuando contaba apenas 23 años de edad.
Fue detenido en el Fuerte de Armas Paramacay, ubicado en Naguanagua, Estado Carabobo, y trasladado al DGCIM de Boleita, en Caracas, donde fue torturado cruelmente, 3 años y 4 meses después de ese tormento, aún presenta severas secuelas en su minado organismo. Allí permaneció más de 72 horas con lapsos de inconsciencia, sin saber si fueron días u horas, cuando le permitieron ir al sanitario para poder limpiar de su rostro las heridas ocasionadas por las torturas, fue que pudo aprovechar la ocasión para hacer sus necesidades fisiológicas e ingerir agua del inodoro para hidratarse, ya que no tenía acceso a bebidas y alimentos.
Su madre al saber de lo ocurrido, se trasladó desde Maracaibo, Estado Zulia, su ciudad de origen, hasta Caracas, con el fin de poder localizar a su hijo, ya que no sabía su paradero; recorrió varias Instituciones como el SEBIN ubicado cerca de Plaza Venezuela y Fuerte Tiuna. Hasta que finalmente se dirige a DGCIM de Boleita donde lo encontró recluido, no sin antes pasar por una larga espera y preguntas sin sentido para ella, en medio de tensiones y miedos tras ser abordada, uno tras otro, por varios funcionarios con la aparente intención de intimidarla, cuando pensó que no podía más, le comunicaron que Gabriel Jesús se encontraba ahí, pero que no podía verlo.
El 10 de agosto del 2017, Gabriel Barros es presentado ante un Tribunal Militar de Control en Caracas, juzgado que hizo caso omiso del deplorable estado en que se encontraba, ya que ni siquiera podía mantenerse de pie, las fuertes torturas de los días anteriores lo dejaron sin fuerzas y con problemas de motricidad y orientación. Venía de sufrir asfixias con bolsas plásticas llenas de insecticida y gas lacrimógeno, descargas eléctricas y golpes en sus genitales, tan severos que le produjeron el desprendimiento del testículo derecho y una inflamación que perduró mucho tiempo, además le observaron desprendimiento de las uñas de los pies y signos de duros golpes en la cabeza, aunado a ello fue víctima de intentos de violación. Es trasladado a CENAPROMIL (Centro Nacional de Procesados Militares o Cárcel Militar de Ramo Verde) el 12 de agosto del 2017, donde se encuentra hasta la fecha.
En la audiencia preliminar no asumió los cargos que le imputaron: Traición a la Patria, Rebelión Militar, Sustracción de Efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, entre otros que enrostran a los civiles para procesarlos en la jurisdicción militar. Actualmente se encuentra en Fase de Juicio, ante el Tribunal Primero del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Fuerte Tiuna, Caracas, en varias oportunidades ha sido diferida la audiencia, siendo uno de los procesados que por estos días ha recibido presiones para que admita hechos extemporáneamente, vista la actuación de la Comisión de Determinación de hechos en el país. Los abogados que llevan su caso son: Rachel González, Luis Medina y Alejandro Cantillo, bajo el número de expediente TM1J-007-19.
El pasado mes de junio del año en curso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó una medida cautelar en resguardo de su vida e integridad física por las patologías y perjuicios irreparables causados por las torturas que le aplicaron. Como era de esperar, la CIDH no ha recibido respuesta a las recomendaciones dadas al Estado Venezolano a los efectos de proveerle a Gabriel atención médica adecuada y oportuna, por ejemplo, Gabriel necesita con urgencia chequeo médico por especialistas en neurología, por los fuertes dolores de cabeza que padece después de los inhumanos golpes que recibió a su paso por la DGCIM en agosto de 2017, pero a la fecha no le han permitido acceso a los servicios clínicos que ameritan también su pérdida de memoria temporal y el malestar e inflamación por el desprendimiento no tratado del testículo derecho que exige cuando mínimo Eco Doppler Testicular y el debido tratamiento urológico.
Los únicos que habrían evaluado a Gabriel serían funcionarios del Ministerio Público, quienes realizaron un chequeo general para determinar las condiciones físicas en las que se encuentra, ello como consecuencia de las dolencias que a diario lo aquejan como consecuencia de las torturas y malos tratos que recibió durante su reclusión en Boleita. La actuación de los funcionarios del Ministerio Público la dio a conocer el mismo Gabriel mediante una carta escrita que envió a sus familiares, haciendo saber que dicha evaluación fue realizada el 30 de septiembre del presente año.
Desde marzo del año en curso y a consecuencia de la pandemia del Covid-19 están restringidas las visitas a Ramo Verde, razón por la cual no se sabe exactamente el estado de salud de Gabriel Jesús Barros Romero, únicamente por notas escritas que ha hecho llegar a sus familiares da a entender que no se encuentra nada bien en cuanto a su salud emocional, física y mental, algo que mantiene a su madre y a su padre sumamente preocupados y desesperados, confiados en que Dios ablandara el corazón de su juzgadores y custodios para que con base a la evaluación médica que le practicaron en septiembre de este año le provean los medios de salud que hasta ahora le han negado, y les hacen un llamado a ser justos en la aplicación de la ley.
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