El piquete de seguridad detuvo la marcha del comité una cuadra antes de la avenida Urdaneta. En el lugar, manifestantes increparon a los oficiales, explicando el propósito de la movilización y negando la versión oficial sobre la inexistencia de detenidos por las protestas. Videos difundidos por la ONG Provea y medios de comunicación captaron momentos de tensión durante la interacción entre los manifestantes y los funcionarios de la PNB, así como la presencia de efectivos de la GNB grabando a los asistentes.
Los familiares cuestionaron el trato recibido en comparación con la atención brindada a venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador, preguntando por qué no se defendían los derechos de sus hijos detenidos en el país por motivos políticos. La consigna principal de la protesta fue: “Ni terroristas ni delincuentes. Nuestros muchachos son inocentes”.
Pasado el mediodía, la PNB permitió que una comisión reducida avanzara para entregar un documento en Miraflores. Según cifras de Foro Penal actualizadas hasta el 31 de marzo, al menos cinco adolescentes, con edades entre 14 y 17 años, permanecen detenidos tras las protestas poselectorales. La misma organización reportó un total de 903 presos políticos en Venezuela, de los cuales 736 son civiles y 167 militares. Desde 2014, Foro Penal ha registrado 18.326 detenciones políticas en el país.
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