Wilmer Escaray, propietario de un negocio en la mayor comunidad venezolana de Estados Unidos, se encuentra abrumado y en estado de shock.
La reciente decisión de la Corte Suprema, que permite al presidente Donald Trump eliminar las protecciones legales para cientos de miles de inmigrantes venezolanos, lo ha dejado sin claridad sobre los pasos a seguir.Escaray, quien posee 15 restaurantes y tres mercados, la mayoría en Doral, una ciudad de 80,000 habitantes en el área de Miami conocida como “Pequeña Venezuela” o “Doralzuela”, enfrenta una situación incierta. Alrededor del 70% de sus 150 empleados y muchos de sus clientes son inmigrantes venezolanos que actualmente cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El lunes, la Corte Suprema revocó una decisión de un juez federal que había bloqueado los planes del gobierno para eliminar las protecciones legales de 350,000 venezolanos, quienes ahora podrían estar en riesgo de deportación.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró la decisión, no ha proporcionado información sobre cuándo finalizará el TPS ni qué acciones deben tomar los empleadores y beneficiarios.Como muchos otros dueños de negocios con empleados venezolanos, Escaray se siente perdido respecto a su próximo paso.
No sabe cuánto tiempo más sus empleados tendrán autorización legal para trabajar ni cómo podría apoyarlos en esta difícil situación.
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