El concejal del municipio de Valencia por el Partido Comunista de Venezuela, presidente de la comisión de ejido Henry Alvarado, calificó de manipulación y show político a las acciones de la Asamblea Nacional, con la aprobación en segunda discusión de la Ley que otorga la propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
El concejal destacó en torno a la Ley de Amnistía, el cuestionamiento que ha recibido por la mayoría del pueblo venezolano, organizaciones sociales, políticas y movimientos tanto dentro como fuera de ese país por ser un instrumento jurídico que promueve la impunidad.
Con respecto, a la GMVV el edil aseguró que “si no se fuese creada dicha misión, dentro del sistema revolucionario, una alternativa para la construcción masiva de soluciones habitacionales, hoy, mas de 1 millón de familias (4 millones de personas aproximadamente), no pudiesen estar disfrutando de espacios dignos para el desarrollo y educación de su núcleo familiar” , “y por el contrario, persistiría el viejo modelo mercantilista, inhumano y despiadado que representa el capitalismo, donde lo primordial es el enriquecimiento de los que construyen y financian las viviendas”.
“En realidad lo que esta detrás de esa nefasta Ley estafa es la recuperación por parte de la burguesía financiera y empresas constructoras de las tierras urbanas ya que en el sistema capitalista, los terrenos y las viviendas son una mercancía costosa y es un gran negocio” dijo.
Amnistía no es Paz
Para el concejal revolucionario, texto aprobado abarca hechos desde 1999, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año.
“La Ley de Amnistía dejaría sin efectos las sanciones penales de unos 50 delitos, entre ellos: la estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas (incluyendo la venta de productos vencidos), el uso de armas de fuego y de explosivos”, esto no puede ser una Ley para la Paz, señaló Alvarado.
Resaltó el concejal, que el caso más emblemático que no se restringe en la ley son los delitos cometidos en las “guarimbas” o protestas violentas de 2014 donde 43 personas murieron. De aprobarse la ley, las personas involucradas en el hecho serán perdonadas.
En este sentido, reconoció el apoyo rotundo que desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dieron los magistrados al pueblo venezolano, quienes por unanimidad decidieron declarar inconstitucional la legislación.
“Quieren volver al pasado donde los únicos que tenían acceso a una vivienda eran aquellos que podían tener grandes sumas de dinero, ahora quieren dejar libres a personas que son unos verdaderos criminales”, subrayó.
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