La corrupción… Tal como un vecino indecoroso, fiestero y ruidoso, incomoda a aquellos a su alrededor, pero cuando invita a sus fiestas, nadie parece quejarse. Todos son amigos. No importa si se va la luz, pues la Corrupción alimenta su casa energéticamente con la luz de otra calle, quitándosela a otro en consecuencia, y que siga la fiesta.
Eso es típico, Corrupción le quita a uno para abastecerse a sí misma, y no creas que por invitarte a una fiesta son amigos, pues puede quitarte la luz a ti mañana.
A los políticos les gusta ir de fiesta con Corrupción, pero si les preguntas, no la conocen. Sólo la han visto de lejos, usualmente con otro colega.
Corrupción aparte de fiestas, también hace favores, por eso nadie se queja. Pero los favores salen cada vez más caros, sin importar la gravedad del problema…
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Para hablar de trascender de la corrupción sistémica, principalmente se debe entender el contexto en el que dicho sistema se desenvuelve. Del mismo modo, es importante destacar, que sin importar las políticas que se apliquen, los castigos, las reformas e incentivos, la corrupción es un fenómeno que nunca va a ser totalmente erradicado, pues el libre albedrío de los individuos les permite tener la autonomía de actuar como le parezca oportuno, sin importar las consecuencias, por lo que, al hablar de detener la corrupción, se refiere a una cuestión de voluntad. La voluntad de actuar moralmente. Por ello, todo lo escrito posteriormente, está desarrollado en un ámbito hipotético de mi propio pensamiento crítico, borde en lo ingenuo por mi inexperiencia, además, la complejidad del tema exige un desarrollo y estudio profundo de la situación, más de lo que yo podría ofrecer, por lo que soy consciente de vacíos en mi discernimiento. De este modo, mi recomendación es entender mi pequeño análisis como un modelo muy general de trascendencia de la corrupción sistémica.
Para el máximo desarrollo del presente ensayo, se dividió el trabajo en dos partes: la primera, un análisis de lo que se ha concebido como corrupción en Venezuela, pasando por la opinión pública en función de comprender que la problemática no es una novedad en el escenario político, y además era bien conocido por los ciudadanos, así como por las propias autoridades. Asimismo, la segunda parte se basó en estos antecedentes para así llegar a posibles objetivos a corto y largo plazo de modo que este grave problema logre llegar a un punto en el que pueda ser maleable y controlado.
El contexto.
Es abril del año 2023, y en Venezuela abundan las noticias sobre el más reciente arco narrativo del país: la revelación de casos de corrupción en el sector público, donde hasta ahora, 51 funcionarios y empresarios relacionados al Estado han sido detenidos por ser implicados en dicha trama. Naturalmente, un acontecimiento de tal magnitud ha resultado en reacciones que varían desde aceptación, rechazo, escepticismo, neutralidad, esperanza utópica, hasta teorías de conspiración entre otros criterios. Pero, un gran factor en común, han sido las preguntas que se han desarrollado a medida que la cacería continúa y nuevas figuras son expuestas, tales como ¿quién será el siguiente? ¿cómo y cuándo inició esta trama? Y, principalmente ¿se podrá trascender de ello? Si bien no poseo el suficiente conocimiento o información para responder la primera pregunta, pretendo ahondar en la segunda con lo factible y de ese modo, poder responder de la forma más precisa posible la última pregunta. Así, he aquí los hechos.
La primaria fuente de información en mi consideración es la opinión pública, que, si bien puede ser una afirmación controversial, pues se debe aclarar que el ciudadano no siempre está apropiadamente informado, se debe reconocer que cuando sus necesidades se ven comprometidas, el juicio del ciudadano es el más certero. Y es precisamente esa esencia natural y sencilla la que busco en función de plasmar una idea objetiva, incluso fuera de mis propios sesgos y opiniones sobre el escenario político venezolano en su totalidad -las cuales abundan- pues el país sufrió una neta polarización política, cuando aún la calidad de vida no era un lujo para la mayoría, y los ciudadanos todavía podían elegir, participar y opinar distintamente, pues las necesidades básicas no eran una preocupación. Hoy en día, tras la devaluación severa de la moneda, la escasez, y las consecuencias de una desestabilidad política y social (más antigua de lo que se cree), se ha llegado a una especie de reconciliación forzada entre dos polos que sufrieron bajo la misma crisis. De este modo, la opinión pública puede ser interpretada como un lienzo en blanco, donde, si bien no se niega la existencia actual de defensores y creyentes de un dogma u otro, es a través de estas necesidades que se puede llegar a una opinión colectiva.
De este modo, entendiendo la opinión pública como una fuente auténtica de información en momentos de crisis, y observando la reciente epidemia de corrupción, donde cada día aumentan los acusados y la cantidad de dinero robado (oficialmente), se considera apropiado tomar en cuenta el criterio ciudadano, pues la situación ya es una evidente e incuestionable crisis. Así, revisamos la opinión pública acerca de la transparencia (o falta de ella) en los procesos públicos, el uso de recursos gubernamentales y demás acciones pertinentes al sector público, en búsqueda de respuestas y soluciones a este extenso problema. Y el discernimiento de una mayoría de la ciudadanía coincide en un criterio negativo hacia la labor del sector público; y las razones no escasean, pues como ciudadana puedo declarar que en varias ocasiones he sido testigo y partícipe en procesos extraoficiales por parte de funcionarios públicos, al nivel que es una ocurrencia normalizada en Venezuela el tener que pagar un soborno a un funcionario para agilizar procesos, o el ser víctima de extorsión por parte de oficiales policiales en procedimientos aleatorios. Pero hablemos de números:
De acuerdo a una encuesta realizada por la empresa More Consulting en mayo de 2022 (la investigación más reciente encontrada pertinente al tema) que evaluó el nivel de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, se encontró un 37.9% de confianza hacia el gobierno nacional, un 44.3% para el Consejo Nacional Electoral, mientras que el sistema judicial obtuvo un 35.6%. Si bien el estudio no especificó las razones de los individuos, estos números nos confirman que una mayoría rechaza al sector público al desconfiar del mismo. Cabe destacar que entre los aspectos legitimantes de un gobierno (el máximo administrador) en un Estado de derecho, se encuentra la aceptación de una mayoría de ciudadanos; si traducimos estas cifras, de acuerdo con la encuesta aproximadamente un 62.1% de la población desconfía del gobierno, lo cual evidencia no sólo un descontento nacional hacia el gobierno ‘chavista’, sino también la incapacidad por parte de éste mismo de satisfacer a la población.
De tal modo, reitero que las razones por dicho rechazo fueron omitidas, sin embargo, podemos suponer diferentes motivos; Reverón y Vargas señalan en su investigación “Venezuela: confianza vs desconfianza en las instituciones y gobernabilidad” como la confianza del ciudadano está relacionada a la gobernabilidad, y esta gobernabilidad es basada en varios aspectos entre los cuales podemos destacar la rendición de cuentas, la estabilidad política, y el control de la corrupción. Y si observamos el artículo 141 de la Constitución de la República, donde se establece que la administración pública se fundamenta bajo principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en la función pública, podemos deducir que el gobierno está fallando en la aplicación de estos fundamentos, y, por ende, existe tal considerable nivel de desconfianza de la población. Ahora bien, en relación con el tema principal, estos principios, sobre todo la transparencia, rendición de cuentas y honestidad, se presentan como una herramienta de defensa contra un problema como la corrupción, sin embargo, si tomamos en cuenta el índice de percepción de la corrupción realizado por Transparencia Internacional de 2022, donde Venezuela obtuvo un 14 en una escala de 100, considerado el país más corrupto de América, y el cuarto del mundo, señalando que “tiene instituciones públicas que han sido infiltradas por redes criminales”, notamos en este sentido, como la corrupción es un problema mucho más grave de lo que el gobierno, aun considerándolo legítimo, ha pretendido solucionar.
Así, comprendemos que la corrupción es un problema conocido tanto por los ciudadanos, quienes por ende no confían en las instituciones, como por los entes internacionales, como ha sido plasmado en el reporte de Transparencia Internacional, por lo que naturalmente, debe ser conocido por las propias autoridades venezolanas. Y esto genera dudas sobre las razones por las que este problema no haya sido reconocido de esa forma antes, por no haberse tomado medidas severas hasta este momento. No puede justificarse el desconocimiento de una falta así con otro argumento que no sea incompetencia, o complicidad e incluso participación de haberse una omisión consciente por parte de las autoridades en estas graves acciones.
Pero en pleno 2023, relacionada con el amplio historial de acusaciones de corrupción hacia el presente gobierno, como han sido los casos de Odebrecht, las varias denuncias e investigaciones internacionales en relación a sobornos, lavado de dinero y narcotráfico, sólo me queda interpretar el último argumento como el verídico, y asimilar al gobierno nacional como un secuestro del poder público a manos de una red de criminales. Sin embargo, debemos entender que la corrupción no es una práctica desarrollada netamente en los veintitrés años de chavismo, por el contrario, la historia del Estado venezolano se ha asentado bajo clientelismo, nepotismo y corrupción desde sus inicios. De este modo, entendemos entonces que la corrupción es un fenómeno piramidal, una enfermedad degenerativa que nunca fue corregida debidamente, por lo que logró esparcirse hasta resultar en una epidemia subversiva, que ha sido normalizada y aceptada por los venezolanos ya que esta proviene de los niveles más altos de la escalera jerárquica, donde las autoridades, el sistema judicial, las fuerzas policiales y el poder ejecutivo son corruptos, entonces no queda nada más que una amarga aceptación. ¿Cómo puede solucionarse un problema tan arraigado en la naturaleza del Estado, cuando no hay garantías en ninguno de los cinco poderes centrales de un proceso neto, limpio y transparente?
Las soluciones.
Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas.
Entendemos entonces, que la gravedad de la situación trasciende más allá de lo que sería considerado un problema solucionable en un Estado democrático y libre, donde si bien puede existir la corrupción, esta es observada, controlada y penada por las autoridades pertinentes. En Venezuela, no hay una estructura estable, legal y legítima que regule la sociedad, mucho menos a las instituciones, una depravación en la posesión y organización del poder; en otras palabras, no hay un verdadero Estado de derecho. Así, conociendo el contexto, para suponer trascender de una corrupción sistémica que se ha desarrollado en el país desde hace décadas, antes del chavismo incluso, es necesario idear un plan general de varias etapas a corto, mediano y largo plazo, o también entendidas como una primera fase de purga, una segunda fase de reestructuración y fortalecimiento, y así finalmente llegar a una fase de control.
En este sentido, debo destacar primeramente que mi carácter es flexible, pues creo en la libertad individual siempre y cuando no afecte la integridad de terceros, y mi postura neutral cuando se trata de justicia, por ello, naturalmente rechazo el extremismo en cualquier esfera. Sin embargo, cuando se pretende solucionar una crisis de este ámbito, considero que debe haber cierta radicalización y severidad en las medidas a tomar, pues el hombre es un ser de costumbres, las cuales son, en cierto sentido moldeadas -y, por ende, controladas- por las autoridades, y coincidiendo con la premisa contractualista, de no haber una figura firme que regule este comportamiento, no hay garantía alguna que no vaya a derivar en costumbres negativas, como es el caso actual en Venezuela. Por ello, se debe realizar un proceso de re-acostumbramiento en la población, lo cual es logrado a través de medidas severas e inflexibles, como fue mencionado anteriormente; un ejemplo de ello son las -controversiales- políticas implementadas en El Salvador bajo la administración del presidente Bukele, (que debo destacar, no apoyo éticamente), han sido eficaces en el país constantemente azotado por la criminalidad. Aclarando la dualidad de mi posición, por un lado, como ciudadana defensora de la libertad individual y de los Derechos Humanos, y por otro, asumiendo una postura de autoridad en un país social, económico y políticamente inestable, el bien común a largo plazo (en este caso, la supresión de la corrupción) se sobrepone ante la indulgencia individual.
Ahora bien, Transparencia Internacional establece cinco puntos clave para detener la corrupción, que pueden ser empleados como base para fundamentar el plan general para trascender de la corrupción, entre los que destacan: 1) acabar con la impunidad; 2) reformar la administración pública y gestión financiera; 3) promover la transparencia y acceso a la información; 4) empoderar a los ciudadanos; y 5) cerrar lagunas internacionales. De este modo, considerando el alcance del problema, el plan debe ser ideado con objetivos a corto y mediano plazo que logren mermar el problema hasta un asunto maleable, y así, detener la corrupción a largo plazo.
La primera fase de purga debe consistir en un minucioso proceso de estudio de las instituciones del Estado, específicamente los funcionarios que las conforman, y si cuya labor en el poder público correspondiente (ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral) posee irregularidades, cualquier tipo de asociación con individuos acusados de corrupción, o, naturalmente, la participación en estos actos, se enfrentarán a las consecuencias adecuadas, sea destitución o sanción pertinente. A su vez, estas investigaciones deben ser supervisadas por autoridades neutrales internacionales que garanticen la objetividad en el proceso, y así evitar la impunidad que se ha desenvuelto a lo largo de los años. De este modo, es imperativo la descentralización de los poderes públicos, pues el ejecutivo controla los demás poderes, por lo que no hay ninguna institución que regule su autoridad. La participación ciudadana es otro elemento fundamental, estos procesos deben ser transparentes y sin censura alguna, de modo que los ciudadanos puedan verificar y fiscalizar estos procedimientos.
El poder judicial debe ser depurado a corto plazo, seguido inmediatamente de los juicios y condenas concernientes a aquellos funcionarios que sean encontrados culpables o relacionados a estos actos delictivos. En esta primera fase, el poder judicial debe ser implacable y severo, pues es quien va a poseer la responsabilidad de purgar las demás instituciones del Estado posteriormente. Del mismo modo, la comunicación es otra herramienta sustancial en la lucha contra la corrupción sistémica, en el sentido tal que el concepto de corrupción debe ser desnormalizado, lo que eventualmente derivará en la desnormalización de la práctica, por lo que, a través de una campaña de concientización en la población, que asocie este concepto con connotaciones negativas y consecuencias infamantes, y también fomente la denuncia de estos actos, se logre, precisamente desestimar dicha práctica.
Como fue mencionado anteriormente, el objetivo a corto plazo es purgar las instituciones para poder rehabilitarlas posteriormente, y la clave para ello es la fiscalización apropiada, la cual se puede respaldar en autoridades y organismos internacionales y, naturalmente, la ciudadanía venezolana.
Seguidamente, la segunda fase consiste en una reforma del sector público, y no necesariamente en un ámbito legislativo, pues las leyes existen para cada área del poder público, por ejemplo, la administración pública es regida por la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la propia Constitución de la República e incluso un Código de Ética del funcionario público y demás decretos; el problema yace entonces en su cumplimiento, cuya omisión se ha incrementado en los últimos veinte años. Lo que me lleva al principal problema que se busca solucionar a mediano plazo: la alta carga burocrática en Venezuela.
Tras el proceso de descentralización que inició a finales de los 80’s, principios de los 90’s, marcado por las primeras elecciones regionales celebradas en Venezuela en el año 1989, que buscaba la delegación de competencias del Estado y así reducir y modernizar al mismo a la vez que la eficiencia es mejorada y la democracia profundizada en localidades rurales, el progreso que se había desarrollado en el aparato del Estado se vio detenido y posteriormente retrasado a medida que la cifra de empleados públicos se duplicó de casi 2 millones en 1999, a un aproximado de 4 o 5 millones de empleados actualmente (no se encuentran datos oficiales). Entonces, el Estado se expande nuevamente con la llegada del Socialismo del siglo XXI, lo que deriva en la centralización de las competencias nuevamente.
En este sentido, de acuerdo al Índice de Burocracia para América Latina en 2021, Venezuela ocupa el último lugar junto con Argentina como los países más burocráticos e ineficientes de la muestra tomada, países que a su vez poseen la mayor inflación de América Latina, lo que me hace reflexionar sobre una correlación entre el exceso de trámites y la desvalorización económica. Y precisamente esto es señalado en el observatorio de gasto público de CEDICE, donde destacan los nuevos modelos de gestión pública como estrategia para modernizar el Estado y así, incrementar la eficiencia, descentralización y agilización de procesos, mediante herramientas como la reducción de costos transaccionales (trámites). Asimismo, expresan la importancia de las empresas pequeñas en la productividad nacional, por lo que mientras mayores sean los trámites públicos requeridos, menores posibilidades de desarrollo hay para estas pequeñas empresas, por lo tanto, efectivamente reafirman la relación entre el nivel de burocracia del Estado y la productividad empresarial.
Así, podemos destacar en esta segunda fase de reestructuración, el elemento primordial sería la disminución de la burocracia, lo cual no sólo impulsaría la economía, sino que al reducir las trabas formales que conllevan los trámites públicos, se reducen igualmente las posibilidades de soborno tanto de parte del funcionario como del usuario.
En otro orden de ideas, para fortalecer las instituciones, se requiere que las leyes establecidas sean cumplidas, y el poder público debe recuperar su integridad y exclusividad, lo cual puede ser logrado en parte a través de incentivos al funcionario. El salario y beneficios de un servidor público deben ser óptimos, de modo que mayor sea la utilidad de realizar su trabajo que de incurrir a sobornos y arriesgarse a una sanción. De ahí la exclusividad, la entrada al poder público debe ser una competencia entre aspirantes preparados, individuos que no sólo cumplan los requerimientos académicos sino también éticos y morales. La función pública consiste en servir al país, por lo que el empleado público debe ser el ejemplo primario de responsabilidad y servicio a la nación.
A mediano plazo es imperativo la formación de valores, no sólo entre los servidores públicos sino en la ciudadanía en su totalidad. Se debe informar al ciudadano sobre la corrupción como el acto delictivo que es, para que pueda identificarlo y denunciarlo cuando sea necesario, por lo que la transparencia es una herramienta primordial en la rehabilitación de las instituciones; asimismo, en mi opinión, el método de información debe ser crudo (sin censura y consecuencialista) de modo que no sólo sirva para informar, sino también para advertir a los individuos lo que acontecerá de incumplir la ley.
Así, a mediano plazo, el objetivo son las instituciones, la recuperación de las mismas tras la depuración radical de estas, así como la inclusión de servidores públicos capacitados y competentes, el fomento de principios de transparencia y ética en la función pública, así como el impulso de valores en la población general, quienes, a su vez serán constantes testigos de las consecuencias de cometer un acto de corrupción.
De este modo, una vez se haya logrado cierta estabilidad en las instituciones del Estado, se puede empezar a controlar la corrupción. Pues el elemento sistémico, el responsable de la descomposición en la estructura del Estado y, en consecuencia, la normalización de actos corruptos, finalmente será dirimido al haber purgado del Estado a cada individuo culpable de alguna acción corrupta, principalmente los responsables a la cabecera, quienes servirán como ejemplo para el resto de la población. Entonces la fase final consiste en el seguimiento constante de la transparencia y responsabilidad en la función pública, la cual se logra a través de la supervisión de la Contraloría General de la República, la obligación de rendir cuentas no sólo ante los poderes públicos, sino hacia los ciudadanos, a quienes se buscaría empoderar por medio de procesos que impulsen la participación ciudadana más allá del voto, sino también denuncias, sugerencias y quejas que sean tomadas en cuenta por las autoridades. La declaración jurada de patrimonio es otro elemento clave en el control de la corrupción al que los funcionarios deben someterse anualmente, la cual, de no ser realizada en el plazo establecido, generará una multa y posible sanción.
El control de la corrupción es la etapa más larga, e incluso la más importante y la más difícil de mantener, pues es la que definirá el éxito del plan contra la corrupción. Y más allá de condenas e incentivos, lo esencial en la etapa final es la educación en la ciudadanía, una garantía de que un problema degenerativo como lo es la corrupción sistémica sea inconcebible, una política de tolerancia cero hacia la corrupción que logre implantarse en el pensamiento del ciudadano, de modo que esta práctica sea considerada a largo plazo como una anomalía y no una acción común.
Conclusión
La corrupción sistémica es un problema de costumbre, por lo que, para eliminarla, se debe tratar como tal, y la mejor forma de acabar con una mala costumbre no es de forma pasiva y paulatina, sino deteniéndola abruptamente y arrancándola de raíz. Por ello, es necesario tomar medidas severas e inflexibles si se pretende acabar con un problema que se encuentra adherido en la estructura del poder público, tal como un tumor que es imperativo extirpar.
De este modo, y tomando en cuenta el tiempo que dicho problema ha gozado para desarrollarse, expuse un plan con objetivos generales claves para trascender de la corrupción sistémica en el aparato del Estado, y eventualmente lograr una estructura cuya corrupción sea maleable y controlable, pues no hay forma -democrática- de someter el comportamiento de cada individuo de la población, por lo que no se podría hablar de eliminar totalmente la corrupción, pero con la supervisión y herramientas adecuadas, la corrupción puede llegar a ser un problema manejable e inclusive insustancial.
En este sentido, a corto plazo, los objetivos del plan consisten en una depuración total de las instituciones del Estado, la expulsión de cada individuo asociado con acciones corruptas del poder público, así como los castigos pertinentes. El poder judicial debe ser el primer ente que sea purgado, de modo que este sea el responsable de investigar a los demás poderes posteriormente. Y en función de mantener la objetividad e imparcialidad en estos procesos, es necesario contar con la presencia de autoridades neutrales internacionales, así como promover la información en la ciudadanía, de modo que pueda haber un seguimiento totalmente transparente de dichos procedimientos.
Seguidamente, a mediano plazo se discute una reestructuración de las instituciones enfocado en la disminución de la burocracia, tanto como fomento en la productividad económica al reducir los costos de trámites, así como también reducir las posibilidades de incurrir a sobornos tanto de parte de funcionarios como de los usuarios para agilizar los procesos. Asimismo, es necesario que el ingreso al poder público sea exclusivo para personas preparadas tanto académica como éticamente, que cumplan con los requerimientos exigidos en el área, pues el funcionario público debe valerse de principios de responsabilidad, honestidad y eficiencia, dado a que su labor es servir al país. Por ello, se debe incentivar al servidor con un salario apropiado y beneficios que lo motiven a realizar su trabajo, y no cometer el riesgo de perderlo o incluso ser sancionado al cometer actos corruptos.
Finalmente, a largo plazo el objetivo es controlar la corrupción, y para ello, la tarea más larga y compleja de todas: educar a la ciudadanía. La mayor garantía de que la estructura del Estado no volverá a corromperse sistemáticamente es adiestrando íntegramente a los futuros ciudadanos que lo manejarán. Por eso, esta es la etapa final y más prolongada, pues si bien la brusquedad es necesaria para atacar el problema al inicio, cuando se trata de llenar ese vacío que dejó las ruinas de la corrupción sistémica, y crear una nueva estructura ordenada y transparente, el trabajo debe ser constante y extenso, los principios deben ser enseñados y recordados diariamente, sin olvidar que la estabilidad de dicha estructura, como ya ha sido demostrado, es algo ilusorio, y siempre puede volver a caer.
Bibliografía
Admin. (n.d.). #VenezuelaEnÍndices | Venezuela, el país más burocrático de América Latina (2022) Observatorio De Gasto Público. https://cedice.org.ve/observatoriogp/venezuelaenindices-venezuela-el-pais-mas-burocratico-de-america-latina/
Estévez, A. M. Reflexiones teóricas sobre la corrupción: sus dimensiones política, económica y social (2005) Centro de Investigaciones en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842005000100004
Estudio de Opinión de More Consulting. (n.d.). https://es.slideshare.net/anmon12/estudio-de-opinin-de-more-consulting
Marín Boscán, F. La corrupción: ¿Un problema de sociedad y/o político? (2004) Departamento del Derecho del Trabajo Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. En: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682004000200004
Reverón Escobar, Z., & Vargas Cacique, A. (1). Venezuela: Confianza Vs. Desconfianza en las Instituciones y Gobernabilidad. Cuestiones Políticas, 25(42). Recuperado a partir de https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/14488
Transparency International. (2020, November 3). How to stop corruption: 5 key ingredients – News. Transparency.org. https://www.transparency.org/en/news/how-to-stop-corruption-5-key-ingredients
Ugaz, J, C. La gran corrupción en Venezuela y su impacto en la región latinoamericana (2018) Informe Corrupción 2018. En https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2019/11/La-gran-corrupci%C3%B3n-en-venezuela-y-su-impacto-en-la-regi%C3%B3n-latinoamericana.pdf
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