Martha Camacho Loaiza dio a luz a su primer hijo en la oscuridad de un cuartel militar donde estuvo en cautiverio durante 50 días en los años de la Guerra Sucia. El 19 de agosto de 1977, ella y su esposo José Manuel Alapizco fueron sacados a la fuerza de su casa en Culiacán, la capital de Sinaloa (noroeste de México), por policías judiciales y militares. En ese entonces ella era estudiantes de Economía y él profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ambos eran miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo subversivo que buscaba un cambio social. El 29 de septiembre, en condiciones insalubres y de tortura, Martha dio a luz a un niño al que llamó Miguel. “Me encontraba vendada de los ojos y amarrada de las manos. Al nacer me descubrieron los ojos sólo para que viera que mi hijo tenía una ametralladora apuntándole en su cabeza”, relata a este diario la mujer de 62 años.
Cuando fue liberada, ante el miedo de que su hijo fuera secuestrado, tomó la decisión de no ponerle el apellido de su padre. Hasta los 15 años Miguel conoció la historia de sus padres en esos años de persecución policial. En el 2000, cuando llegó la alternancia política encabezada por el presidente Vicente Fox del conservador PAN y prometió castigar los delitos cometidos en el pasado, Martha pensó que por fin se iba lograr justicia. “Yo pensé inocentemente que al llegar al poder el PAN se iban a evidenciar los actos de injusticia que se cometieron en el pasado (con el PRI) y se podría llevar a juicio a los perpetradores”, cuenta la víctima de la llamada guerra sucia.
En 2001, en plena transición democrática después de 70 años de gobiernos del PRI, Fox creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para investigar una de las etapas más oscuras en la historia de México. La instancia representó la esperanza para cientos de víctimas como Martha que anhelaban castigos para los altos mandos del Estado mexicano que en los años 60, 70 y 80 criminalizaron y combatieron a grupos estudiantiles, sociales y algunos movimientos armados que protestaban contra el autoritarismo.
Tras años de vivir tortura psicológica a través de llamadas intimidatorias, mensajes hostiles hechos con recortes de periódicos y autos que vigilaban su domicilio, finalmente en 2002 Martha decidió presentar su denuncia, pero su caso nunca avanzó. La Fiscalía especial se disolvió en 2007 –tras acabar el Gobierno de Fox– dejando inconclusos 570 expedientes, entre ellos el de Martha. Las indagatorias fueron enviados a una instancia de la Fiscalía General (Procuraduría General de la República, PGR). A más de once años de que la PGR retomó las indagatorias los avances son nulos, se desprende de un oficio otorgado por la PGR a este diario en respuesta a una petición de información. Ningún caso ha llegado a manos de un juez y mucho menos se ha logrado una sentencia. Además 234 expedientes continúan en “integración”, en 169 se determinó el no ejercicio de la acción penal (se dio carpetazo definitivo), y el resto están prácticamente archivados.
Información aquí vía El País de España
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