“Indudablemente, una parte de la función de la educación consiste en ayudarnos a escapar -no del tiempo que nos toca vivir, pues estamos atrapados en él, sino de las limitaciones emocionales e intelectuales de nuestro tiempo” T. S. Eliot
Parafraseando la canción de Ángel Cabral, la educación le canta al gobierno: Que todos sepan mi sufrir, pero a la vez canto al estilo de un bolero de Julio Jaramillo (https://www.youtube.com/watch?v=q7hDXRay63U) haciéndoles unos arreglos para el gobierno mismo:
No te asombres si te digo lo que has sido
Un ingrato con la humilde educación
Porque el fuego de tus pobres ojos negros
¡Alumbraron el camino del horror!
Al pensar que deformar al ciudadano
A tu lado para siempre ha de quedar
lamentable que el olvido y la coacción
Sea lo único que das a este sector…
Otra vez; tras ir a fuentes que me solicitan guarde su identidad y con información tomada de comunicados, cartas públicas y pronunciamientos emitidos a través de las redes sociales por la Junta Directiva de la Federación Nacional de Profesionales de La Docencia, Colegio De Profesores de Venezuela (FENAPRODO-CPV), tal y como si de una camarilla en Hollywood que filma actuaciones increíbles e imposibles se tratara , hoy quiero hablar de la detención; por parte de cuerpos de seguridad del gobierno nacional, del Presidente y Secretario General respectivamente, del Sindicato De Profesionales de la Docencia – Colegio de Profesores de Venezuela (SINPRODO – CPV) Carúpano, estado Sucre, Profesores Mario Bellorín y Robert Franco, hecho ocurrido en la costera ciudad de Carúpano la tarde del 26 de diciembre de 2020, previo allanamiento de una residencia familiar donde se encontraban celebrando con un sancocho navideño de colaboración conjunta, un encuentro amistoso.
Me cuentan los lugareños que pasadas las horas y ante el acrecentamiento de la desesperación por parte de las familias, los docentes y la comunidad en general, aparece a eso de las 11:00 de la noche, tras una larga caminata, el Prof. Bellorín, a quien habrían liberado por Playa Copey, hecho que no ocurrió con el Profesor Robert Franco, quien luego se supo de su traslado al Helicoide, con asiento en Caracas a pesar que; según la gente que me informa, Franco ha sido un docente que hasta los momentos sólo ha mostrado integridad como ser humano y una actuación gremial – sindical como Directivo del Colegio de Profesores de Venezuela, basada en la defensa de los postulados más sagrados de la educación venezolana y del ejercicio de la carrera docente, razones estas que jamás podrían estar sujetas a la “criminalización, la coacción, el amedrentamiento o la desaparición forzosa” de acuerdo a lo que expresa el comunicado que con la urgencia del caso publicó FENAPRODO CPV, al exigir “el debido respeto a sus derechos fundamentales, la protección de su integridad física así como su inmediata liberación”.
Luego de esto; el siguiente paso fue dado de forma inmediata el día 27 de diciembre de 2020, cuando la Directiva de FENAPRODO-CPV procedió a divulgar la PRIMERA CARTA PÚBLICA dirigida a los Ciudadanos Tarek William Saab, Fiscal General de la República (@MinpublicoVE, @TarekWiliamSaab) y a Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo, (@Defensoria_Vzla), exigiendo con la urgencia del caso, “una investigación exhaustiva sobre la desaparición forzosa del Prof. FRANCO, quien; según lo declarado, ha actuado cumpliendo de manera fiel y exacta, los principios gremiales y sindicales, en defensa de los derechos educativos.
Ante la ausencia de respuesta FENAPRODO CPV genera una segunda Carta Pública fechada el 26 de marzo de 2021, donde expone que el Profesor FRANCO desconocía que “se le seguía una investigación que condujera a su detención arbitraria por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, hecho que demuestra de forma clara e irrefutable, que no fue sorprendido en flagrancia” por lo cual reclama “que las investigaciones relacionadas con el juicio que se le sigue, privado de libertad, sean sustituidas por una medida cautelar menos gravosa que le permita demostrar su inocencia juzgado en libertad, de acuerdo a lo establecido Código Orgánico Procesal penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que instituyen un estado de Derecho y de justicia”.
¡Ah! Pero esto no termina aquí, porque…. ¡Oh! ¡Sorpresa! Cuando creía uno que nada lo sorprendería, aparece en la siguiente escena de esta “joya de Hollywood” otro educador, pero no para darle un reconocimiento por los servicios prestados a la nación o por la labor que realiza… ¡NO! En Venezuela hace tieeeempooooo que no se reconocen los méritos a los docentes; es decir a quienes se supone garantizan la formación de la generación de relevo y el desarrollo del país. Muy por el contrario, a los encargados de educar: ni se les paga salario suficiente, ni se les adecúan sus centros de trabajos, ni se les garantiza calidad de vida, ni tienen como alimentar a sus hijos, ni para vestirse y calzarse, ni se les atiende su salud, ni tiene bioseguridad en tiempos de pandemia, ni, ni, ni… etc., etc., etc. ¡NO! Se les hostiga, se les criminalizan sus luchas y reclamos, y hasta se persigue y oprime a los que se dedican a la loable tarea de defender los derechos humanos (DDHH). ¿Qué tal?
¿No lo creen? Pues aquí les tengo esta perla: en un comunicado de fecha 03 de julio de 2021, La Junta Directiva de FENAPRODO-CPV, nuevamente hace público su rechazo contundente por la detención; por parte de Cuerpos de Seguridad del Gobierno Nacional, de otro docente. Se trata en este caso del Profesor Javier Tarazona “ex Presidente del Sindicato de Profesionales de la Docencia – Colegio de Profesores de Venezuela SINPRODO – CPV del estado Táchira, Representante adjunto por FENAPRODO CPV, de los Profesores egresados de la Universidad Pedagógica Libertador (UPEL), Miembro del personal académico de la UPEL y en los actuales momentos, Presidente de FUNDAREDES, Fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos (DDHH), hecho ocurrido en el estado Falcón, el día 02 de julio de 2021, cuando realizaba diligencias inherentes a sus funciones de defensa humanitaria”.
Y al igual que en el caso del Prof. Franco, se dirigieron de forma pública y notoria al Fiscal General de la República; Dr. Tareck William Saab, para solicitar su inmediata liberación, al señalar; entre otras coas que “…la actuación del Profesor Javier Tarazona; afiliado nuestro de actividad pública destacada, se ajusta a lo que académicamente recibe un docente; quien, por formación y por conciencia tiene el deber de fomentar la defensa de los DDHH, hecho este que en ningún sentido violenta la Carta Magna y mucho menos incita al odio o al desacato contra las instituciones públicas, por lo tanto, de conformidad con la Tutela Judicial Efectiva, establecida en Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) debe respetarse su derecho ciudadano a ser escuchado; más aún cuando se trata de los DDHH establecidos en los pactos y convenios internacionales a los cuales está adscrita nuestra República, a objeto de evitar se siga el patrón de perseguir a los activistas de DDHH”.
Contada de esta forma, lo que yo denominaría “la película inconclusa”, imagino que les gustaría saber cómo va el desarrollo de la trama. ¿Verdad que si? ¿Qué ha pasado con los dos casos de los docentes perseguidos y apresados, ambos dirigentes del Colegio de Profesores de Venezuela? La respuesta es: ¡NADA! Aunque usted no lo crea, aún no ha pasado ¡NA-DA! No hay respuesta y por lo tanto FENAPRODO CPV procede a hacer una Tercera Carta Pública donde reclama para los privados de libertad, Profesores Robert Franco y Javier Tarazona “que las investigaciones relacionadas con los juicios que se les siguen, sean sustituidas por medidas cautelares menos gravosas, para ser juzgados en libertad, puesto que no existe peligro de fuga ni obstaculización de la justicia, debido a que sólo buscan demostrar su inocencia tal y como lo establecen el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que instituyen un estado de Derecho y de justicia. Sean sustituidas por medidas cautelares menos gravosas, para ser juzgados en libertad a objeto de que así puedan demostrar su inocencia tal y como lo establecen el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que instituyen un estado de Derecho y de justicia ya que no existe peligro de fuga ni obstaculización de la justicia”.
Así las cosas; Venezuela languidece ante el deterioro y mengua de su educación reflejado en la pérdida pedagógicamente hablando, de dos lapsos académicos, debido a que el estado se dejó a un lado el compromiso y la obligación que tiene de atender la educación gratuita, obligatoria y de calidad así como un salario suficiente y la seguridad social de los profesionales de la educación. El gobierno dejó de dar respuestas a los problemas que aquejan al sector con la falta de previsión de políticas presupuestarias y académicas destinadas a proteger la educación como derecho humano, durante la pandemia y a esto se le suma la gravedad absoluta de la persecución y criminalización del pensamiento y de la acción de educadores que luchan en defensa y rescate de sus legítimos derechos; tal y como queda evidenciado en el presente artículo.
Los educadores han sembrados muchos valores en Venezuela a un país que tiene a venezolanos en el exterior dando lo que aprendieron en las aulas de clases que son los valores humanos pero la realidad es otra, porque algunos sintiéndose defraudados por este régimen de nos gobierna y les cantan una canción de Paquita La Del Barrio llamada Rata de dos patas (https://www.youtube.com/watch?v=VuyvT9inAf8) y la realidad es que se ve y se siente…
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