Tras meses de evitar detalles sobre su polémico plan para acabar con la ciudadanía por nacimiento, el gobierno del expresidente Donald Trump publicó recientemente varios documentos oficiales que clarifican cómo pretende implementar este decreto, que rompe con la tradición de más de un siglo de reconocer la ciudadanía automática a quienes nacen en Estados Unidos.
Estos documentos, elaborados por seis agencias federales tras una histórica decisión de la Corte Suprema que permite al gobierno avanzar, aunque el decreto está suspendido por nuevas medidas judiciales, indican que a los padres de bebés nacidos en EE.UU incluidos ciudadanos estadounidenses se les exigirán requisitos adicionales para comprobar su estatus migratorio al solicitar pasaportes o números de Seguro Social para sus hijos.
Por ejemplo, el Departamento de Estado señala que para procesar solicitudes de pasaporte se requerirá «prueba original» del estatus migratorio o la ciudadanía de los padres, para verificar si los recién nacidos son ciudadanos estadounidenses. De manera similar, la Administración del Seguro Social indicó que un certificado de nacimiento con lugar de nacimiento en EE.UU. ya no será suficiente para demostrar la ciudadanía de los nacidos después de que entre en vigor el decreto.
Además, agencias como Salud y Servicios Humanos, Medicare y Agricultura detallan procesos para verificar la ciudadanía en otros servicios sociales, basándose en un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Según este documento, quedan exentos de la política hijos de refugiados y asilados.
El decreto firmado el 20 de enero por Trump busca impedir que se reconozca la ciudadanía estadounidense a niños nacidos en el país de padres que estén ilegalmente o con estatus temporal. Sin embargo, varias cortes federales han bloqueado su implementación y la lucha legal continúa.
Defensores de los derechos de inmigrantes han señalado que, mientras siga bloqueado por la justicia, el decreto es inconstitucional y cruel, recordando que los niños nacidos en EE.UU. siguen protegidos independientemente del estatus de sus padres. En la práctica, el decreto cambiaría el proceso de documentación al nacimiento, requiriendo pruebas adicionales de los padres y generando incertidumbre sobre cómo aplicarán hospitales y gobiernos estatales estas regulaciones.
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