La realidad de Venezuela dirigida hacia este foco político-judicial que revisten dos temas importantísimos como lo son la incorporación de los diputados del estado Amazonas al hemiciclo y la destitución de los magistrados por parte de la Asamblea Nacional (AN), se encuentra en discusiones inteligentes e ingenuas que no disimulan la gran división que presenta el país y el objetivo de cada parte interesada.
Julio Ygarza, Nirma Guarulla, y el representante indígena de la región sur (Amazonas-Apure) Romel Guzamana, son los tres diputados que desde el pasado 13 de enero fueron separados de sus roles para atender un juicio del cual el Tribunal Supremo de Justicia se ha tardado más de seis meses en dictar sentencia. Ahora bien, este jueves 21 de julio fueron reincorporados a sus lugares de trabajos por decisión del presidente de la AN Henry Ramos Allup, quien alega que ellos fueron elegidos voluntariamente el pasado seis de diciembre y por lo tanto deben permanecer en su lugar.
34 magistrados fueron designados por la antigua AN en el pasado mes de diciembre de 2015, ahora, luego de seis o siete meses son destituidos de sus cargos por la nueva AN actual y en su mayoría opositora la cual señalan sus diputados que encontraron irregularidades inconstitucionales en ese acto de magistrados y aseguran que hay ciudadanos que no cumplen los requisitos para llevar ese nombre, por lo que exigieron una profunda investigación, ellos destituyeron y al mismo tiempo el TSJ niega y rechaza tal acto.
Dos opiniones jurídicas serán expuestas a continuación para el entendimiento o por el contrario mayor confusión del tema:
El abogado Teodoro José Amaya, miembro del Frente de Abogados, profesionales y Técnicos del PSUV en Carabobo, consideró como un “acto de anarquía” el desacato de las ordenes del TSJ, por parte del presidente de la AN Henry Ramos Allup.
“Es una falta de respeto hacia una institucionalidad como lo es el TSJ, debido a que no ha admitido todavía una sentencia por el caso de los diputados del estado Amazonas que fueron electos a través de un proceso viciado, tienen que esperar y respetar la respuesta jurídica que ellos emitan”.
Con respecto a los magistrados dijo que es “peligrosísimo” asentar una confrontación dentro de los poderes, en este caso poder judicial y legislativo, “hay que ser coherente como abogados al momento de actuar, hay decretos constitucionales que tienen que cumplirse”.
Señaló que en caso de poder aceptarse esa destitución, hay que dar lugar a un previo cumplimiento de acto moral frente a la procuraduría y la fiscalía general de la república para poderlos desincorporar como magistrados electos, todo ese proceso tiene sus bases legales, acotó.
El abogado y también profesor universitario, Pablo Aure, calificó como inconstitucional lo que hizo el TSJ cuando des-proclamó a los diputados del Amazonas que fueron electos el pasado 6D. “La AN el cinco de enero que se instaló debió incorporarlos desde el mismo momento, porque la AN es la que califica a sus miembros , ya el acta de proclamación del CNE estaba dado y no tenía el TSJ que impedir su juramentación”, expresó.
El profesor argumentó que el estado Amazonas está sin representación alguna, y que no es solamente una irresponsabilidad del CNE Y TSJ sino una inconstitucionalidad, “un estado no puede estar así porque la soberanía reside en el pueblo y ellos fueron electos por voluntad popular, ese principio de soberanía ha sido violado”.
Por su parte, aseguró que hay un trasfondo en este asunto, que sería arrebatarle la mayoría calificada de las dos terceras partes a la oposición para que fuese imposible desde la AN convocar un proceso constituyente, “es para lo único que se necesita las dos tercera partes”, afirmó.
En referencia al tema de los magistrados, Aure insistió en que fue de manera violenta que el TSJ desconoció la destitución de los magistrados demostrando que desde el principio que se eligió la AN de ahora, se ha irrespetado su institucionalidad y no se aprueban ninguna de sus competencias, enfatizó en que todo esto se trata de una tiranía y un régimen judicial militar en el que el TSJ decide y la fuerza armada lo apoya.
Fuente: Infoenlace/Mariannis Mavarez
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