Gladys Judith Aular exhibe una pequeña tarjeta, similar a un documento de identidad. De este carnet dependen los exiguos beneficios con los que el aparato chavista busca asegurarse el control de la población venezolana. El pasado 20 de mayo, día en que se celebraron unas elecciones presidenciales rechazadas por la oposición y la mayoría de la comunidad internacional, esta caraqueña de 62 años salió de un centro de votación del barrio de Petare y se dirigió a uno de los puestos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), conocidos como puntos rojos. Lo hizo para certificar su asistencia a las urnas y su fidelidad al chavismo a través del llamado carnet de la patria, la versión venezolana de una cartilla de racionamiento.
En vigor desde enero del 2017, se trata de un instrumento digital de transferencia de recursos, presentado por el Gobierno de Nicolás Maduro como un vehículo para agilizar, en medio de la escasez y una hiperinflación sin freno, el acceso de la población a determinados programas de subsidios, bonos y servicios sociales.
La oposición denuncia que es una herramienta de control social enfundado en un programa de asistencia, y que su puesta en práctica constituye un chantaje orquestado en el cual se oficializa la discriminación política.
Un análisis extendido compara el carnet de la patria con instrumentos frecuentes en la Cuba de Fidel Castro, como las famosas cartillas de racionamiento. Existen diferencias, aunque el fin último que persiguen converge sobre un objetivo estratégico: información que permita el control político y condicione las ayudas estatales.
Información aquí vía El País de España
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