Al día de hoy, la característica más resaltante en la mayor parte de los países de América Latina, es la ausencia de control de la pandemia por covid-19. En los últimos siete días, nueve países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, y Venezuela) han registrado el número máximo de casos diarios. Esto significa que se deben esperar tres semanas para saber si han alcanzado el control, esto es, en el mes de agosto (sexto mes de pandemia). Si a este grupo agregamos los países que han registrado el número máximo de casos en los últimos 21 días, tendríamos tres adicionales: El Salvador, Honduras, y Paraguay. Los únicos países con franco control en la región son Uruguay y Cuba.
Las dimensiones del descontrol de la pandemia se pueden estimar si comparamos la evolución en otros países. En Corea del Sur, por ejemplo, transcurrieron 73 días entre el primer caso y el control, es decir, cuando se alcanzó el 10% de los casos del día con la mayor cantidad. En España se requirieron 99 días. Por el contrario, en muchos países de América Latina el número de días desde el primer caso ya supera los 150, y no se ha alcanzado el control. Brasil, país en el cual se registró el primer caso en la región, tiene 169 días de pandemia sin control.
Si bien es cierto que en los países que lograron el control en Asia y Europa, se han presentado nuevos brotes, estos se han manifestado después de un período en el cual se reportaron pocos casos. Esta situación permitió que se redujera la sobre-demanda de los servicios de salud, y se pudieran realizar los ajustes logísticos y de rutinas en preparación para la aparición de nuevos casos.
En la gran mayoría de los países de la región. la presión sobre los servicios no solo no ha disminuido, sino que en estos momentos se encuentra en la fase más crítica. El personal de salud ha debido enfrentar exigencias extraordinarias para garantizar la atención de los pacientes. Muchas veces en situaciones de alta desprotección para evitar las infecciones, con lo cual se han producido contagios y fallecimientos. Dada la especial gravedad de la pandemia en estas semanas, es de suponer que la desprotección también se encuentra en un punto muy alto.
La segunda implicación del descontrol es el efecto en la atención del resto de los servicios de salud. Esto afecta tanto a los pacientes con enfermedades transmisibles como aquellos con enfermedades crónicas. El diferimiento de consultas para diagnóstico y tratamiento es muy frecuente. Si a ello se suma que se han debido utilizar recursos para enfrentar la pandemia, antes asignados a otras áreas, es lógico esperar que este año disminuirá la inversión neta, expresada en paralización de la creación de nuevos cargos, diferimientos en la construcción y dotación de servicios, entre otros aspectos. La asignación general de recursos, especialmente los de inversión, debe estar muy afectada en los sistemas de salud de la región.
Los impactos en la economía conforman la tercera implicación de la ausencia de control. En la práctica, las economías llevan seis meses de parálisis. De allí que la caída de crecimiento adquiere niveles nunca experimentados en muchos países de América Latina. El efecto de esta reducción de crecimiento se trasladará al próximo año, y afectará a toda la inversión pública, y en particular la relacionada con los servicios de salud. Entonces se experimentan dos situaciones de shock para la gestión de los servicios. El primero, en curso, está asociado con los recursos previstos para este año. El segundo shock es de mediano plazo, y se extenderá hasta que cese la pandemia. Desde esta perspectiva, los efectos en la disminución de la protección financiera y en la cobertura de servicios serán altamente significativos.
La cuarta implicación se relaciona con las opciones de políticas disponibles. Todos los países de la región que no han controlado la pandemia, tienen en vigor políticas más rigurosas que las ejecutadas por Uruguay en la fase más crítica. Esto significa que, en algunos casos, por ejemplo, Guatemala y Honduras, no es posible aumentar la rigurosidad. Si esos países no tienen control, y ya han llegado al tope de la rigurosidad, significa probablemente que las medidas no están funcionando desde hace varias semanas. Parece entonces que se ha perdido la capacidad de relacionar intensidad de las medidas con el impacto en el control de la pandemia. En consecuencia, el deterioro de la capacidad para diseñar políticas también aumentará. Esta situación también afecta a los países que, sin tener altos niveles de rigurosidad, también tienen restricciones para aumentarla (por ejemplo, Colombia, Chile, y Perú).
Las implicaciones anteriores tienen un denominador común: el desgaste de la institucionalidad de las políticas públicas. Tal pareciera que la región está entrando en una etapa en la cual la pandemia afecta todas las áreas de políticas, hasta el punto que se ha convertido en el centro de la toma de decisiones. Cada día son más evidentes los signos de la debacle social, económica e institucional que se están ocasionando. Lamentablemente, enfrentar ese deterioro requiere capacidades institucionales que la región no tiene desarrolladas. La pandemia ha puesto todas estas limitaciones en gran relieve.
Marino J. González R.
Profesor, Universidad Simón Bolívar
Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Academia de Ciencias de América Latina y Columnista
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