Los seres vivos requieren de ciertos elementos para subsistir. Es un hecho que el animal, la planta y el hombre son semejantes pues todos poseen necesidades para sobrevivir, tal como la necesidad de alimento. De manera muy general, el animal, dependiendo de su clasificación, se alimenta de otros animales o plantas; las plantas se nutren de agua y luz solar; el hombre puede comer ambas. La diferencia surge en la obtención de este sustento, pues el animal caza o lo recolecta en la naturaleza, la planta adquiere aquello que esté a su alcance y el hombre lo compra de otros hombres que lo obtuvieron antes. Y así sucede con la mayoría de necesidades básicas de este último, pues para dormir cómodamente se requiere una cama, para estar saludable se debe acudir a un médico, para sentirse protegido se necesita una casa propia, y todas estas necesidades se cumplen por medio de una retribución hacia otros individuos. Entonces se puede considerar que el comercio es una cualidad inherente de la sociedad, si bien el dinero no ha existido siempre, se ha empleado el intercambio de bienes en búsqueda de maximizar la utilidad individual desde el inicio de la humanidad. De acuerdo a Carlos Sabino, sin el comercio, el hombre estaría forzado a satisfacer sus necesidades por medio de sus propios recursos, por lo que se ha recurrido a esta práctica en búsqueda de eficiencia y la optimización de la calidad de vida.
Ahora bien, con el establecimiento del hombre en sociedad y la evolución de esta, el intercambio de bienes se ha desarrollado a un nivel superior, pues no se trata entonces de las necesidades individuales sino de las de un colectivo. Aquí entra al juego un actor responsable de cumplir estas necesidades de la sociedad, el cual es el Estado; Sabino lo define como la institución que concentra el poder político de la sociedad, por lo cual tiene la potestad de tomar decisiones que afecten a la población; del mismo modo, el poder del Estado reside en la posesión del monopolio legítimo de la violencia, tiene la autoridad de coaccionar a los ciudadanos para cumplir los parámetros de la ley. El Estado, dependiendo de su naturaleza, puede tener un nivel mayor o menor de intervención en la economía del país. Si es un Estado con un sistema de gobierno liberal, la intervención en asuntos económicos es mínima; si por el contrario es un Estado gobernado por fundamentos socialistas, la participación del mismo es absoluta, pues se encarga de controlar, regular y redistribuir todo lo relacionado a las riquezas dentro del país. No obstante, a pesar de las diferencias en los sistemas políticos, el Estado siempre maneja una cantidad de recursos nacionales en función de la mejora de los servicios públicos a su cargo. La ejecución de estos recursos es denominada finanza, cuyo
concepto será delimitado a continuación. Carlos Sabino define las finanzas como una práctica de la economía cuyo objeto de estudio es todo lo relacionado a la obtención y gestión del dinero. Esta observa las condiciones en las que se adquiere y se usa el capital, y los intereses obtenidos de su utilización. En líneas generales, las finanzas tratan del estudio del dinero para generar un tipo de predicción en la acción monetaria. Relacionándose específicamente con el Estado, se puede señalar que las finanzas públicas son el estudio y gestión de la economía pública empleado por el Estado para el ejercicio de sus actividades; el manejo de esta actividad está encargado, la mayoría de las veces, por un ministerio de economía en conjunto con el banco central o instituciones semejantes. Dentro de las finanzas públicas se encuentra una variedad de conceptos como el presupuesto público, el gasto público, los ingresos y egresos, por mencionar unos cuantos.
El gasto público es definido por Sabino como el uso de recursos realizado por el gobierno central y sus entidades, en función de la obtención y cesión de bienes y servicios públicos. Existen tres concepciones principales del gasto público; los gastos corrientes, los cuales envuelven todo lo relacionado a sueldos, salarios, subsidios y la adquisición de bienes no duraderos comprados por el Estado; por otro lado, los gastos de inversión son la adquisición de bienes de capital con el objetivo de inversión del Estado; y el pago de la deuda pública, el cual trata de la liquidación de adeudos del gobierno. Del mismo modo, este gasto público es clasificado según su función, como gastos sociales, destinado a programas sociales, educación y salud; gastos de defensa y gastos de servicios. En general, el gasto público debe estar intrínsecamente relacionado con el ingreso fiscal, pues naturalmente no se puede gastar más de los recursos que se poseen, y de haber una discordancia se denomina déficit o superávit fiscal. Este gasto público se concibe en el presupuesto público del país y se contabiliza de acuerdo a las entidades responsables de los gastos del mismo. Como cualquier otra responsabilidad del Estado, el gasto público puede generar un efecto positivo o negativo dependiendo de su ejecución; la expansión del mismo puede incrementar la economía, sin embargo, se puede provocar la inflación; por otro lado, la contracción del gasto público si bien puede estabilizar la economía y promover un posible crecimiento, puede significar una fase de recesión.
Como fue mencionado previamente, otro de los conceptos relacionados a las finanzas es el de presupuesto público, por lo cual en primera instancia se debe entender qué es un presupuesto. Este se puede definir, siguiendo la concepción de Sabino, como una estimación formal de ingresos y egresos que serán producidos mediante un período dado. Como lo indica su nombre, es un supuesto previo a la gestión del dinero con el fin de predecir los resultados de dicha gestión. El presupuesto es una herramienta de planificación, la cual se emplea para definir los costos para el cumplimiento de ciertos objetivos dentro de un plazo establecido. Tomando lo expuesto anteriormente, el presupuesto público es la estimación de los ingresos y egresos del Estado durante un periodo de tiempo determinado, el cual es manejado por el sector público. Este presupuesto es propuesto por el Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo, el cual decidirá si llevarlo a cabo o no. De no presentar un presupuesto el Poder Ejecutivo a finales de año, se da un proceso de reconducción, donde el Poder Legislativo aprueba el presupuesto del año anterior. Como fue planteado, en el presupuesto público se encuentran los ingresos y egresos del Estado; dentro de los ingresos se pueden mencionar los impuestos, los cuales son una contribución obligatoria de los ciudadanos y empresas al Estado, sirviéndose este mismo de su autoridad coercitiva, estos pueden ser directos, cuya responsabilidad recae sobre la persona natural o jurídica, como es el impuesto sobre la renta, o indirectos como el impuesto al valor agregado (IVA) las cuales son pagadas en conjunto con los bienes obtenidos o transferencias realizadas; las multas, cuyo único objetivo es desincentivar actividades ilícitas o riesgosas para los ciudadanos; las tasas, las cuales son una contribución semejante a un impuesto con la diferencia que esta es pagada por aquellos que se beneficien de un determinado servicio y no como una obligación pública; mientras que los egresos son los definidos como gasto público, el cual como se planteó previamente, se encarga de financiar servicios públicos.
En Venezuela, el control fiscal del país es manejado por la Contraloría General de la República, cuya responsabilidad es avalar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos, el resguardo del patrimonio público y la designación de los funcionarios encargados de la gestión, para mencionar algunas funciones. Así, se puede estructurar el desarrollo de las finanzas públicas en Venezuela de la siguiente forma:
En primer lugar, el ejecutivo presenta un presupuesto anual. Este proceso consiste en cuatro etapas: la primera es la formulación del presupuesto, donde es desarrollado un programa presupuestario cuya función es la de plantear metas, acciones y objetivos mediante el uso eficiente de recursos. Se diseñan las acciones pertinentes a llevar a cabo, con el fin de cumplir determinadas metas y así alcanzar dichos objetivos. Mediante esta primera etapa se relacionan ciertos compendios como lo son el Plan Operativo Anual, la Política Presupuestaria y el Plan de Gestión del Gobierno. La segunda etapa es la aprobación del presupuesto, cuya responsabilidad recae en el Poder Legislativo respectivo a su nivel; si es un presupuesto nacional es sancionado por la Asamblea Nacional, en relación a un nivel regional se encarga el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y en el nivel municipal es el Consejo Local de Planificación Pública. En una tercera fase se realiza la ejecución de este presupuesto por los actores responsables, como lo es la Administración Pública. La cuarta etapa es la de evaluación, donde se efectúa un seguimiento del uso del presupuesto, si se han cumplido o no los objetivos y metas señalados en la primera etapa. Por otro lado, el Poder Legislativo cumple también una función de contralor, pues su responsabilidad es ceder o restringir el presupuesto de acuerdo a las circunstancias y evaluar la utilización adecuada de los recursos.
En la República Bolivariana de Venezuela, todo lo relacionado a la gestión del presupuesto es ejecutado a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, cuya misión está planteada textualmente de la siguiente manera: “la Oficina Nacional de Presupuesto, es el Órgano rector del Sistema Presupuestario Público Nacional, proporcionando asistencia técnica en las diferentes etapas del proceso presupuestario a los órganos y entes regidos por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (L.O.A.F.S.P), con el fin de generar las condiciones que garanticen la gestión de las finanzas públicas, en el marco de los principios constitucionales y legales que la rigen.” Su visión es la de integrar los sistemas administrativos y financieros públicos, como una herramienta para el seguimiento del uso eficiente y productivo del gasto público.
Como fue mencionado anteriormente, es por medio de la Contraloría General de La República de Venezuela que se controla, vigila y fiscaliza el patrimonio nacional, optimiza el capital humano y principalmente consolida la participación ciudadana, pues uno de los
fundamentos primordiales de la Contraloría General, como referente del Poder Ciudadano es otorgar, en efecto, a los ciudadanos el poder de atender y seguir todos los procesos relacionados al uso de los recursos de la nación. Es una visión democrática cuya práctica significaría una gestión más eficiente en el manejo de bienes y servicios, y procesos transparentes del gobierno, en beneficio de la población. No obstante, en Venezuela a pesar de sus adecuadas y convenientes normas, leyes y estructuras de naturaleza democrática, justa, responsable y participativa, en la actualidad se actúa de manera opuesta a lo establecido en estos ordenamientos; la función principal de cada entidad pública ha sido degenerada en una pérdida de institucionalidad y compromiso con la nación, las disposiciones planteadas en la Constitución de la República son ignoradas por aquellos actores cuyo deber es el de velar por su cumplimiento. En cuanto a las finanzas, no existe ningún tipo de rendición de cuentas de parte de los órganos responsables los ciudadanos, en una disconformidad con lo establecido en las leyes, pues difícilmente las autoridades ceden el documento de memoria y cuenta, y el acceso a los registros del gasto público, las transacciones y ejecución de obras es inabordable. Se puede entender como una reflexión final, que por muy bien estructurado esté un sistema, por muy bien fundamentadas sean las leyes, y por muy bien calificado esté un Estado democrático, transparente y participativo, al final son simples proposiciones y promesas, pues un Estado es manejado por individuos con intereses, fines e ideales propios, individuos cuyos objetivos pueden colisionar con los del propio Estado, los cuales deberían ser fundamentalmente públicos, como garantizar la seguridad y ofrecer bienes y servicios a los ciudadanos, pues estos últimos son la prioridad de un denominado Estado democrático y de Derecho.
Por Valeria Barroeta
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