La crisis del sistema eléctrico en Venezuela lleva mas de una década y esto se traduce que el país petrolero y de unas de las represas más grande del mundo tenga pérdidas de más de un trillón de dólares, así lo calculan algunos expertos. Los apagones generales que paralizaron la economía del país en 2019 son prueba de ello.
Se basan en la energía que se deja de producir. Las deficiencias del sistema arrojan una “estrangulación acumulada” de más de 680 TWh (teravatio-hora), que equivalen en potencia a 77.625 MW, para la última década. Cada GWh tiene un valor promedio de 1,6 millones de dólares, afirma el ingeniero José Aguilar, consultor internacional en el tema eléctrico.
Una cantidad que iluminaría la vida de los venezolanos por muchos años.
Las interrupciones de luz han desconectado al país de las inversiones globales en el sector renovable en América Latina, un retroceso sin precedentes en el uso de energía limpia.
Las fallas en el servicio eléctrico se han agudizado en los últimos meses. Especialistas del sector aseguraron a la Voz de América que el país podría estar a las puertas de otro apagón nacional.
La crisis energética que padece Venezuela se ha mantenido como uno de los factores que afectan a diario la vida del venezolano desde hace varios años. Muchos se quejan de que esta situación no parece hasta la fecha ser una prioridad en la agenda del gobierno en disputa de Venezuela, dado el incremento de las fallas eléctricas reportadas en los últimos dos años.
La profunda crisis humanitaria que vive Venezuela se ha intensificado con el colapso del sistema eléctrico. En marzo de 2019 el país vivió varios apagones, entre esos uno de más de cuatro días que afectó a los 23 estados del país, situación que parece poder repetirse en los próximos meses, ya que aún no han llegado los repuestos para resarcir los daños que sufrieron los equipos durante esos incidentes del pasado año.
Solo entre enero y julio de este año 2020 se han registrado 48.659 apagones en todo el país, según datos revelados por la presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, Aixa López, quien agregó que el número de incidencias incrementó 13% con respecto al 2019. Los estados que han tenido mayor recurrencia son: Portuguesa, Apure, Mérida, Zulia y Táchira.
La VOA conversó con José Aguilar, ingeniero especialista en sistemas energéticos, quien considera que el sistema eléctrico venezolano presenta un grave estado de agotamiento sistémico en toda su cadena de valor: generación, transmisión y distribución, lo que hace que el último eslabón de ella, la atención a los clientes (gestión comercial), sea pésima o inexistente en algunos casos.
Ese agotamiento o desgaste, -expone-, se debe primordialmente a una negligencia operacional y administrativa por una excesiva corrupción y falta de mantenimiento generalizado.
Aguilar considera que las condiciones operacionales y de mantenimiento que presenta el sistema eléctrico del país en este momento son precarias.
“El pronunciado y ancho deterioro por mantenimientos vencidos en la infraestructura eléctrica de plantas, subestaciones eléctricas y las redes en general han colocado al servicio eléctrico venezolano, en una situación extrema en la que en algunos casos, ya no se pueden ni hacer los mantenimientos requeridos en su mayoría vencidos, por lo que no se puede tolerar más fallas, ya que eso traería como consecuencia serias restricciones, aún mayores a las actuales, para la continuidad del servicio”, agrega.
Aguilar además lamenta que esta sea “una realidad que se le oculta a la sociedad”.
La investigación
Aula Abierta realizó una investigación, presentada en el Informe Preliminar: Emergencia de la Energía Eléctrica, Agua y Saneamiento y Gestión de Residuos Sólidos en Venezuela (Año 2019-Abril 2020), en la que se detectaron patrones que reflejan inobservancia de los estándares que regulan la energía eléctrica.
Cabe destacar que el derecho al acceso a bienes y servicios de calidad está regulado en la Constitución venezolana de 1999, principalmente en su artículo 117, en el que se desprende que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno.
El acceso a bienes y servicios de calidad está acompañado de un derecho humano emergente conocido como el derecho a la ciudad, el cual se encamina en garantizar unas condiciones de vida mínima y de los cuales son titulares los individuos en razón de su pertenencia a una colectividad. El artículo VI de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad (iniciativa de United Cities and Local Governments), regula el derecho a servicios públicos básicos de proximidad.
Teniendo en cuenta este contexto, una encuesta realizada por Aula Abierta a 114 venezolanos, de las regiones Andes, Centro, Occidente y Oriente, reveló que el 31.6% manifestó que los racionamientos en su sector son de más de 6 horas diarias; el 28.9% menos de 2 horas diarias; el 22.8% 4 horas diarias; y un 4.4% aseguró tener racionamientos eléctricos entre 1 a 5 días a veces.
Asimismo, el 46.5% de los encuestados aseguró que padece entre 5 a 10 bajones o fluctuaciones eléctricas por día, mientras que el 21.9% aseguró tener más de 11 bajones al día. Además, el 92.1% de las 114 personas encuestadas a nivel nacional, aseguró que el servicio eléctrico en su sector no es de calidad.
Zulia: una crisis de nunca acabar
Aula Abierta también preguntó: “¿Cómo afecta su salud y la de su familia la falta de electricidad?”, y las personas que viven el estado Zulia aseguraron sentirse afectadas en su salud, debido a que a las altas temperaturas afectan a familiares de tercera edad o que sufren de una enfermedad “hipertensión arterial”.
Otra respuesta común en la región zuliana fue que la restricción eléctrica afecta la salud mental al generar estrés, rabia y falta de descanso, además de la limitación al ejercicio de otros derechos como al agua y preparación de alimentos.
A esta crisis que viven los zulianos desde hace meses, pero con mayor intensidad desde el apagón nacional del 7 de marzo de 2019, se le agrega las complejidades del manejo del distanciamiento social decretado a nivel nacional en respuesta a la pandemia del COVID-19.
La prohibición de funcionamiento de toda la actividad comercial, permitiendo sólo la apertura de locales de abastecimiento de alimentos y comida en un horario restringido de 8 de la mañana a 12 del mediodía, hace que la población se vea forzada a permanecer confinada en sus hogares con el consiguiente aumento de la demanda eléctrica residencial.
En virtud de ello, se han venido incrementando repetidas interrupciones de servicio durante marzo y abril 2020, ya sea por averías o sobrecargas en la red. La respuesta de las autoridades ha sido denunciar “sabotajes” y anunciar nuevos racionamientos del servicio.
“El racionamiento eléctrico es insostenible”
En 2019, hubo fallas eléctricas por varias semanas: según el Comité de Afectados por Apagones en Venezuela, se presentaron 87.260. El número fue bastante alto comparado con el 2018 (46.566) y el 2017 (18.221).
De esas 87.260, un total de 3636 ocurrieron en Mérida. En el municipio Libertador del estado andino, hubo un promedio de 10 fallas por semanas, con duración de un promedio de dos horas por sector, lo que también afectó a zonas con servicios de salud.
En marzo de 2020, la situación de los racionamientos eléctricos empeoró notablemente. Para el profesor de la Universidad de los Andes, Douglas Gil, “en el estado Mérida la situación con los corte no programados (apagones) y el racionamiento eléctrico es insostenible”.
“Los cortes eléctricos son entre 6 a 12 horas, pero en los municipios del interior la situación es crítica, pues pasan algunos días con 24 o más horas sin servicio”, explicó. “Esto trastoca la vida para los habitantes, desde caídas de las personas mayores hasta ataques de pánico cuando se quedan atrapados en un ascensor”.
“No creemos que se pueda resistir mucho”
Para Roxana Roselli, Coordinadora de monitor Social, “como cualquier isla del Caribe, el Estado Nueva Esparta debe tener autonomía en la generación eléctrica”.
“Para ello debe hacerse una inversión en generadoras nuevas con suficiente capacidad, al menos 600MW para que se tenga una reserva que ayudará a eliminar el racionamiento. De no realizarse las medidas necesarias para revertir la situación actual, no creemos que se pueda resistir mucho más tiempo. La falta de inversión, la falta de mantenimiento y la misma falta de repuestos hacen muy difícil mantener en funcionamiento del servicio eléctrico”, expresó en entrevista para Aula Abierta.
25 millones de venezolanos afectados
En Venezuela, cuyo sistema tarifario es incapaz de remunerar los costos del servicio y no se ajusta a la inflación, hay un servicio ineficiente. Según las Naciones Unidas “la asequibilidad es inútil si no hay un suministro fiable de energía”, por lo que se concluye que en Venezuela la energía eléctrica no cumple los parámetros de asequibilidad.
Miles de venezolanos padecen de un suministro inconstante o problemas de abastecimiento en la energía, una mala gestión o inexistencia de gobernanza firme. Existe un sistema de distribución inestable que se traduce en subdesarrollo de la infraestructura energética.
Las constantes fallas en el servicio eléctrico, además, impiden el derecho al agua y saneamiento, la conservación de alimentos, el derecho al trabajo, el uso de equipos electrónicos y el uso de internet para mantener la comunicación.
Marcelo Monnot, ex presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia, declaró al equipo de Aula Abierta que “teniendo en cuenta que el último censo somos 31 millones de habitantes y 6 millones están fuera del país”, unos “25 millones de venezolanos están afectados debido a las malas políticas y al caos eléctrico nacional”.
“El funcionamiento del SEN es pésimo y lo padece la clase trabajadora, los hospitales, todos los hogares, los centros educativos, todo el país está afectado por la crisis eléctrica que vive en la actualidad Venezuela”, argumentó Monnot.
Propuestas para la recuperación del sistema eléctrico nacional
Tras consultar a diversos expertos en la materia, podemos concluir que una de las propuestas más importantes para lograr una energía eléctrica fiable, sostenible y moderna en Venezuela, parte de apostar por la mejora del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), a través de la descentralización de la Corporación Nacional de Electricidad (CORPOELEC), para que cada región atienda su servicio eléctrico.
El Monnot afirmó que además de aplicar esta medida, “se debe hacer un estudio minucioso del SEN para diagnosticar el estado actual, verificar qué se puede rescatar y todas las medidas tienen que ser paralelas, para recuperar mediante inversión la generación, transmisión, distribución y conexiones finales”.
“Además, debe haber un personal humano calificado que permita atender la problemática y despolitizar el asunto de los servicios públicos. Es indispensable acabar con la corrupción, para ello es pertinente mucha contraloría, con mecanismos que evalúen las inversiones. Según estudios realizados, teniendo la debida inversión, Venezuela puede recuperar su sistema eléctrico entre unos 2 a 10 años”, agregó.
Asimismo, se debe promover la formulación de un nuevo modelo de gestión y un plan nacional para la recuperación de la infraestructura institucional orgánica, así como también un marco legal que permita ampliar la participación privada en el sistema eléctrico.
Para la generación de la energía eléctrica, se hace indispensable la recuperación de plantas termoeléctricas existentes. En cuanto a la extrema gravedad del servicio eléctrico en zonas como Zulia, Los Andes, la región Centro-Occidental o Margarita, se requieren soluciones de emergencia y temporales para reducir racionamientos eléctricos, que en algunos sectores puede ser de hasta 6 horas diarias. Las soluciones de emergencia comprenden el alquiler de plantas de generación flotantes.
En ese sentido, la generación hidroeléctrica, presente en Guayana, debe continuar con la ejecución del Plan de Recuperación y de modernización de unidades de GURI, renegociar o cerrar contratos suscritos con empresas proveedoras.
Por otra parte, es indispensable también la recuperación del sistema contable, para reconstruir un sistema de facturación y cobranza concientizador del uso racional de la electricidad. También es importante incorporar la investigación y desarrollo tecnológico, como soporte para la toma de decisiones en el servicio de Energía Eléctrica; de ese modo es fundamental el establecimiento de alianzas con universidades y centros de investigación.
Las comunidades necesitan sentirse atendidas. Por ello, se debe fortalecer la gestión participativa, protagónica y corresponsable de las comunidades en el servicio de Energía Eléctrica, con el desarrollo de sistemas para interactuar con los ciudadanos, como mecanismo de atención al usuario, para conocer quejas y reclamos sobre la calidad del servicio. Podemos concluir que, para la recuperación del sistema eléctrico, se deben tener en cuenta tres ejes fundamentales: 1) la reinstitucionalización; 2) la recuperación del talento humano; y 3) la reinversión en infraestructura (recuperación, mantenimiento y construcción).
Véase el vídeo Emergencia humanitaria compleja en Venezuela, donde la
fundadora de la organización El Zulia Recicla, Grisel Mercadante, emite sus declaraciones para Aula Abierta Radio acerca de las crisis del sistema eléctrico.
Con información de:
El Cambio – VOA – Aula abierta
Deja una respuesta