Solo el Caracazo superaría a la presunta masacre de mineros en Venezuela

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A pesar de que no existe información oficial, residentes del poblado venezolano de Tumeremo, estado Bolívar, al sur del país, denunciaron este sábado 5 de marzo la masacre de 28 mineros de la zona; de acuerdo con fuentes extraoficiales las muertes se registraron luego de un enfrentamiento con bandas delictivas por el control de territorio minero.

De confirmarse esta información, de acuerdo con Liliana Ortega, de Cofavic, organización no gubernamental dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos, esta sería la peor masacre en Venezuela luego del “Caracazo” de 1989.

El Gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez asegura que no se han encontrado evidencias que certifiquen esta información, pero familiares de las presuntas 28 víctimas salieron a las calles a protestar para exigir que el Estado responda por los mineros desaparecidos.

Gómez dijo este lunes que los cuerpos de seguridad están en la búsqueda de los “supuestos mineros desaparecidos” que habrían sido asesinados en una mina ilegal de oro.

El Ministerio Público, por su parte, comisionó a los fiscales 42 nacional y quinto del segundo circuito del estado Bolívar, Merving Ortega y Marcos Hernández, con el objetivo de verificar las denuncias formuladas por la población de Tumeremo.

De acuerdo con la información extraoficial publicada en Informe 21 durante el proceso de excavación en la mina que se hizo entre viernes y sábado, un grupo de trabajadores halló “grandes pedazos de oro”, que generaron el desespero y la ambición entre los mismos.

Rápidamente, el descubrimiento fue notificado al “sindicalista”, quien no dudó en intentar de apoderarse “a la fuerza” del preciado tesoro, sin embargo, la acción fue interrumpida por una banda delictiva (…) versiones extraoficiales apuntan a que se escucharon más de 60 detonaciones; no obstante, la irregularidad pasó desapercibida por parte de los funcionarios del Centro de Coordinación Policial (CCP) Tumeremo, quienes a pesar de que recibieron la denuncia de los habitantes de sectores aledaños, no llegaron al lugar sino hasta el amanecer.

La historia se recrudece cuando testigos aseguraron que integrantes de la banda delictiva obligaron a algunos mineros sobrevivientes a cargar los cuerpos y montarlos en un camión de carga con la intención de “desaparecerlos”.

El diputado opositor Américo De Grazia fue quien difundió a través de su cuenta en Twitter los nombres de los desaparecidos y acusó al gobernador Rángel Gómez de proteger u ocultar a los responsables del hecho, pues asegura que la mina en donde sucedió la masacre está operada por un pran colombiano, alias “El Topo”.

Un presunto sobreviviente de la masacre dijo a El Nacional que agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) son los responsables del hecho junto a los delincuentes de la banda “El Topo”.

El sujeto, que declaró bajo condición de anonimato, afirmó que agentes de estos organismos, junto con miembros de una banda criminal, colocaron una alcabala en la vía hacia una mina, con la que sometieron a interrogatorio a un total de 600 mineros. “Según lo que estos respondían, los asesinaban o retenían”. Agregó que los sobrevivientes fueron amenazados de muerte para que no denunciaran el suceso.

La mañana de este lunes habitantes de Tumeremo también denunciaron que amanecieron incomunicados, las líneas telefónicas y de Internet estaban sin servicio. Se desconocen los motivos.

La más grave masacre en la historia reciente de Venezuela

La abogada Liliana Ortega, miembro fundador de Cofavic dijo a Panam Post que la Ong a la que representa se encuentra realizando todas las investigaciones sobre el caso de la presunta masacre en Tumeremo, pero afirmó que de ser cierta representaría el más relevante en la historia reciente de Venezuela luego del Caracazo.

El Caracazo fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 300 personas fallecidas y 2000 desaparecidas.

Ortega claró que Cofavic está recabando información y aún no se puede pronunciar en relación con el tema pero señaló que “sería uno de los casos más graves donde podría haberse dado una masacre”.

Explicó que el derecho internacional habla de que cualquier caso que tenga más de cinco víctimas se le puede considerar masacre. Y que en este caso se habla de más de dos decenas de víctimas.

“En relación con personas no privadas de libertad el caso más relevante ha sido el del Caracazo que es una cifra mucho mayor, pero después de ese evento no hay un caso de personas que se encuentren en libertad que de manera masiva sean ejecutadas (asesinadas) extrajudicialmente”, aseguró.

Dijo además que en las cárceles de Venezuela sí se han llevado a cabo muertes violentas de forma masiva y de manera frecuente, pero que un caso como el de Tumeremo no es común y enturbiaría la cifra de la violencia en ese país.

Impunidad reinante

Ortega explicó que en Venezuela en los últimos años ha venido ocurriendo el desarrollo de un esquema de impunidad muy grave que ha fortalecido las actuaciones desproporcionadas y fuera de la legalidad, dijo que “los casos de presuntas ejecuciones y desapariciones forzadas han tenido un incremento importante”.

Contó que según el Ministerio Público el 99% de los casos de violaciones a derechos humanos en Venezuela no llegan a etapa de juicio, “data que revela cómo ese esquema de impunidad se ha ido sosteniendo en el tiempo”.

Ortega informó que desde el año 2008 el Ministerio Público no ofrece información transparente sobre ejecuciones extrajudiciales, pero que hasta ese año la cifra promedio era de 1.044 casos por año.

Informó además que el Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el organismo de seguridad al que se le adjudica las mayores ejecuciones extrajudiciales, y aseguró que es la razón por la cual las investigaciones son poco “transparentes”.

Fuente: PanAm Post

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