Jorge Montes, uno de los más de 20 ciudadanos afectados, denunció públicamente la falta de respuesta por parte de las autoridades tras un procedimiento realizado el 10 de noviembre de 2023 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en un concesionario de vehículos ubicado en Mañongo, estado Carabobo.
Montes explicó que el operativo afectó directamente a familias que habían dejado sus vehículos en consignación.
“Han pasado más de 20 meses sin que se nos brinde información clara ni se nos permita recuperar nuestros bienes. Son vehículos adquiridos con años de trabajo y esfuerzo. Hoy estamos a la deriva y esto para muchos era un capital para tratar de sacar algún proyecto adelante”, expresó.
Los afectados han acudido en reiteradas ocasiones a instancias como el Ministerio Público y la Fiscalía 83 con competencia nacional, sin obtener respuesta.
“La Carta Magna establece en el artículo 51: que garantiza el derecho de toda persona a presentar peticiones o quejas ante cualquier autoridad o funcionario público, y a recibir una respuesta oportuna y adecuada, pero lo que hemos obtenido es hermetismo absoluto”, agregó Montes.
Ante esta situación, los afectados solicitaron la intervención directa del presidente de la República, Nicolás Maduro, del Fiscal General Tarek William Saab y el ministro de Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello.
“Pedimos al Fiscal General, al presidente de la República y el ministro de Interior que se pronuncien, que garanticen nuestros derechos como ciudadanos y como padres y madres de familia que hemos visto comprometido nuestro patrimonio”, concluyó.
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