Nicolás Maduro ha enumerado este miércoles (madrugada del jueves en España) en la cadena de televisión nacional cuáles son sus condiciones para iniciar un proceso de diálogo político con la oposición, tras la propuesta de retomar las negociaciones presentada el 11 de mayo por el dirigente opositor Juan Guaidó. “Levantamiento inmediato de todas lasl sanciones y medidas coercitivas unilaterales; reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional y los poderes del país y la devolución de cuentas bancarias a Petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela”, aseveró Maduro. El medio digital el País publicó la información.
El presidente venezolano se mostró de acuerdo con la mediación que ejercerá el Reino de Noruega en estos encuentros de trabajo con sus adversarios políticos, todavía en gestiones. “¿Quieren negociar?”, preguntó Maduro. “Pongo estos tres puntos. De ahí en adelante, estoy dispuesto a ir a donde quieran. Nos medimos el 21 de noviembre y que el pueblo decida”, agregó, en referencia a las elecciones para gobernadores y alcaldes previstas para ese día.
De manera muy poco usual, Maduro –como hizo alguna vez también Hugo Chávez—aseguró que ante una eventual derrota en las elecciones presidenciales de 2024 el chavismo entregaría el poder “y se iría a la calle.”
Las afirmaciones de Maduro no han sido respondidas por la oposición, en cuyo seno se impone la cautela para evitar que un intercambio de declaraciones provoque una escalada de tensión y arruine el ambiente previo a las jornadas de trabajo. Aunque los dirigentes opositores están renuentes a declarar, nadie ha querido tomar estas afirmaciones como una circunstancia que plantee un obstáculo para el inicio de una negociación.
Juan Guaidó, que había ofrecido una rueda de prensa esa misma mañana, declaró que las negociaciones entre dirigentes chavistas y opositores debían comenzar “cuanto antes”. Guaidó dijo también que tenía alternativas pensadas en caso de que las conversaciones con el chavismo fracasaran. Muy poco después de lo afirmado por Maduro, Henrique Capriles había comentado en una entrevista en las redes sociales que “estos temas no se pueden ventilar por un micrófono” y que el interés que debe primar es el avance de los esfuerzos por dialogar.
Hace dos días, la corriente opositora que acompaña a Henrique Capriles, la primera en iniciar una aproximación con Maduro, había publicado un comunicado en el cual declaraba su respaldo a las conversaciones políticas entre Maduro y la oposición representada por Juan Guaidó, titular del gobierno interino y apoyada por los partidos democráticos más grandes. El pronunciamiento expresaba su reconocimiento al esfuerzo hecho “por nuestros compañeros”. El gesto unitario, muy inusual en este tiempo, fue recibido con entusiasmo por el activismo opositor.
El mensaje de Capriles atiende, en parte, una insistente demanda de algunos países que intermedian en el conflicto venezolano para que los mandos opositores se reconozcan entre sí. El replanteamiento de estrategias y la flexibilización de las posturas de Juan Guaidó respecto a lo sostenido en el pasado parece generar una pequeña tregua en un contexto donde han abundado las recriminaciones y el “te lo dije”.
Los países de la comunidad internacional que participan en estos acercamientos –muy especialmente Estados Unidos, y España en nombre de Europa—pretenden que la compleja red de sanciones impuestas al Estado chavista sirvan para promover acuerdos. Estas sanciones son susceptibles de ser modificadas o suprimidas en la misma medida en que Maduro se avenga al juego limpio y ofrezca garantías para la celebración de elecciones justas.
En el “Acuerdo para Salvar a Venezuela” presentado hace tres semanas, Juan Guaidó le propuso a Maduro la celebración adelantada de elecciones presidenciales y parlamentarias que relegitimen los poderes públicos y restauren la soberanía popular, y ofreció garantías políticas al chavismo en caso de su salida del poder.
La plana dirigente bolivariana sostiene que tal cosa es imposible, y propone a cambio la celebración de los comicios de gobernadores y alcaldes previstos constitucionalmente para este año. Las elecciones presidenciales, aún sin garantías para un acuerdo satisfactorio, quedarían para 2024, terminado el sexenio de Maduro. Tras estos argumentos se alinean los políticos para iniciar el diálogo.
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