El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema autorización para poner fin al programa de permanencia temporal (parole) implementado durante la administración de Joe Biden. Este programa permitía a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
La solicitud de emergencia representa el intento más reciente de la administración Trump de revertir fallos de tribunales inferiores. Estos fallos han obstaculizado los esfuerzos del presidente por avanzar con su política migratoria.
En su apelación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó la eliminación del programa de parole como “una de las decisiones de política de inmigración más consecuentes de la administración”. El gobierno dijo al alto tribunal que las órdenes de tribunales inferiores trastornaron “políticas de inmigración críticas”.
El programa autoriza la estancia y el permiso de trabajo en Estados Unidos por hasta dos años para ciertos extranjeros. Estos extranjeros deben contar con un patrocinador estadounidense, superar los controles de seguridad y no haber ingresado ilegalmente al país después de 2022. En su primer día en el cargo, Trump firmó un decreto para terminar con esta política.
Tras una demanda presentada por un grupo de beneficiarios del programa, la jueza de distrito Indira Talwani emitió una orden para bloquear temporalmente el intento del gobierno de eliminar el programa. La administración aún conserva la facultad de revocar el parole de manera individual tras una evaluación caso por caso.
A comienzos de este mes, un tribunal federal de apelaciones en Boston rechazó suspender la orden temporal emitida por la jueza Talwani. El resultado de este litigio podría tener implicaciones para más de 500.000 personas beneficiadas por el programa.
El gobierno dijo a la Corte Suprema que las personas que se benefician del programa “aceptaron el parole con plena conciencia de que el beneficio era temporal, discrecional y revocable en cualquier momento”. Los jueces escucharán los argumentos el 15 de mayo en un caso relacionado con los esfuerzos del presidente para frenar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
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